El trabajo de la crisis

El que se acerca a media mañana al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Madrid recibe una bofetada de olor a humanidad. La procesión de trabajadores despedidos, empresarios que despiden, abogados de ambas partes y demás acompañantes, por una sala que no reúne condiciones para semejante trajín, deja el rastro de un ambiente espeso. La hemorragia de paro -entre 2.000 y 3.000 personas van al desempleo cada día desde hace meses- reparte tarea a los que viven del mundo laboral. Los despachos de abogados reconocen un incremento en su facturación de un 30% y en los juzgados de lo social de Madrid y Cataluña los juicios han aumentado un 25%. Es el trabajo que da la crisis.

Los empleados de un hotel de la madrileña calle Montera vivieron una experiencia inesperada, un domingo de mediados de diciembre. De pronto, como si de una redada policial se tratase, los dueños del hotel irrumpieron en el local, acompañados de unos cuantos guardas jurados, y avisaron a todo el mundo (trabajadores y clientes) que tenían una hora para abandonarlo porque se iba a echar el cerrojo. Los huéspedes hicieron las maletas y los 27 empleados ganaron el despido en los tribunales, pero la empresa se declaró insolvente.La crisis trae aparejado un repentino deseo -necesidad en otros casos- de algunos empresarios de hacer mutis por el foro. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que las deudas declaradas por las 1.135 empresas que suspendieron pagos en 1992 superó por primera vez en la historia el billón de pesetas. El pasado mes de enero se creó un 39% menos de empresas que el mismo mes de 1992. Y, si en febrero de 1992 se disolvieron 294 sociedades, el pasado mes de febrero lo hicieron 736 compañías.

"Ante una espantá, la batalla no es conseguir una sentencia favorable, sino que sea efectiva para algo", explica Vicente Martín, abogado laboralista. Los inspectores de trabajo comentan que han vuelto a escuchar, de boca de los porteros de las casas, la frase "¡huy!... esa empresa se marchó de aquí hace unos meses". El juez Jose Luis Gil Olmo, delegado decano de lo social en Madrid, señala que "hay más citaciones que antes en las que la empresa no se presenta". Fogasa, el fondo que se encarga de pagar las indemnizaciones a los trabajadores de empresas que han quebrado o suspendidos pagos, tuvo que destinar en 1992 casi un 20% más de dinero que en 1991.

La inspección no para de localizar fraude a la Seguridad Social. "Lo primero que deja de pagar la empresa, antes que el IRPF, es la Seguridad Social de sus trabajadores. Hace unos meses era difícil sumar 15 millones de cotizaciones no pagadas y el mes pasado llegué a un total de 41 millones de pesetas", señala un inspector. A lo largo de 1992 la Inspección de Trabajo intervino 124.367 veces para liquidar cuotas impagadas a la Seguridad Social por valor de 86.000 millones de pesetas, un 31,8% más de los objetivos comprometidos.

Paro olímpico

En los juzgados de lo social de Madrid y Cataluña ha aumentado el trabajo un 25%, en relación con 1992, que también fue fuerte. "Llega un momento en que el ritmo no se puede absorber", dice Javier Martínez-Lázaro, juez de lo social de Madrid. "Cuando desmontaron los Juegos Olímpicos llegó una avalancha de trabajo a los juzgados", explican en el decanato catalán. En Barcelona, la media de juicios ha aumentado de un centenar al mes a 180, "con lo que el retraso de los juicios ha pasado de entre tres y cuatro meses en 1992 a seis meses en 1993", explica Ascensión Solé, juez de lo social.

Y como alguien tiene que defender a las partes, el tráfico en los despachos se ha intensificado. El número de expedientes colectivos de regulación de empleo creció casi un 15% en 1992 y afectó a un 10% más de trabajadores que en 1991, según Trabajó. El número de conciliaciones individuales resueltas en 1992 en los servicios de mediación de toda España fue superior a los de los últimos siete años. En la comunidad de Madrid, las conciliaciones pasaron de 76.193 en 1990, de las que 42.000 eran de despidos, a 103.034 (55.000 de despidos) en 1992. De enero a abril son ya 4.390 expedientes más que en el mismo periodo de 1992.

Con un ritmo de entrada de 400 expedientes diarios y con sólo 12 letrados conciliando, el SMAC de Madrid no puede atender todo el trabajo y se cita 20 días después, cuando la ley da 15 días de plazo. Los funcionarios de este servicio en Madrid se quejan de trabajar al más puro estilo decimonónico.

Los abogados laboralistas suelen cobran un 10% "de lo que se saque" [la indemnización] en un despido individual, mientras que en los expedientes colectivos se pacta la minuta, que suele oscilar entre el 4% y el 8% de la indemnización. El laboralista Martín recuerda que, en crisis, "también se pleitea mucho y se cobra poco". El coste medio de los despidos pactados en el SMAC de Madrid en 1990 fue de 1.200.000 pesetas y en 1992 subió hasta 1,7 millones.

Las salas de espera de las asesorías jurídicas sindicales se han quedado pequeñas. En CC OO de Madrid afirman que en sectores como oficinas, despachos y banca, en el del metal y en la construcción ha crecido un 100% el número de expedientes que tienen que defender; y en transportes se ha incrementado un 60%. Una de las abogadas de CC OO exclama: "desde finales de 1992, ha sido una locura para todos".