La nueva ley de arrendamientos urbanos

El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, y la ministra portavoz, Rosa Conde, coincidieron ayer en criticar la falta de colaboración del Partido Popular en el diseño de medidas legislativas que, como el proyecto de ley de arrendamientos urbanos aprobado ayer, tendrán gran incidencia en la sociedad. Borrell solicitó el máximo apoyo de todos los grupos parlamentarios al proyecto - "abierto" dijo, a nuevas propuestas en el Parlamento- y matizó que durante su elaboración había encontrado más colaboración en los grupos vasco y catalán, en Izquierda Unida y en el CDS que en el principal partido de la oposición. Rosa Conde fue más dura y usó el calificativo de "irresponsabilidad política" para calificar el comportamiento de un sector del PP.En opinión del titular de Obras Públicas, la reforma de la ley de alquileres, en la que han participado, además de su ministerio, el de Justicia y el de Economía, será aprobada por el Parlamento antes de la próxima primavera y su debate obligará a todos los grupos políticos "a entrar en el terreno de lo concreto". El ministro definió el nuevo proyecto de ley como "prudente" y "elaborado para consolidar los derechos razonables de los inquilinos, limitándolos en el tiempo para evitar situaciones de abuso". El proyecto garantiza, según dijo Borrell, que no se crearán situaciones de necesidad. "Es una solución de mínimos, robusta y que no se cae" manifestó en un encuentro posterior con la prensa. El titular de Justicia, Tomás de la Quadra, que también participó en una encuentro vespertino con los informadores definió la nueva norma como "un modelo definitivo".

El Gobierno no se ha limitado, según dijo Borrell, "a cumplir lo recogido en su programa electoral sino que ha decidido abordar las situaciones de desequilibrio generadas en el pasado". Respecto a los contactos mantenidos con la Ejecutiva del PSOE, reconoció que el debate con el partido socialista había retrasado la elaboración del proyecto, si bien, "a cambio de un enriquecimiento del mismo". El PSOE, explicó posteriormente, ha impulsado la diferenciación entre el tratamiento dado en el proyecto de ley a locales de negocio y a los establecimientos bancarios o similares y ha velado para evitar situaciones de necesidad. El ministro asumió que el momento en el que se ha aprobado la ley es especialmente delicado (protestas por el IAE) y aseguró que el proyecto supone "una gran ocasión para hacer demagogia", afirmación que unió con lo sucedido en 1990 con la revisión catastral. Destacó también la repercusión, a su juicio favorable, que tendrá la nueva ley y aseguró que la coyuntura económica no hace prever subidas de precios significativas en los próximos meses.

Como filosofía general, el titular del MOPT expuso que la nueva norma trata de asegurar el equilibrio entre un mercado de alquileres "hiperprotegido" (el anterior a 1964) y otro muy desregulado, necesario pero imperfecto, que determinó el real decreto de mayo del 85, conocido como Decreto Boyer.

El primero, dijo Borrell, "mató la oferta (el mercado de alquiler pasó del 30% en 1970 al 16% en 1985), el segundo, dio pie a situaciones dispares y a un mercado muy tensionado".