El tribunal aparta del juicio de Alcalá 20 al dueño de la discoteca
El juicio por el incendio de la discoteca madrileña Alcalá 20, en el que perecieron atrapadas por las llamas y el humo tóxico 81 personas y otras 28 sufrieron lesiones, comenzó ayer en la Audiencia de Madrid, diez años después de la tragedia. La novedad se centró en la ausencia del principal procesado, José Antonio Iglesias, para quien el fiscal reclama la mayor pena de cárcel: cuatro años. Iglesias, copropietario de la sala de fiestas, sufre una enfermedad irreversible, según el forense.Sí se sentaron ayer en el banquillo los otros siete procesados, entre ellos el ex concejal socialista de Seguridad Ciudadana Emilio García Horcajo.
El tribunal rechazó las propuestas de las partes, casi unánimes, tendentes a que el Juicio fuese aplazado o suspendido. Alegaban que debían estudiar la decisión del tribunal de archivar (hasta que su estado de salud mejore) el enjuiciamiento de Iglesias. Tal resolución les fue comunicada minutos antes de comenzar el juicio.
Pero los jueces rechazaron el aplazamiento de la vista, lo que disgustó a casi todas las partes y satisfizo a los familiares de los fallecidos. No entendían cómo una cuestión meramente procesal podía postergar de nuevo un asunto que lleva 10 años en los juzgados.
Mientras el tribunal deliberaba, los familiares profirieron voces de indignación y algunas madres lloraron desconsoladas: "Esto es una vergüenza", No se puede demorar más, por Dios".
EDITORIAL EN LA PÁGINA 2
La enumeración de las presuntas irregularidades originó la indignación en la sala del juicio
Los abogados de las víctimas emplearon buena parte de la jornada de ayer en refutar la decisión del tribunal de no suspender ni aplazar el juicio. Algunos apelaron a la economía procesal: si José Antonio Iglesias, el principal acusado, que hoy tiene 62 años, recupera la salud, habría que celebrar un nuevo juicio sólo contra él, con todo el gasto que ello origina.Iglesias, para quien el fiscal pide cuatro años de cárcel, la pena más elevada, está sobre una silla de ruedas, ha sufrido cinco derrames cerebrales, varios infartos y no es capaz de hablar ni de entender nada, según indicó ayer su abogado, José María Stampa Braum.
Desde el 17 de diciembre de 1983, fecha de la tragedia, han fallecido ya dos procesados. En la actualidad quedan ocho: Emilio Urdiales, Carlos Mendoza, Pedro Rascón, Doroteo Martín (copropietarios del local junto con Iglesias); Guillermo Herranz, vocal de la junta de inspección de espectáculos del Ministerio del Interior; Emilio García Horcajo, ex concejal de Seguridad Ciudadana, y Miguel Gabaldón, ingeniero técnico.
Después de que los jueces decidieran continuar con la vista oral, la secretaria del tribunal leyó el escrito de acusación. Los rostros de los familiares presentes en la sala se llenaban de indignación a medida que la secretaria leía los folios en los que el fiscal enumera las presuntas irregularidades que originaron al desastre.
Entre esas supuestas irregularidades se cita que la única manguera antiincendios que había aquel nefasto día en la sala de fiestas no funcionara. Era corta y estaba tan mal instalada que el agua no alcanzó el primer foco de incendio. Tampoco sirvieron para nada los extintores. Los copropietarios de Alcalá 20 -siempre según el fiscal- reformaron el mobiliario del local utilizando un material "altamente combustible y tóxico": espuma de poliuretano. Y cuando los jóvenes clientes -en medio de un apagón de luz- buscaban las puertas de emergencia, se encontraron con que éstas o estaban cerradas con llave o carecían de señalización luminosa.
El fiscal exime de negligencia al ex edil Emilio García Horcajo y, por consiguiente, al Ayuntamiento de Madrid. Trece de los abogados de las víctimas sí le acusan. Señalan que García Horcajo, entonces concejal de Seguridad Ciudadana, debió ordenar una inspección de la discoteca. Dos meses antes del siniestro, el Ministerio del Interior transfirió esa labor al municipio y, según los acusadores, envió al ex edil un escrito instándole a revisar Alcalá 20. García Horcajo dijo ayer que nunca llegó a ver al escrito.
Los más de 1.200 millones de pesetas en indemnizaciones que deben percibir los familiares de as víctimas debe sufragarlos el Estado, según el fiscal. El Ayuntamiento de Madrid dispone de un aval bancario por valor de 950 millones.
El juicio durará hasta casi Navidad y hoy, martes, es probable que se inicie el interrogatorio de alguno de los procesados.
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