El fiscal del 'caso Ocisa' imputa a Jesús Roa un delito de falsedad en documento

El fiscal Miguel de Benito pidió ayer a la juez del caso Ocisa que se impute un nuevo delito, de falsedad en documento mercantil, al ex presidente de la constructora Ocisa Jesús Roa, implicado en el presunto pago de comisiones por la adjudicación de obras de la Junta de Andalucía. Jesús Roa, que compareció ante la juez Pilar Llorente, se negó a prestar declaración, acogiéndose a su derecho constitucional. El ex presidente de Ocisa y de la patronal de la construcción está imputado en este caso de tráfico de influencias y fraude fiscal.

Jesús Roa, que se encuentra en libertad sin fianza desde el pasado 31 de julio de 1992, reconoció entonces ante la juez que su empresa, Obras y Construcciones Industriales (Ocisa), había pagado a Pedro Llach, un intermediario inmobiliario implicado también en el caso, un total de 28 millones de pesetas en concepto de "asesoramiento". Según los datos de la investigación judicial, este dinero era parte de la comisión -cifrada en 127 millones por el fiscal- presuntamente pagada por Ocisa para lograr la adjudicación de la obra Las Pedrizas-Salinas. 22 millones de ese dinero fueron intervenidos por la policía en un maletín a Jorge Ollero, otro de los imputados en el caso y hermano del ex director de Carreteras de la Junta de Andalucía, Manuel Ollero.Roa, que dimitió de sus cargos en Ocisa y en la patronal de los constructores, negó en la citada comparecencia que su voz fuera alguna de las registradas en las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía.

Según el letrado de Roa, Francisco Baena, su cliente ya aportó los datos que se le pidieron y puntualizó en la declaración del 31 de julio todo lo que le fue requerido por el fiscal Miguel de Benito y la juez, "y hasta ahora, en nada de lo que dijo se ha encontrado falsedad".La declaración de Roa se. consideraba fundamental para el avance de la investigación, después de que los interrogatorios realizados por la juez a diversos empleados del Banco Urquijo del Paseo de la Castellana, en Madrid, aportasen una curiosa práctica de Ocisa para sacar fondos de sus cuentas.

Retirada de talones

Según fuentes próximas al caso, los empleados del banco explicaron, con aportación de documentos, que habitualmente y con una frecuencia casi mensual, un apoderado de la constructora retiraba del banco un número de talones que oscilaba entre los 25 y el medio centenar, cada uno al portador y por importes inferiores al medio millón de pesetas. La retirada, autorizada por el banco, se efectuaba por el importe total de los talones, que oscilaba entre los 20 y los 90 millones de pesetas. Hacienda obliga a identificar a la persona que cobra un talón por importe igual o superior a las 500.000 pesetas.Esta práctica, según fuentes del caso, no ha sido suficientemente aclarada por el ex director general de Ocisa en Andalucía, Maximiliano Navascués, ni por la subdirectora de finanzas de la empresa, Elena Montero Bermudez, quienes declararon el martes.