No hay fronteras para vengar a un policía

Nunca un proceso al crimen organizado ha dado tantos quebraderos de cabeza al Gobierno mexicano como el que se sigue estos días en Los Angeles (EE UU) contra el cirujano Humberto Alvarez Machain. El país se siente herido en su orgullo nacional desde que Álvarez Machain fue secuestrado en territorio mexicano, hace ahora dos años y medio, en una operación planeada por agentes de la DEA, la agencia antidroga norteamericana.Las humillaciones por parte de EE UU no han cesado desde entonces. Primero se atentó contra la soberanía nacional, ya que el secuestro viola la legislación mexicana. Luego, la acción se legitimó desde el Tribunal Supremo norteamericano, que otorgó su bendición para que la policía estadounidense pueda perseguir reos de su justicia en cualquier parte del mundo. Y ahora, iniciado el juicio, el fiscal extiende la responsabilidad criminal en el caso a tres altos funcionarios mexicanos.

Uno de estos acusados es el recién elegido gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, hasta hace unos meses secretario de Educación del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Bartlett, que fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid, es acusado de haber dado protección a importantes capos mafiosos de su país vinculados al narcotráfico. Paradójicamente, el Gobierno mexicano se ha visto obligado a negar las acusaciones vertidas en un proceso que el Estado no reconoce.

La turbia historia del caso Machain comenzó hace siete años con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, muerto a manos del cartel de Guadalajara. El cadáver de Camarena fue hallado en una fosa común, a 100 kilómetros de Guadalajara, mutilado y con evidentes señales de haber sido torturado durante horas. También se encontraron en su cuerpo restos de sustancias que hicieron sospechar que fue drogado.

El asesinato conmocionó a la opinión pública norteamericana. Camarena iba con frecuencia a México para descubrir, desde una avioneta, plantaciones de marihuana. La DEA juró llegar, hasta el final para esclarecer la muerte de uno de sus agentes y, años más tarde, descubrió que Álvarez Machain fue el médico que supuestamente le suministró la droga previa a su tortuoso y criminal interrogatorio.

La operación contra Álvarez Machain fue muy sencilla en un país donde todo tiene un precio. La DEA sobornó a un grupo de policías mexicanos, que se encargaron de secuestrarlo y trasladarlo hasta la frontera del El Paso, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses.

México se indignó y pidió reiteradamente la devolución del reo para ser juzgado en casa, la última vez hace unos meses. La respuesta fue siempre negativa, e incluso humillante. En junio, el Tribunal Supremo de EE UU resolvía con cinismo que nunca se violó el tratado de extradición entre ambos países porque éste no contiene ningún artículo que expresamente prohíba secuestros internacionales.

El caso está ahora, a instancia mexicana, en el Tribunal de La Haya, pero EE UU no quiere saber de más legislación que la suya y ya ha sentado en el banquillo al procesado. Es, como ha dicho recientemente el antropólogo mexicano León Ferrer, luchar en vano contra la ley de la selva.