La CE hará por primera vez recomendaciones de política económica al estilo del FMI y la OCDE

La entrada en vigor del Tratado de Maastricht el próximo 1 de noviembre ha obligado a los ministros de Economía y Finanzas de los 12 países de la Comunidad Europea a acelerar los trabajos de preparación de la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM). El Consejo de Ministros que se reúne hoy en Luxemburgo dedicará buena parte de su tiempo a poner a punto la instalación del Instituto Monetario Europeo (IME) el 1 de enero próximo y la realización por primera vez de un ejercicio de coordinación política previsto en el tratado, de trascendencia todavía imprecisa.

Se trata de un texto de "grandes orientaciones de política económica de los Estados miembros y de la Comunidad", que deberán aprobar los jefes de Estado y de Gobierno en diciembre próximo. Este documento será preparado por los ministros de Economía, que disponen sólo de dos consejos para su discusión -el de hoy y el del 22 de noviembre-. Su aprobación se hará por mayoría cualificada (54 votos sobre 76 votos ponderados) tanto en el Ecofín como en el propio Consejo Europeo, por lo que no se puede descartar en principio el desacuerdo de alguno de los Doce.Las medidas que se propugnarán en el documento no tendrán carácter obligatorio, pero ejercerán una presión importante sobre los gobiernos y sobre las opiniones públicas. Este primer ejercicio de coordinación de políticas económicas previsto en Maastricht coincidirá además con la discusión del Libro Blanco sobre la Competitividad, el Empleo y el Crecimiento.

El documento de orientaciones de política económica tendrá semejanzas con los informes del FMI o de la OCDE, según opinión expresada por el ex ministro de Economía español, Miguel Boyer, que presidió el viernes el consejo consultivo internacional del CEPS (Centro Europeo de Estudios Políticos). Aunque sólo tendrá un carácter de recomendación, "ayudará a que se sonrojen quienes no cumplan" aseguró Boyer. Las recomendaciones que realiza actualmente la Comisión no tienen la fuerza de los grandes informes internacionales y son con frecuencia recusadas por los Estados socios, que llegan incluso a considerarlas como intromisiones en las políticas nacionales.

En la misma línea, los ministros discutirán sobre el papel del IME (Instituto Monetario Europeo) como órgano consultivo de los Estados socios, una función que en la práctica será de acompañamiento del dictamen del Ecofín y del Consejo Europeo. Los ministros no avanzarán en la cuestión de la designación de la ciudad que deberá acoger la sede a partir del 1 de enero, cuestión que es de la exclusiva incumbencia de los jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán el viernes en Bruselas.

El Ecofín debe llegar también al acuerdo político sobre todo la llamada legislación secundaria para la UEM, que prohíbe los déficits excesivos y excluye su financiación a través del crédito público.

El ministro de Economía belga, Philippe Maystadt, quiere obtener hoy mismo el consenso de los Doce, aunque jurídicamente no es posible todavía la adopción de esta normativa fundamentada ya en el Tratado de Maastricht.

La entrada en la segunda fase de la UEM se produce en condiciones de recesión y con un SME en precario, ya que su banda de oscilación monetaria del 30% está en contradicción con las condiciones de Maastricht. De ahí que los Doce deseen apurar al máximo las posibilidades que ofrece Maastricht para mejorar coordinación y concertación, ya que no es posible ir más lejos.