Tema de Estado

La asamblea general extraordinaria que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebra en La Coruña hoy y mañana llega en un mal momento. Sobre el mundo municipal español se ciernen muy malos augurios y no aparece en el horizonte ninguna señal esperanzadora y lo que es más grave no parece que exista la voluntad política de afrontar la situación como algo grave y que nos concierne a todos.Dos factores coyunturales, anecdóticos, ensombrecen aún más el panorama. Por un lado, el mismo escenario de la asamblea plantea más de una cuestión. El descalabro socialista en las elecciones gallegas y el particular papel desempeñado por el alcalde de La Coruña y presidente de la FEMP ha levantado ya más de una interpretación peculiar. Así, algún medio ha apuntado que la supuesta radicalización de los municipios podría ser el revulsivo guerrista ante cuestiones internas de la familia socialista. En este sentido conviene dejar muy claro el carácter plural de la FEMP y su desvinculación de las actitudes que pueda adoptar el municipalismo de cuestiones ajenas. Por otro lado, la crisis financiera del Ayuntamiento de Málaga ha encendido todas las luces rojas y ha sonado como un latigazo en el supuestamente pacífico, aunque dramático, mundo municipal español.

Los datos esenciales del problema no son esos. El núcleo de la cuestión radica en dos aspectos principales. Primero, el fracaso del actual sistema de financiación de las haciendas locales y la situación de colapso y ahogo financiero en que viven los ayuntamientos españoles de todo signo y dimensión. Esta situación se ha ido gestando desde 1983 ante la insuficiencia y los defectos de las soluciones apuntadas. Lo grave es que todas las voces que se alzaron denunciando estos problemas y anunciando lo que se nos venía encima cayeron en saco roto y fueron lamentablemente dejadas de lado. De ahí que se desaprovecharan los momentos de bonanza para acometer la solución.

En un contexto de contracción, las políticas macroeconómicas arrastran en una misma dirección, sin discriminar, a todas las administraciones, cortan de cuajo cualquier posibilidad de solución, aplican miméticamente las mismas recetas dogmáticas y cortan la posibilidad de flexibilizar la financiación municipal, de modular la capacidad fiscal de os municipios y de estimular la producción, la actividad económica y la creación de empleo desde las iniciativas locales que se mostraron eficaces en la salida de la crisis de los últimos setenta. La capacidad de irrigación de más de 8.000 unidades de gasto e inversión se tira por la borda cuando se insinúa que el problema no existe, se cierran los presupuestos para 1994 cuando se ha cerrado el contencioso autonómico y se prorroga el actual sistema de financiación local sin importar una vez más el incumplimiento de la ley. Pero, además, ante la actual situación se arremete indiscriminadamente contra los ayuntamientos en un ejercicio irresponsable e incluso suicida. Ignorando la capacidad de acción directa, de respuesta inmediata, de atención a la demanda social, de diversificación de las respuestas, de impulso de la actividad económica, se reitera la ya antigua crítica según la cual los municipios son en tiempos de crisis culpables de la recesión por su extrema rigidez y en tiempo de crecimiento responsables del deterioro ambiental por excesiva permisividad. Así se considera a los ayuntamientos muy poco responsables ante la crisis. Todo lo bueno realizado en más de una década puede pasar a ser considerado faraónico, innecesario, desmintiendo la visión positiva que merecieran con anterioridad. Esta vía nos está conduciendo a un debate estéril.

En síntesis, la cuestión radica los paliativos de 1979 o 1983, ni la pretendida solución de 1988, dieron certeramente en el clavo y dejaron las haciendas locales al pairo de un sistema imperfecto, insuficiente y rígido.

Conviene además destacar que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales llegó 10 años más tarde que las elecciones de 1979 y ha resultado una de las experiencias más negativas en sus cinco años de aplicación. Recordemos como aportación de dicha ley la batalla del IAE, la pugna por el catastrazo, el fiasco de las liquidaciones de 1990' y 1991 y la prórroga que ahora se anuncia del Fondo de Cooperación.

Ante esta nómina de despropósitos todos deberíamos medir muy bien las acusaciones y calibrar las causas exógenas de la actual situación de los municipios. Sin duda, las causas endógenas, que las hay, son de una envergadura que no resiste la comparación con las exógenas.

Así, año tras año, la rigidez de los censos de IBI e IAE, la centralización de la información, los retrasos en la actualización de los censos, van lloviendo sobre mojado y apuntando a una contradicción estructural. El gasto (gastos ordinarios y financieros) crece más que el ingreso. El crecimiento del gasto es constante, la evolución del ingreso es rígida y fluctuante. Las necesidades de las ciudades son superiores a su capacidad de generar ingresos. Ante el actual panorama y sin variación en el horizonte sólo cabe: incrementar la presión fiscal, incrementar el endeudamiento o empezar a reducir los servicios.

Pero a estas dificultades cabría añadir todavía el impacto del IVA sobre la capacidad inversora municipal, el coste de la obligatoria transferencia de los colectivos de trabajadores de la Administración local de la MUNPAL al régimen general de la Seguridad Social, las numerosas exenciones y bonificaciones establecidas por las leyes generales, la práctica desaparición del Banco de Crédito Local como banco propio o la constante erosión de las leyes sectoriales encaminadas a crear nuevas obligaciones y costes en las administraciones locales. Sin mencionar el conjunto de servicios que los ayuntamientos han acometido sin corresponderles.

Ante el papel emergente de las comunidades autónomas se perfila un nuevo mapa en el que los municipios pierden su papel más político y se ven relegados a adrninistraciones de simple gestión, a un nivel secundario y sin ninguna interlocución posible. El Gobierno ha preferido disponer de 17 interlocutores estables a poner en funcionamiento un sistema más complejo, pero más eficiente y auténticamente federal que estableciera el papel político de la vida local. De ahí la distancia que separa la ya tradicional propuesta de división del gasto público en la proporción de 50% para la Administración estatal, 25% para las autonómicas y 25% para la local, y la realidad actual.

Hace falta un paso previo. Un balance político, un análisis del papel que se reserva a los municipios. Una visión de. conjunto del edificio institucional y una distribución adecuada de recursos, competencias y función política. La despolitización municipal por asfixia conduciría a la esterilidad de la convivencia ciudadana y el tejido asociativo. La dimensión política de los municipios es un activo que hay que reivindicar.

A partir de este balance político me atrevo a proponer un conjunto de soluciones.

1. Apertura de negociaciones al más alto nivel para la revisión preceptiva del sistema de financiación municipal.

2. Apertura de negociaciones en una mesa conjunta de la Administración central, la autonómica y la local para definir el marco de competencias y de relaciones.

3. Dotación de un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado y en los de las comunidades autónomas para financiar la refinanciación de la deuda municipal con créditos subvencionados en un mínimo de cuatro enteros entre las dos administraciones.

4. Fijación de objetivos comunes en el ámbito local para la reactivación económica con contratos-programa que vinculen la inversión pública, las exenciones fiscales y las facilidades para la inversión privada con la creación de puestos de trabajo. Nos ampara la la racionalidad, la ponderación que hemos practicado desde 1979.