El fiscal culpa del fallo del acelerador al técnico de General Electric y al hospital

Tan responsable fue Mariano Conte, técnico de la General Electric, por manipular erróneamente el acelerador del Clínico de Zaragoza, como el personal sanitario del centro, por no cumplir sus funciones correctamente y evitar la sobreirradiación de 27 pacientes oncológicos. Ésa fue una de las ideas defendidas ayer por el fiscal del caso al exponer su informe: "Tuvo una gran responsabilidad en los hechos", en referencia al tecnico, "pero no la única".

El fiscal calificó de trágico el fallo del acelerador: "No puede ser que un aparato que debía servir para curar, sirviera para matar". José Rivera, representante del ministerio público, justificó la mínima pena pedida para los ocho encausados -a los otros tres les liberó de cargos- de seis meses de prisión por creer que en este caso no tiene sentido la pena privativa de libertad. "No sería justo que estas personas ingresaran en la cárcel", dijo.Tanto el fiscal como el resto de los acusadores particulares que ayer informaron en el juicio iniciaron sus alegaciones con un recuerdo tanto para los 20 enfermos fallecidos por la sobreirradiación como para los lesionados y las familias de todos ellos. Mientras, los abogados defensores solicitaron la absolución de todos los acusados y hoy argumentarán sus posturas.

Para Rivera está claro que el fallo del acelerador fue consecuencia de la incorrecta manipulación que hizo el técnico de la General Eectric al intentar arreglar una avería: "Engañó a los sistemas de seguridad del acelerador y todos los pacientes sufrieron una irradiación concentrada tres veces superior a la normal".

Según Rivera, del daño directo de los enfermos también son responsables el resto de los acusados. La directora del hospital, Rosario Jaquotot, por no vigilar que se cumplieran las órdenes sobre el control comunicación de las averías del acelerador. La jefe del servicio de protección radiológica, Araceli Hernández, por no realizar las calibraciones dosimétricas del aparato. "Es absurdo decir que la mejor protección del enfermo es no radiarlo. La protección es radiarlos, pero adecuadamente", matizó Rivera.

En cuanto a las tres enfermeras y el supervisor ATS encausados, el fiscal encuentra que son responsables de lo sucedido por no haber dado la alarma al ver que la aguja del galvanómetro marcaba constantemente valores altos. "No debieron conformarse con la explicación del técnico de que la aguja estaba encasquillada. Debieron comunicarlo inmediatamente al servicio de protección radiológica", precisó. Respecto a la física y primera supervisora del acelerador, Esther Millán, el fiscal le recreminó no haber actuado con más diligencia ante la anómala posición del galvanómetro.

Fiscal y acusadores manifestaron que ningún canal de información del hospital relacionado con el acelerador no funcionó, y defendieron las elevadas indemnizaciones por la gravedad del accidente, "único e insólito" en la historia de la medicina, tal como lo describieron.

García Rodeja, el letrado que representa a una de las afectadas -madre de una de las ATS encausadas- pidió a la juez una sentencia ejemplar, porque entiende que el fallo ha acarreado terribles consecuencias para los afectados, pero también para "cientos, miles de perjudicados potenciales usuarios de la sanidad pública".