KIO ocultó datos básicos sobre el origen de su capital al rellenar los impresos de Economía

El Grupo KIO y sus sociedades interpuestas omitieron datos básicos sobre el origen de sus fondos al rellenar los correspondientes impresos de la Dirección General de Transacciones Exteriores. En una decena de esos documentos, que están en poder de EL PAÍS, las sociedades relacionadas con KIO dejaron en blanco el apartado correspondiente a esta pregunta: "¿Tiene el titular de la inversión extranjera la calificación de entidad pública de soberanía extranjera?" "No contestábamos nada ante la dificultad de ser veraces; no sabíamos qué decir, y no contestábamos" ha reconocido al respecto el abogado Juan José Folchi, desde cuyo despacho se realizaban las gestiones de KIO ante Economía.

Los jueces deben dilucidar, entre otras cuestiones, de qué nauraleza eran las inversiones de KIO en España, porque de ello dependía el tratamiento que se daba a las mismas. Así, si se trataba de inversiones de un Estado extranjero, la autorización de las mismas correspondía al Consejo de Ministros. Si eran inversiones privadas -como fueron presentadas sistemáticamente por KIO-, bastaba con la autorización de a Dirección General de Transacciones Exteriores. Este punto constituyó uno de los centros de ataque del PP contra el Gobierno, porque el PP mantiene que son inversiones de un Estado extranjero y no pasaron por Consejo de Ministros.El dato cobra mayor relieve al haberse descubierto que KIO utilizó fondos en España para pagar comisiones políticas durante la guerra del Golfo. Los fondos salieron a través de sociedades participadas por KIO y contaron con el visto bueno de Transacciones Exteriores, a la que se le ocultaron y omitieron datos claves sobre el origen de la propiedad de KIO.

Declaración solemne

Las sociedades Kokmeeuw, Riquel BV y Coggia IBV -controladas por KIO y con sede en Holanda- invirtieron en Torras un total de 37.332,9 millones el 20 de diciembre de 1991. Empleados del despacho de Folchi -como Carin Parker, Graham Pearson, José Carlos Calderón o el propio Folchi- figuran en los documentos de Transacciones Exteriores bajo el epígrafe Declaración Solemne que formula el firmante. En ninguno de los documentos se rellenó la casilla correspondiente a la pregunta de si el titular de la inversión tenía la calificación de entidad pública de soberanía extranjera.

Es decir, los gestores de KIO en España siempre dijeron que las inversiones que hacían tenían como último propietario a "personas físicas [particulares] kuwaitíes" o, en el peor de los casos, como demuestran los documentos en poder de EL PAÍS, ni siquiera rellenaron las casillas al respecto.

Preguntado Folchi si el funcionario que recibía los informes no hizo ver la irregularidad, el abogado comentó: "Es que seguramente no sabía qué es lo que tenía que decir".

Un alto cargo de Transacciones Exteriores restó importancia al hecho. "Las inversiones se presentaban como procedentes de empresas radicadas en la CE y, por tanto, ya daba igual lo que pusieran a continuación porque una empresa de un país comunitario puede invertir en España sin necesidad de ser autorizada por el Consejo de Ministros", comentó. "Además", agregó, Ia carga de la prueba corresponde a quien rellena el formulario y, si introduce datos que luego resultaban ser falsos, puede ser acusado de falsedad en documento público".

Se da la circunstancia de que a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, KIO rellenaba esos impresos ante Hacienda especificando que, tras sus inversiones, no estaba el Estado de Kuwait. Pero en esas mismas fechas, y concretamente el 7 de agosto de 1990, el entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga, declaraba en Bogotá días después de la invasión de Kuwait: "Los fondos de KIO en España son propiedad de dos sociedades del holding que están radicadas o residenciadas en Holanda. Se trata de sociedades privadas, las cuales a su vez son propiedad de KIO, que a su vez pertenece al Gobierno de Kuwait".

El ministro afirmaba algo radicalmente opuesto a lo que decían en documentos públicos los gestores de KIO. El problema ya lo había reseñado por escrito en un informe el director general de Transacciones, Manuel Conthe, quien en junio de 1987 decía que se había producido "cierta negligencia" en Hacienda por autorizar las inversiones como si fueran privadas.

Extrañamente, el 9 de febrero del año pasado, Solchaga se rasgaba las vestiduras en el Parlamento al señalar que se acababa de descubrir lo que él mismo ya manifestaba tres años antes: que KIO estaba bajo la tutela del Estado kuwaití. Ante ese descubrimiento, Solchaga anunció que enviaría al fiscal general del Estado la documentación correspondiente para analizar si se había producido falsedad en documento público. Hasta hoy, no se conoce resultado judicial alguno.

"Después de tantos años, hoy es el día en que todavía no conozco el estatus real de las inversiones de KIO", comenta Folchi. Toda una confesión teniendo en cuenta que fue secretario del Grupo Torras, asesor de Torras Hostench London y colaborador directo de Javier de la Rosa durante años.