Regularizar bien

LA AUDIENCIA Provincial de Lérida ha condenado a seis meses y un día de prisión y a una multa de 170 millones de pesetas por delito fiscal a un empresario que se había acogido a la regularización del dinero negro promovida por el Gobierno en el segundo semestre de 1991. La sentencia revocaba una anterior de la juez titular en la que el empresario había sido condenado por delito administrativo, pero absuelto del delito fiscal. La decisión de la Audiencia leridana es coherente con el auto dictado días antes por la Audiencia Nacional en el que, a su vez, se enmendaba la plana al juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras. Éste había exonerado de la acusación de delito fiscal a los presuntos implicados en el primer fraude de las facturas falsas de IVA que se habían acogido a la regularización.En resumen, la tesis de la Audiencia Nacional es que la regularización no afecta a aquellos contribuyentes que adquirieron deuda especial cuando ya estaban siendo investigados por Hacienda. En todo caso, dice, es una atenuante, pero no una eximente del delito fiscal. El secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, ha adelantado ya que el Gobierno hará todo lo posible para no perjudicar a los contribuyentes que se encuentren en esa situación -más de 70.000-, pero ha admitido que eso no es posible en los casos en que la denuncia de la inspección ha llegado a los juzgados. Es el caso del empresario leridano.

Sin embargo, Hacienda no puede refugiarse en la independencia del poder judicial a la hora de abordar este problema. Miles de contribuyentes adquirieron deuda especial porque Hacienda explicó públicamente en aquellos momentos que la regularización fiscal también alcanzaba a quienes ya estaban siendo inspeccionados. Las autoridades fiscales no pueden ahora desentenderse de quien confió en su publicidad y propaganda y decidió financiar el déficit público a cambio de alcanzar la paz fiscal.

La lucha contra el fraude fiscal ha sido una de las prioridades del Gobierno socialista desde que alcanzó el poder en 1982. Sin embargo, sea porque las leyes no estén técnicamente bien hechas, sea por falta de sintonía entre el poder ejecutivo y el judicial en estos temas, o por otras causas, no parece que la fortuna acompañe al Gobierno en esta batalla cuando se dirime en los juzgados. Basta con recordar que la artista Lola Flores fue absuelta en su día de delito fiscal, pero no porque se demostrara que no ocultó ingresos a Hacienda, sino por el famoso vacío legal que obligó a reformar la ley. A quien se regulariza le condenamos y a quien no paga le absolvemos.

Y sin embargo, la importancia de la lucha contra el fraude fiscal queda claramente de manifiesto cuando los contribuyentes que sí cumplen con Hacienda se enteran de que las rentas medias declaradas por los empresarios y profesionales son muy inferiores a las de los asalariados; cuando temas como el célebre contencioso de las primas únicas parece solventado con un muro de silencio; cuando los fraudes en las facturas del IVA ya no son prácticamente noticia porque su abundancia los ha convertido en cotidianos, o cuando los intercambios de información con la CE ponen al descubierto que, desde que hace apenas seis meses cayeron las fronteras fiscales intracomunitarias, en España se han declarado la mitad de las operaciones con IVA que el resto de europeos afirman haber cerrado con esos mismos españoles.

Algo falla en el ordenamiento jurídico, en la práctica del Gobierno o en nuestra cultura general cuando la ingeniería del fraude fiscal sigue progresando a mayor velocidad que la conciencia impositiva. En todo caso, habría que establecer los mecanismos legales adecuados para que quienes, finalmente, deciden ponerse a bien con Hacienda salden al tiempo sus posibles cuentas penales con la justicia. La eficacia y la credibilidad de la lucha contra el fraude fiscal descansan, en gran medida, en la coherencia con que se apliquen las sanciones penales y administrativas. La distorsión entre unas y otras sólo sirve, a la postre, para dar alas a los defraudadores.