Declarada ilegal la campaña de imagen de la Xunta

La Junta Electoral de Galicia prohibió ayer la difusión de una campaña publicitaria organizada por la Xunta, para exponer algunos de los logros del Gobierno autónomo, que preside Manuel Fraga, del PP. La resolución señala que el contenido de los anuncios institucionales, emitidos desde el pasado 19 de julio en la televisión autonómica, vulnera la normativa electoral "por influir en la orientación de voto de los electores", que se "canaliza" hacia el PP. Como publicó EL PAÍS el pasado 27 de agosto, los anuncios televisivos de la Xunta, pagados con fondos públicos, reproducen algunos de los mensajes electorales del PP desde la disolución del Parlamento gallego y la convocatoria de elecciones para el 17 de octubre.

El acuerdo de la junta electoral fue tomado el pasado jueves, tras una reunión de casi cuatro horas, aunque no se comunicó a las partes hasta ayer. Respaldaron el fallo siete de los miembros del tribunal, mientras que otros dos emitieron votos particulares. La sentencia estima en su totalidad el recurso presentado por el PSOE. La prohibición de emitir los anuncios entra en vigor "de forma inmediata", según se hace constar expresamente en la resolución judicial.En una nota difundida a última hora de la tarde de ayer, la Xunta anunció que recurrirá el fallo de la Junta Electoral. El Ejecutivo de Manuel Fraga asegura que su intención no era difundir un mensaje partidista sino dirigirse a los potenciales inversores en Galicia. La Xunta afirma que, al margen de los partidos que ocupen el Gobierno, "como institución que representa a todo el pueblo gallego sin excepción construyó Galicia antes, la está construyendo ahora y la construirá en el futuro", al tiempo que insistió en que la campaña es "correcta" y que obró "con buena fe, diligencia y eficacia en defensa de los intereses de Galicia".

Los mensajes comenzaron a emitirse en la Televisión de Galicia (TVG), dos veces al día y en horario de máxima audiencia, el pasado 19 de agosto, cuatro días antes de que Manuel Fraga disolviese el Parlamento regional para convocar elecciones. Según fuentes de TVG, la Xunta tenía intención de seguir difundiendo los anuncios durante casi todo el mes de septiembre. La campaña electoral comienza oficialmente el 1 de octubre.

El anuncio promocionaba algunos aspectos de la gestión de Fraga, como la construcción de autovías y polideportivos, la electrificación rural y las inversiones en salvamento marítimo. Para ello utilizaba personajes prototípicos: dos adolescentes, una joven atleta y un pescador.

Sobre las imágenes de los protagonistas, una voz en off repetía mensajes como éste, referido al marinero: "Cuando sale a faenar en su barco, un gran equipo está pendiente de su seguridad". "Aquí se ha hecho mucho en poco tiempo y mucho más si seguimos a este ritmo", concluía el vídeo institucional, de 30 segundos de duración, realizado bajo el lema Galicia, un país para vivir, un país para invertir.

Nunca tanto en tan poco tiempo

Mensajes muy similares aparecieron en una declaración aprobada por la ejecutiva regional del PP el mismo día que Fraga disolvió el Parlamento. "Nunca se ha hecho tanto en tan poco tiempo", afirmaba el comunicado oficial de los populares, a la vez que alababa el esfuerzo de la Xunta para dotar a Galicia de infraestructuras de comunicación y mejorar las condiciones de seguridad de los marineros, entre otras cuestiones.

La junta electoral no entra a analizar la coincidencia entre los anuncios institucionales y los mensajes del PP, pero considera que el contenido mismo del anuncio es suficiente para ordenar su prohibición. El fallo indica que el Gobierno autónomo ha vulnerado varias disposiciones de las leyes electorales general y gallega, que prohíben que las campañas institucionales en periodos de elecciones orienten el voto de los ciudadanos hacia una determinada opción política. La resolución destaca especialmente la frase "Aquí se ha hecho mucho en poco tiempo y mucho más si seguimos a este ritmo". "se está personalizando la opción hacia el futuro, máxime cuando aparece presentado el anuncio publicitario por la Xunta de Galicia, por lo que resulta evidente la identificación institucional de la Xunta y del partido que la sostiene", advierten los magistrados.

Según indica el fallo del tribunal, el Gobierno autónomo "influye en la orientación de voto de los electores, canalizándolo hacia su formación política, miembros de la cual integran, en exclusiva, el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, excediéndose, por tanto, del marco permitido a los poderes públicos".

Nada más conocer la sentencia, el coordinador de la campaña electoral del PSOE gallego, Miguel Cortizo subrayó la coincidencia entre los argumentos del fallo y los expuestos por los socialistas en el recurso presentado el pasado 27 de agosto. "Nosotros siempre hemos dicho que se estaba haciendo una campaña del Partido Popular pagada con fondos públicos", señaló Cortizo. "Hoy es un día de alegría para la democracia y la libertad. Se ha demostrado que estamos en un Estado de derecho y que se puede poner coto a estas tropelías", agregó.

El dirigente socialista volvió a acusar a la Xunta de "despilfarrar el dinero público en campañas de propaganda", que, según el partido socialista, han costado este año a la comunidad autónoma más de 13.000 millones de pesetas. Anunció además que su partido va a ejercer una "vigilancia especial" para que en la campaña electoral no se cometan "trucos, trampas y suciedades".

Cortizo acusó al Partido Popular de "presionar a los electores con amenazas, a través de los caciques", e incluso puso en duda las convicciones democráticas de. los populares: "Esta gente no tiene un especial aprecio por la democracia y por la libertad".

Desde la disolución de la Cámara autonómica, el PSOE ha solicitado la convocatoria de la Mesa permanente por lo que considera "actitudes antidemocráticas del Gobierno" en dos ocasiones. Una de ellas, por el anuncio publicitario, y la otra, a causa de la polémica intervención de efectivos de la policía adscrita a la Xunta para clausurar la piscina municipal del Ayuntamiento de Negreira (La Coruña), regido por los socialistas. Según la Consellería de Sanidad, la piscina no cumplía estrictamente la normativa.