Un futuro incierto

Francia, Reino Unido y España tienen tres millones de parados y pocas soluciones para combatir ese grave problema. Varios gobiernos europeos han aplicado, o preparan, un recorte de los subsidios o han recurrido a otras soluciones de emergencia para intentar detener la caída en picado del empleo. Tampoco las patronales ni los sindicatos han reaccionado con respuestas acordes con la magnitud de la crisis.

El reparto del trabajo existente es, por el momento, una mera propuesta teórica que los socialistas franceses han lanzado cuando están a punto de pasar a la oposición. Sin embargo, los partidos de la derecha se han pronunciado en contra de las fórmulas de reparto del trabajo con reducciones salariales, aprobadas ya en algunas empresas. Prefieren aliviar los impuestos "sociales" que pesan sobre las nóminas salariales y el traslado al Estado de la cobertura de la asignaciones familiares.

Los políticos de la derecha francesa han comenzado a adoptar el discurso del candidato americano a la Casa Blanca, Bill Clinton, durante la campaña electoral del pasado año. Edouard Balladur, candidato favorito a primer ministro del nuevo Gobierno, ha reconocido su preocupación, aunque a continuación añade que "honestamente, prometer que habrá 300.000 parados menos a fin de 1993 es irresponsable". La última cifra oficial de desempleo en Francia, anunciada a primeros de marzo, es la de 2.978.400 parados y la recesión de la economía, que comenzó en el último trimestre de 1992, presagia una evolución peor para el primer semestre de 1993.

Medidas de emergencia

El Gobierno español ha tomado medidas de emergencia coyunturales cada vez que el paro ha tenido un fuerte crecimiento. Hace un año, reaccionó recortando las prestaciones de desempleo y, cuando conoció la última encuesta de población activa, con un record histórico de 3.047.120 parados, prorrogó a cuatro años una de las modalidades de contratación temporal -la de fomento de empleo-. Dos medidas de dudosa eficacia para cortar la sangría, a las que se une otra más prometedora a largo plazo: un plan de inversiones públicas a 15 años.Tampoco la patronal ni los sindicatos han demostrado una capacidad de respuesta acorde con la gravedad del problema. En el otoño pasado realizaron un tímido intento de negociar un pacto social, que fracasó en los primeros contactos informales. Después, las centrales se han limitado a poner como punto prioritario de los convenios el mantenimiento del empleo, pero la negociación colectiva no avanza y el desempleo sigue aumentando.

En el Reino Unido el paro se aborda como un problema político. Es la oposición parlamentaria la que asume la función de recordarle al Gobierno que hay tres millones de parados (más de cuatro, según estimaciones menos manipuladas que las oficiales) y al menos un millón de trabajadores en situación de subempleo.

Los sindicatos tienen poca capacidad de maniobra. La década de Margaret Thatcher los pulverizó. Prueba de ello es la impotencia del TUC (Trade Union Congress), el organismo que aglutina los sindicatos británicos, ante el continuo aumento del paro. Otra prueba, muy concreta, es el caso Hoover: una fábrica de aspiradoras que se trasladará de Francia a Escocia, atraída por la renuncia a muchos de sus antiguos derechos sindicales por parte de los futuros empleados escoceses.

El Gobierno no reconoce al TUC como interlocutor en ningún asunto y no reconoce la Carta Social del Tratado de Maastricht. No existe salario mínimo, el despido es prácticamente libre y los sindicatos sobreviven como unidades atomizadas, con una creciente tendencia hacia la fórmula japonesa: un solo sindicato por empresa.

La elevadísima tasa de desempleo de Irlanda (17% de la población activa) es el problema central del nuevo Gobierno de coalición Fianna Fáil-Partido Laborista. Las promesas electorales de los laboristas (grandes obras de infraestructura, fondo para la creación de empleo) se están desvaneciendo, sin embargo, ante la gravedad de la recesión. El recorte de los subsidios a los estudiantes durante el verano ha sido una primera medida muy impopular. Y todo apunta a que el crecimiento del paro (que, según las estimaciones del Gobierno, afectará al 18% de la población activa a finales de este año) se verá acompañado por una reducción en la cobertura global de los subsidios.

También las previsiones en Grecia son pesimistas y la confederación mayoritaria sindical GSEE calcula que el desempleo superará el 10% este año debido a la política de austeridad económica del Gobierno conservador que ha llevado a la bancarrota especialmente a los pequeños industriales, mientras que el programa de privatización de compañías estatales amenaza con agravar la situación.

Con una inflación de un 15,5% con que se cerró el año pasado, y con una tasa interanual del 14,5% (marzo 1992-1993), el paro en Grecia afecta a unas 400.000 personas de un total de 4.000.000 de la fuerza laboral griega, de los cuales, la mitad son asalariados.

Respuesta de Bruselas

Portugal, según las estadísticas nacionales, tiene un 4,6% de paro sobre población activa, aunque la OCDE lo cifra en el 6%. Esas cifras esconden una realidad menos brillante, con un alto paro encubierto. El Gobierno ha respondido con la privatización de empresas públicas y con planes de reindustrialización para las zonas más afectadas por la crisis del textil, los astilleros y la industria vidriera. Los ayuntamientos también proyectan crear empleos temporales. La patronal, sin embargo, pide una acción global de incentivos al desarrollo productivo.La respuesta contra el paro desde Bruselas tampoco parece muy esperanzadora a corto plazo. La Comunidad Europea lanzó el pasado mes de diciembre la Iniciativa de Crecimiento Europea, conjunto de medidas destinadas a combatir el desempleo y a proporcionar un estímulo a las inversiones públicas y privadas para intentar cambiar el signo recesivo de las economías.

La actuación simultánea de todo el paquete de medidas, unas comunitarias y otras nacionales, deberá contribuir, según la CE, al efecto de reactivación. La parte comunitaria implica movilizar hasta 30.000 millones de ecus (4,2 billones de pesetas) en inversiones, principalmente en infraestructuras y en pymes. Los programas nacionales cuentan con los fondos estructurales y el nuevo Fondo de Cohesión y deben intentar aprovechar las inversiones que puedan ofrecer los presupuestos.

Todas estas medidas serán discutidas y aprobadas en un Consejo de Ministros de Economía y Finanzas que se celebrará en Luxemburgo el próximo 19 de abril, al que han sido invitados también los países de la AELC (Asociación Europea d Libre Comercio o EFTA). La Comisión, en sus contactos con Estados Unidos y Japón, se ha interesado también por una coordinación mucho más amplia, con el objetivo de conseguir que el impacto de la aplicación simultánea de las medidas sea mucho mayor.

Una tercera parte de la ICE, más inconcreta, prevé contactos continuados entre la Comisión Europea y los agentes sociales, con vistas a analizar la situación del mercado de trabajo y a discutir posibles medidas. Las reuniones celebradas hasta ahora han servido para que la Comisión instara a la máxima moderación salarial posible.

Pero los sindicatos comunitarios piden bastante más. Emilio Gabaglio, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, pidió el pasado 19 de marzo en Bruselas que el próximo Consejo Europeo de Copenhague, a celebrar en junio, se convierta en una Cumbre sobre el Empleo. Pidió también una reacción rápida ante los déficits de la Europa social y ante los casos de dumping social, así como intensificar la Iniciativa de Crecimiento Europea lanzada en Edimburgo.

Información elaborada por J. M. Martí Font, Ernesto Ekáizer, Enric González, Eudo Adriazola, Charo Gasca, Isabel Ferrer, Lluís Bassets, Nicole Guardiola y Carmen Parra.