Una vergüenza

EN VIRTUD de la ley de amnistía, precipitadamente votada por los partidos gubernamentales de El Salvador a raíz del informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, han sido puestos en libertad los dos militares que habían sido condenados a 30 años de cárcel por el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana. El procesó estuvo falsificado y la justicia salvadoreña escondió la responsabilidad de los más altos jefes del Ejército, incluido el general Ponce, ministro de Defensa. Ahora, la comisión de la ONU ha podido restablecer la verdad y poner de relieve que las órdenes de matar salieron de la cúpula militar. Por ello, si resulta chocante la puesta en libertad, después de tres meses de cárcel, de los asesinos directos, es mucho más escandaloso que el general Ponce y sus compañeros sigan ocupando sus cargos en el Gobierno de Cristiani y en el Alto Estado Mayor.Con esta amnistía, Cristiani está poniendo en peligro la aplicación de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil. Un punto de dichos acuerdos es precisamente que una Comisión de la Verdad establezca quiénes son los culpables de los horribles crímenes que han salpicado el país durante esos años. Cristiani, pese a su compromiso de acatar las resoluciones de la comisión, actúa con una mala fe manifiesta, protegiendo de manera escandalosa a los militares cuyos crímenes han sido ahora puestos al descubierto. Uno de ellos sigue de ministro de Defensa; otro, de viceministro, y así toda la cúpula militar.

Cristiani pretende ahora, además, modificar la ley de amnistía para que puedan ser condenados los guerrilleros que sean culpables de crímenes contra algunos consejeros de EE UU que estaban con las tropas oficiales. Con ello quiere ganarse la simpatía de Washington, pero el clima actual en EE UU es de autocrítica por la conducta seguida con los militares salvadoreños. El alto el fuego debía servir para crear las condiciones que permitieran enterrar en el olvido las horribles desgarraduras de la guerra civil. Ese olvido deberá ser recíproco, sin duda, pero la voluntad de alcanzarlo es incompatible con el mantenimiento en los altos cargos del Ejército de los principales culpables del asesinato de Ellacuría y sus compañeros.