La segunda fase de la Unión Monetaria nace sin la esperanza de contar con una moneda única en 1997

Los doce países que conforman la recién estrenada Unión Europea inician la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria (LTEM) sin esperanza alguna de iniciar la tercera fase en 1997. La entrada en vigor de esta segunda etapa, con la creación del Instituto Monetario Europeo (IME), se ha realizado de acuerdo al plazo fijado en el Tratado de Maas tricht, pero los gobernantes europeos parecen haber descartado llegar a la moneda única y el banco central europeo en la primera fecha fijada en el histórico acuerdo. Mientras tanto, los Doce avanzarán en la cooperación de sus políticas monetarias, siguiendo las directrices fijadas en el último Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de 1993, celebrado el pasado día 13 de diciembre.

La Unión Europea estrena la segunda fase de la UEM en un ambiente de pesimismo. Ni el cierre de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay, ni la puesta en marcha del IME han conseguido eclipsar los efectos de la tormenta monetaria que desbarató el Sistema' Monetario Europeo (SME), ni la recesión económica que azota todo el mundo occidental. Ni los más europeístas creen posible iniciar la tercera y definitiva fase el 1 de enero de 1997, a la vista de lo sucedido en los 24 últimos meses.Ese ambiente de pesimismo eurorealismo lo llaman algunos- se ha puesto de manifiesto en las últimas declaraciones públicas de algunos responsables políticos europeos.. El propio Alexander Lamfalussy, que acaba de estrenar cargo como presidente del IME, se mostraba escéptico sobre el cumplimiento de los plazos fijados en Maastricht, en una reciente intervención ante el Parlamento Europeo. Y es que la marcha de los planes de convergencia se ha visto frenada por la magnitud de la crisis económica en la mayoría de los países comunitarios.

En España, el Gobierno no quiere tirar la toalla, pero el secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, ha sido el primero en reconocer públicamente que hay que olvidar la primera fecha posible de 1997, prevista en Maastricht. A su juicio, y a juicio de la mayoría de los analistas es pañoles consultados por este pe riódico, es poco menos que imposible que en diciembre de 1996 haya seis países de la Unión Europea que cumplan los cinco re quisitos de convergencia (estabilidad cambiaría e inflación, tipos de interés, déficit público y deuda pública, dentro de los baremos fijados en diciembre de 1991).

Plan de convergencia

A pesar de todo, los responsables de la política económica española insisten en mantener la filosofía del plan de convergencia. Lo mismo sucede con los ministros de Finanzas comunitarios, que en su última reunión del año -el pasado 13 de diciembre en Bruselas- fijaron las directrices de política económica para 1994. El documento. difundido por el Ecofin reconocía la gravedad de la situación económica y la preocupación por el problema del paro,, pero insistía en la necesidad de continuar con una política que promueva el crecimiento sostenido y la reducción de los desequilibrios que persisten en Europa.Manuel Conthe, director general del Tesoro, defiende estas tesis en declaraciones a EL PAÍS. "La especial situación por la que atraviesa Europa", explica Conthe, "obliga a coordinar las políticas económica y monetaria entre los Doce, y lo que no se ha podido conseguir con planes concretos, se va a lograr por las necesidades de Europa". A su juicio, todos los gobiernos comunitarios están obligados a contener la inflación y el gasto público y a mantener estables sus monedas, "haya o no haya plan de convergencia". Además, el director general del Tesoro defiende que hay que seguir trabajando con el objetivo de 1996, "aunque sea dif'icil", porque "no es bueno tirar la toalla".El sector empresarial y algunos economistas se muestran más escépticos sobre la coordinación de las políticas económicas, e incluso respecto a la posibilidad de llegar alguna vez a la Unión Económica y Monetaria. Alberto Recarte, vicepresidente ejecutivo de Centunión, opina que "Maastricht está muerto" y culpa de este supuesto fracaso a los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales europeos, "que han vivido en una burbuja, alejados de la realidad de sus respectivos países y queriendo forzar un ritmo imposible de cumplir, que ha causado esta gran depresión económica".

Recarte va más allá al vaticinar que el éxito de la Ronda Uruguay "reconducirá a Europa hacia la vieja idea de una zona de libre cambio y hará olvidar el proyecto de una moneda única". En esta línea, el ejecutivo de Centunión considera que "sin una unión política real y un presupuesto en condiciones no se puede avanzar hacia la moneda única". Esta opinión es rebatida por Conthe y otros altos cargos de la Administración, que consideran que "no se puede entender el libre comercio en la Unión Europea sin una moneda única".

Nuevas reglas del juego

Al margen de ese debate sobre el futuro, la entrada en vigor de la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria introduce algunas novedades en la política económica y monetaria de los Doce. Las más importantes afectan al funcionamiento de los bancos centrales, que ya no pueden anticipar fondos a los gobiernos para que éstos financien sus déficit públicos, ni pueden comprar deuda directamente.Estas dos medidas afectan al Banco de España en sus relaciones con el Ministerio de Economía y se han tenido en cuenta en la redacción de la nueva Ley de Autonomía del banco emisor. A partir de ahora, la autoridad monetaria debe adquirir en el mercado los títulos de deuda pública que necesite para realizar su política de regulación monetaria. Además, Hacienda tiene que devolver al Banco de España el dinero prestado en los últimos años como apelación del Tesoro (en tomo a dos billones de pesetas), aunque el Gobierno tiene previsto convertirlo en deuda a 25 años para que no afecte a la financiación del déficit de 1994.

También a partir del 1 de enero, el Gobierno debe enviar a Bruselas un informe periódico detallado de las cuentas del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en el que se especifica la marcha del déficit. En caso de que no se cumplan los objetivos, la Comisión Europea puede abrir un procedimiento al país que se exceda, aunque hasta la tercera fase no se podrán imponer sanciones. Lo que se pretende con esa medida es disciplinar a los estados miembros en la información sobre sus estados de cuentas.