El Gobierno gastó 3.000 millones de más en fondos reservados entre 1987 y 1992

El Gobierno se gastó unos 3.000 millones de pesetas de más en fondos reservados entre 1987 y 1992, lo que equivale a un 20% del total presupuestado para esos años.Para gastar ese dinero echó mano de cantidades previstas para otros fines en los presupuestos. Esta información está en manos del Tribunal de Cuentas, según fuentes parlamentarias vinculadas a las investigaciones de ese organismo. Por primera vez, el Tribunal de Cuentas realiza, a iniciativa propia, una fiscalización especial de los gastos reservados, en el contexto de las cuentas del Estado de 1992.

El Gobierno tendrá que afrontar así no sólo la explicación sobre el destino dado a algunos pagos del Ministerio del Interior con fondos reservados, sino también una desviación tan cuantiosa entre el dinero destinado a gastos reservados y el finalmente utilizado. La fiscalización especial sobre esos gastos en 1992 será entregada al Parlamento en una fecha todavía no prevista, pero que podría situarse entre los meses de septiembre y diciembre próximos. En todo caso figurará en el siguiente informe que el tribunal envíe a las Cortes sobre las cuentas generales del Estado.Uno de los análisis que tendrá que hacer será para comprobar si, como establecen las normas, todos los justificantes del uso de los fondos secretos llevan la firma del ministro correspondiente. Los ministerios que disponen de fondos reservados son los de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y Justicia.

El Tribunal de Cuentas tomó la decisión de realizar esa fiscalización especial el 21 de diciembre del año pasado. Ese día aprobó un ambicioso plan de trabajo para este año. Un programa con el que intenta, entre otras cosas, ponerse casi al día en sus deberes pendientes. Una de las críticas realizada con más frecuencia al tribunal, y que ha erosionado su eficacia, ha sido el enorme plazo de tiempo que separaba sus informes y la fecha en que ocurrieron los hechos analizados.

Al iniciar la fiscalización de los gastos reservados realizados en 1992, el tribunal ha hecho un repaso de las cuentas aportadas por el Gobierno en los cinco años anteriores. Uno de los resultados ha sido el descubrimiento de que lo gastado superó ampliamente lo presupuestado. También en este caso, cabría añadir, porque los últimos informes sobre las cuentas del Estado ha coincidido en mostrar una enorme alteración de las previsiones presupuestarias aprobadas por el Parlamento.

La desviación entre el dinero presupuestado y el utilizado realmente asciende a algo más de 3.000 millones de pesetas, según fuentes parlamentarias conocedoras de la investigación. El resultado final de la fiscalización será enviado a la Comisión mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, salvo que solicite datos pormenorizados la comisión de investigación sobre la actuación de Luis Roldán como director general de la Guardia Civil. El presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, comparecerá en el Parlamento el próximo 7 de abril.

Partidas para armamentoLas afirmaciones del ministro del Interior, Antoni Asunción respecto a las limitaciones de cualquier explicación sobre lo fondos reservados, y las limitaciones para fiscalizar esos gastos chocan de hecho con la competencias del Tribunal de Cuentas y el programa de trabajo que ha decidido para est año. Ese plan incluye, además el "seguimiento de la evolución de la contratación de material militar en el extranjero y de los fondos situados en el exterior para esta finalidad, a partir de la situación puesta de manifiesto anteriormente".

El Tribunal de Cuentas tiene previsto realizar también una fiscalización específica sobre los gastos en publicidad, en propaganda y asesoramiento de las sociedades estatales financieras. Asimismo, realizará un examen de los contratos de la Administración del Estado, referidos a 1992, que superen determinadas cuantías.

Entre peticiones expresas del Parlamento e iniciativas propias, el Tribunal de Cuentas va a someter a una fiscalización especial a 41 organismos públicos. Investigará desde los contratos con las empresas que intervinieron en la ampliación del edificio del Senado hasta la actividad económico-financiera relacionada con la Expo de Sevilla y la celebración del V Centenario.

El tribunal fiscalizará la contratación administrativa de la Comunidad de Cantabria entre 1989 y 1991, la contabilidad de Telemadrid y del área de producción de Televisión Española así como la ejecución del primer Plan de Carreteras, entre 1984 y 1991.

En el caso de que el tribunal cumpliera todos sus objetivos, a comienzos de 1995 sólo tendría pendiente de enviar al Parlamento los informes sobre la financiación anual de los partidos correspondiente a 1993 y 1994 para ponerse al día en ese terreno.