Amato sigue al frente de un Gobierno ocupado en gestionar el 'perdón' de los políticos italianos

El Parlamento italiano dio ayer un voto de confianza a Giuliano Amato, el 11º de los últimos 10 meses, que garantiza la continuidad del primer ministro socialista hasta que, en abril, se celebren los referendos sobre las reformas institucionales. Del debate en la Cámara de Diputados emergió un cambio de las prioridades de los partidos por el que Amato pasará a la historia como el presidente del Gobierno que elaboró la ley del perdón para los políticos implicados en el mayor escándalo de corrupción del siglo y que ayer provocó la dimisión del líder republicano, Giorgio la Malfa.

Es claro que Giuliano Amato hubiera preferido ser el primer ministro que privatizó las empresas públicas, descargando un gran peso del déficit italiano. Pero las circunstancias no están de su parte. Ayer, la noticia de la dimisión de Giorgio La Malfa, secretario general del Partido Republicano Italiano (PRI), tras haberle sido notificada la apertura de un sumario, hizo que el acuerdo para dar prioridad absoluta al tema del perdón se extendiera no solamente a la Democracia Cristiana (DC) y al Partido Socialista Italiano (PSI), sino al mismísimo Partido Democrático de la Izquierda (PDS), ex comunista, que, unido al propio La Malfa, hasta ahora había sido implacable con los políticos presuntamente corruptos."Hay que comenzar a explicar a los ciudadanos que una cosa es el mecanismo perverso de Tangentópolis, y otra, diversas conductas también relacionadas con la financiación de los partidos. Hay que distinguir entre el ladrón de miel y el asesino", comentó el secretario del PDS, Achille Occhetto, visiblemente perturbado por la dimisión de La Malfa, con el que se dijo plenamente solidario.

Sin aludir a Tangentópolis -término que en italiano equivale a corrupción política, ya que las comisiones ilegales se denominan tangentes-, con un lenguaje más jurídico, el propio Amato había destacado en su discurso ante la Cámara que hay que distinguir entre "los delitos de corrupción y prevaricación y la simple violación de la ley de los partidos políticos".

Pero mayor aún fue la franqueza que el secretario democristiano, Mino Martinazzoli, desplegó durante el debate: "Se dice con frecuencia que no es lo mismo robar para el partido que robar para uno mismo. Yo creo que ya es hora de empezar a decir que es inmoral utilizar para todo la palabra robar. La violación de la ley de financiación de los partidos políticos no es un hurto, sino una irregularidad que nosotros habíamos penalizado". Hasta ayer, con esta claridad, el argumento sólo había sido sostenido por el secretario socialista, Bettino Craxi.

Ataque a los jueces

Incluso el nuevo ministro de Justicia, el jurista Giovanni Conso, repentinamente más preocupado por las consecuencias económicas de Tangentópolis que por el respeto de la legalidad que compete a su departamento, se ha permitido atacar a los jueces que mantienen en prisión, hasta que confiesan, a los detenidos por comisiones ilegales, y criticar por omisión al conjunto de la magistratura, porque, ha dicho, podían haber actuado antes de que la corrupción se extendiera hasta desestabilizar al Estado.Si hubiera que seguir con el parangón de la Revolución Francesa, un juego que divierte a muchos intelectuales italianos, incluido últimamente Umberto Eco, se podría decir que tras estas horas de crisis, las comenzadas el pasado viernes con la dimisión de dos ministros investigados, se asiste a una, restauración sin límites. Esa, impresión no ayudará a convencer a los ciudadanos de que los partidos son instituciones tan excelsas como para poder gastar sin mancharse cinco veces más de lo que les asigna el Parlamento, mientras que el pobre defraudador fiscal seguirá siendo reo de cárcel.

Pero el debate del voto de confianza ha traído también algo para resolver ese problema: la promesa de que los referendos sobre las reformas institucionales se celebrarán el 18 de abril, centrando el debate ciudadano hasta esa fecha en la que, probablemente, Giuliano Amato será sustituido en el Gobierno por Mario Segni.

Y Amato acepta la situación porque "Italia vive días dramáticos", según dijo en su discurso del miércoles. El voto de confianza, limitado siempre a los cuatro partidos del Gobierno, no ha resuelto los problemas que un ministro, el de Industria, plantea a su plan de privatizaciones, ni ha hecho olvidar que el primer ministro había comprometido toda su credibilidad en la improbable realización de ese objetivo.

Sus propios compañeros de partido empiezan a considerar abiertamente a Amato como un "primer ministro con carnet socialista, al que hay que apoyar para sustituirlo pronto".

[Los jueces italianos abrieron ayer dos nuevos sumarios: uno al administrador delegado de la Compañía Ferroviaria Italiana, Lorenzo Necci, por su presunta relación con el caso Enimont, y otro a Aniceto Canciani, directivo de Zanussi, por el pago de comisiones ilegales].