"Señoras, señores, hagan juego"

No existe nada parecido a una política dirigida prioritariamente a crear puestos de trabajo. El aumento del empleo es una consecuencia del crecimiento de la economía, estimulada por la inversión. El deseo de invertir es fruto del optimismo sobre el futuro, entre otros motivos porque hay nuevas tecnologías, mercados de expansión o mayores posibilidades de exportar.Algo tan inasible que Keynes escribía que la inversión era incomprensible, porque, en la mayoría de los casos, los que se arriesgaban perdían su dinero. Para Keynes, sólo el amor al juego, el deseo de acertar, la ilusión por ser más listo que los demás, podía explicar algo tan irracional.

A los keynesianos hidráulicos -que habitualmente se encuentran entre los ideólogos de partidos en el poder y entre los que defienden la intervención pública en la economía- les resulta difícil aceptar que la actividad económica dependa del ánimo de terceros autónomos. No les cabe en la cabeza que, después de "todo lo que hacen por el país", los empresarios e inversores "no les respondan". Y su estupor es aparentemente comprensible; ahora mismo, en España, las distintas instancias estatales intervienen activamente en la economía, teóricamente para facilitar la inversión de los empresarios: hacen carreteras y autovías; promueven suelo industrial; inauguran parques tecnológicos; aprueban subvenciones a la inversión; asignan fondos públicos para I+D (sea esto lo que fuere); refuerzan las sociedades de garantías recíprocas; el Instituto de Crédito Oficial (ICO) interviene directamente garantizando créditos y subvencionando tipos de interés; se devalúa tres veces la peseta, y descienden los tipos de interés (lo que el Gobierno se apunta ahora como logro activo). Un último paso: vacaciones fiscales durante tres años.

Tras estos esfuerzos, los nervios están a flor de piel. La indignación pública -la de los hombres públicos- amenaza con explotar.

Empiezan a escucharse quejas de tono autoritario, casi acusatorias, "pero ¿qué más quieren los empresarios?".

Casi nada de la lista anterior; sus necesidades van por otros derroteros. Y no son ningún misterio: permitir la capitalización de las empresas; tipos de interés reales más bajos; tipos de cambio neutral; financiación a largo plazo; libertad para contratar y despedir; negociar los salarios en función de la productividad; recuperar la autoridad en las empresas; que funcione el sistema procesal.

Pero queda otra serie de condiciones para relanzar la inversión, que no dependen de la autoridad nacional: situación geográfica del país; estado de la economía mundial; cultura nacional, y ética del trabajo.

He citado ocho condiciones que dependen de lo que, en términos generales, se denominan política económica y tres autónomas, fijas o sólo moldeables a largo plazo. Una mínima referencia a las ocho primeras. Permitir la capitalización de las empresas. Si usted tiene unos ahorros y decide jugárselos en sentido keynesiano, creando una empresa, pagará el 35% sobre los posibles (no probables) beneficios; más hasta el 56% sobre lo que reparta de esos mismos beneficios (menos un 10%); más el impuesto sobre el patrimonio en que se han convertido esos ahorros (que puede llegar hasta el 70% de su renta); pero, atención, incluso si por pérdidas de la empresa esos ahorros se han reducido a una peseta, seguirá usted pagando sobre la totalidad de lo que invirtió. Ahora bien, el Gobierno, que también sufre para financiarse, decide competir por esos ahorros, y crea los Fondos de Inversión Mobiliarios; lo que le permite a usted obtener por sus ahorros unos intereses asegurados por el Estado, acumulables, que sólo pagan el 1% anual de impuestos y están exentos de plusvalía al cabo de 15 años. ¿Quién es el insensato que cree que puede obtener mayores rendimientos invirtiendo en una empresa? ¿Cómo se pueden crear o capitalizar empresas con ese coste fiscal?

Tipos de interés reales bajos. Cuanto más difícil resulta capitalizarse a las empresas más pendiente se está de la financiación ajena, de los créditos bancarios. Los intereses reales positivos son una novedad, que se garantiza a partir de 1974. Para pagarlos, las empresas necesitan que su tasa de crecimiento real sea superior a los intereses reales; en otro caso, se acumula deuda; igual que ocurre, a nivel nacional, con la deuda pública. Nuestros tipos de interés no han bajado todo lo rápido que era posible y siguen siendo desanimadoramente altos, lo que refuerza innecesariamente nuestro tipo de cambio a corto plazo.

Tipo de cambio neutral. Acabamos de liberamos del autocastigo masoquista de su tipo de cambio sobrevaluado; a pesar de lo cual, continuamos con. un déficit de balanza corriente muy alto (2% del PIB). Los economistas norteamericanos han definido, pero todavía no contrastado empíricamente, la posibilidad de que las economías que sufren durante demasiado tiempo un tipo de cambio sobrevaluado convalezcan de un efecto histéresis, que se identificaría con la pérdida de dinamismo derivada de la desaparición de redes de comercialización nacionales en el exterior y con la implantación de organizaciones extranjeras en el tejido comercial interior durante esas fases. En esas condiciones, es posible que un tipo de cambio de teórico equilibrio, cerca del cual nos encontramos ahora en España, no consiga el equilibrio en la balanza por cuenta corriente. La terapia pasa por un periodo de mayor devaluación.

Financiación a largo plazo. En los últimos 15 años hemos pasado de tener una banca mixta a una banca comercial. El Banco de España, decidido a cuidar sólo de la salud del sistema financiero, continúa apartando a la banca de la financiación de las empresas a largo plazo. El éxito de la autoridad monetaria ha provocado la desaparición de este tipo de financiación, que no ha sido sustituido por nada. Por otra parte, el pequeño tamaño de la mayoría de empresas españolas les veda el acceso al complejo mercado de valores. En la actualidad, la financiación externa de las empresas se hace a corto plazo, a tipo de interés también a corto, con incertidumbre respecto a la renovación de los principales.

Libertad para contratar y despedir. La llamada "reforma del mercado de trabajo" es un eufemismo para ocultar la necesidad de permitir a las empresas modificar sus plantillas en función de la demanda, la calidad del trabajo de cada persona y su éxito o fracaso en el mercado. El decretazo de marzo de 1993 y el segundo decreto que prepara el Gobierno apenas tienen que ver con esa reforma del mercado. Su objetivo es limitar el gasto público en subsidios a los desempleados. En la práctica, un empresario español que quiera disminuir su plantilla sólo tiene dos caminos: el despido individual, que será calificado, con casi absoluta seguridad, como improcedente y que le obligará a pagar 45 días de salario por año de trabajo, con 42 meses de tope máximo, y la regulación colectiva, que le obligará al pago de 20 días por año de trabajo; pero ésta sólo será aceptada por el delegado de Trabajo, en una absurda interpretación de la norma, si tiene el visto bueno de los sindicatos; sin su aquiescencia la regulación colectiva se aplica, de hecho, a empresas en liquidación. Excepto si se es una multinacional, en cuyo caso se tienen otros triunfos. Pero el empresario de nacionalidad española sabe que la aplicación de las leyes le obliga a arruinarse con su propia empresa; para él no existe la institución de la sociedad limitada o anónima.

Libertad para fijar salarios. La regulación estatal de salarios mínimos, no sólo para los trabajos más humildes, sino para todas las categorías, provoca alzas de salarios por encima de lo razonable. ¿Por qué un mínimo por el hecho de ser licenciado superior? Y es sólo un ejemplo. Está regulado el precio de las horas extraordinarias, del trabajo nocturno, de las vacaciones. Podría parecer que la intervención pública se dirige a proteger a los trabajadores. En la mayoría de los casos no ocurre así; al menos en España, la fijación de categorías y las regulaciones excesivas tienen que ver más con lograr aumentos de cotizaciones a la Seguridad Social que con proteger al trabajador o aumentar el empleo. Con la actual reglamentación laboral, el que decide contratar a una persona tiene que pensar en lo que le cuesta haciendo tres grandes divisiones: lo que el trabajador se lleva a casa, las retenciones fiscales que tiene que ingresar a Hacienda y los pagos a la Seguridad Social. Porque hay poca relación entre el salario que lleva a su casa el trabajador y lo que le cuesta a la empresa. Las cotizaciones sociales suponen hasta el 25% de los ingresos fiscales totales del Estado. Lo que es una aberración contra el empleo. Al final, los salarios están disociados de la productividad de cada trabajador. Por otra parte, se fijan a nivel de país, o de sector o de provincia en un disparatado proceso de negociación colectiva. Al empresario se le comunica, a través del boletín oficial correspondiente, cuánto tiene que pagar como mínimo y cuánto tiene que subir cada año; con independencia de si la empresa gana o pierde, aumenta o disminuye de tamaño. La Seguridad Social remata la faena informándole cuánto suben las cotizaciones sociales.

Recuperar la autoridad en las empresas. El no promulgado proyecto de ley de huelga es un ejemplo de la limitación de la autoridad de los empresarios en sus empresas. Por supuesto que el Gobierno puede remitir al Congreso los proyectos de ley que considere oportunos. Pero no podrá obligar a los empresarios a invertir o animarles a que investiguen o a que abran nuevos mercados. Y le resultará más dificil lograr que cualquier ciudadano con ahorros se convierta en accionista de una empresa. Una parte importante de las discrepancias en el seno de la empresa se decide hoy en la jurisdicción laboral y en las delegaciones de Trabajo. El empresario es sólo una de las partes en conflicto. La decisión parece no corresponderle. Para colmo, en la nómina se incluye el pago de las actividades sindicales, durante horas de trabajo, de los miembros del comité de empresa.

Funcionamiento rápido del sistema judicial. El que no paga, sea simplemente moroso (de buena o mala fe) o estafador, cuenta en España con protección procesal. Los que operan con mala fe saben que no tendrán una decisión judicial en años, lo que les permitirá refinanciar sus deudas a coste cero y negociar sus fraudes. La maldición gitana, "pleitos tengas", se aviene mal con el funcionamiento razonablemente rápido que exige la vida económica de las empresas.

Hace un año, antes de la primera devaluación, los ocho factores conspiraban contra la inversión. Los especuladores forzaron al Gobierno y la burocracia de Bruselas a modificar la política económica en lo referente al tipo de cambio y tipos de interés. Por otra parte, la profundidad de la crisis permite esperar que los salarios apenas crezcan el próximo año. ¿Son suficientes ambos cambios para salir de la recesión?

Las tres devaluaciones y los menores tipos de interés nos permiten superar uno de los factores causantes de la recesión española y, en este sentido, la situación es de indudable mejoría. Quedan, en mi opinión, otros cuatro que han constribuido a nuestra crisis: la recesión europea, la rigidez del sistema productivo, el peso creciente del gasto público y los reajustes derivados de la integración de nuestra economía en Europa.

El Gobierno parece esperar casi todo de la mejora de la economía comunitaria; no está haciendo esfuerzos significativos para disminuir la rigidez del aparato productivo; continúa gastando desproporcionadamente, y no ha tenido en cuenta los efectos de nuestra integración en Europa.

El resultado puede ser una economía estancada, con débil o nulo crecimiento, con un paro creciente durante un corto periodo, uno o dos años. A medio plazo, si no se corrigen todas las causas de la recesión, el futuro es más negro.

es técnico comercial del Estado.