800 medicamentos quedarán definitivamente excluidos de la receta de la Seguridad Social

El Consejo dé Ministros tratará mañana una de las medidas más controvertidas del Ministerio de Sanidad y Consumo: el real decreto que excluye de la receta de la Seguridad Social tres gru0os terapeúticos indicados para aliviar síndromes menores. Fija también una serie de productos por los que se abonará sólo el 10% de su precio. L financiación selectiva de los medicamentos pone fin al principio de que todos los fármacos registrados -excepto las especialidades publicitarias- están incluidos en las prestaciones de la sanidad pública. Esta medida, que afecta a 800 productos, cuenta con el dictamen favorable de¡ Consejo de Estado y la firme oposición de la Organización Médica Colegial y Farmaindustria.

Los antigripales, antiestamínicos, elixires, dentífricos, antidiarreicos, antiflatulentos, protectores hepáticos y digestivos, son algunos de los fármacos que los españoles tendrán que pagar totalmente de su bolsillo, ya que quedarán excluidos de la receta de la Seguridad Social, si se da, como está previsto, luz verde al decreto.El Ministerio de Sanidad y Consumo considera que esta medida es un arma básica para llevar adelante la política de uso racional de los medicamentos propugnada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa, en la línea de consumir sólo aquellos medicamentos que presenten el balance más adecuado en el binomio coste-utilidad terapeútica. Sanidad se apoya también en la Ley del Medicamento de 1990 y la directiva de la CE que regula la fijación del precio de los fármacos y su inclusión en los sistemas nacionales de sanidad.

Dos planos distintos

La medida afecta a 129 laboratorios nacionales y 80 extranjeros. Aquellos medicamentos que pasen a considerarse "especialidad publicitaria" podrán ser comprados directamente y seguir recetándose en las consultas privadas. En esto se apoya, precisamente, el Consejo de Estado para rechazar los argumentos de la Organización Médica Colegial. Esta considera que el nuevo real decreto vulnera el artículo 36 de la Constitución sobre los colegios profesionales y prohíbe la libertad de prescripción de los facultativos. El Consejo de Estado considera que conviene distinguir dos planos distintos: prescripción y financiación, para evitar la confusión entre ambos. "Lo cierto", dice el Consejo, "es que no excluye formalmente la libertad de prescripción médica". Rechaza también que sea anticonstitucional toda vez que el real decreto "no regula profesión titulada".

En términos económicos, las especialidades afectadas registraron en 1991 unas ventas de 22.888.140 millones de pesetas, un 4,7% del gasto farmaceútico total de la Seguridad, Social. La oposición de Farmaindustria no se centra, sin embargo, en los grupos terapéuticos excluidos -aceptamos el 90% de la lista", afirman-, sino en el punto tercero del real decreto. Éste contempla la posible exclusión individual de los productos, "siempre que haya transcurrido un año, como mínimo, desde su inclusión en las prestaciones farmaceúticas",. si existen otras alternativas "mejores o iguales para las mismas afecciones a menor precio o inferior costo de tratamiento". Esto constituye, a su juicio, un freno a la investigación. Algunos medicamentos tienen "detrás de sí" alegan, "12 años de trabajo y una inversión de 25.000 millones de pesetas".

El dictamen del Consejo de Estado considera, en cambio, que ese artículo no sólo no va a tener efecto sobre la investigación, sino que va a constituir un estímulo en la investigación relevante. Afirma también que son rechazables los argumentos sostenidos por alguna entidad preinformante sobre la inviabilidad jurídica del real decreto.

Pocas mejoras

Previamente, el Consejo d e Estado se hace eco de una serie de datos: el 65,3% de los medicamentos registrados entre 1981 y 1986 no aportó ninguna mejora importante. El 22,2% aportó algún tipo de mejora, el 10,2% significó una novedad importante y sólo el 2,3% de los medicamentos nuevos fue una novedad excepcional.

Fuentes de Farmaindustria -que el lunes por la tarde mantuvieron una última reunión con Marcos Peña, secretario general de Salud, y Regina Revilla, directora general de Farmacia- reconocen que la batalla por el punto tercero la ha ganado el ministerio. "Aunque en un Estado de derecho el recurso siempre es factible". "Yo pido", afirma Enrique Gonzalez Hervada, director general de Farmaindustria, "la defensa de unas garantías y plazos. Ese plazo de un año es muy poco y no lo aceptamos".