La herencia de la 'marcha verde'

El Consejo de Seguridad de la ONU se dispone a abordar, bajo la presidencia francesa, la situación actual y las perspectivas del proceso de paz en el Sáhara occidental. El momento es crucial e incluso crítico y, por ello, propicio para plasmar sobre el papel algunas reflexiones acerca del tema que, no cabe duda, interesa a las opiniones públicas española e internacional.A mediados de octubre de 1975 se habían dado pasos sustanciales hacia una descolonización pacífica del Sáhara occidental sobre la base del dictamen del Tribunal Internacional de Justicia y del informe de la comisión visitadora de la ONU. El referéndum de autodeterminación sería una operación relativamente fácil, siempre y cuando, a juicio de la comisión, "las partes se abstuvieran de llevar a cabo iniciativas dirigidas a modificar el statu quo del territorio".

Vaticinio o certeza. El 16 de octubre el Gobierno marroquí lanza la operación de invasión conocida como marcha verde. Dos días después, el embajador español ante la ONU pide una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad "para que adopte las decisiones del caso y se disuada al Gobierno marroquí de llevar a cabo la invasión anunciada, que además de comprometer la paz y la seguridad internacionales desconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia y es contraria a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

El resto de la historia es conocido. El Consejo de Seguridad "deplora vivamente la ejecución de la marcha verde" en su resolución 380 (1975), pero no logra detenerla. España abandona el territorio después de transferir unilateralmente la administración del Sáhara occidental a los Gobiernos marroquí y mauritano, los cuales organizan el reparto oficial del territorio a principios de marzo de 1976.

Nadie podría decir que la descolonización tuvo lugar. Para las Naciones Unidas está pendiente todavía. Se puede decir, en términos cualitativos, que la misma marcha verde, cuya ejecución fue deplorada por el Consejo de Seguridad, es la que, transformada ya en ocupación de hecho, permanece aún en el Sáhara.

Un pueblo, el saharaui, se vio así obligado a proseguir su lucha por la autodeterminación e independencia. La guerra se adueñó del territorio, con todo su cortejo de sufrimiento, pérdidas humanas y materiales y el aumento de la tensión e inestabilidad geopolítica en la región. Rabat quiso, ciertamente, que fuera una guerra de independencia olvidada o secreta, al margen de las cámaras de los grandes medios de comunicación. Sin embargo, más de 180.000 soldados marroquíes, con un coste de guerra superior al 48% del presupuesto del Estado y un muro defensivo tan sofisticado como costoso, revelan que el esfuerzo bélico ha sido considerable y difícilmente ocultable.

A mediados de los años ochenta, tanto Marruecos como el Frente Polisario tenían suficientes datos y elementos de juicio como para saber que una solución puramente militar al conflicto no era posible.

Esta convicción, más la oportunidad ofrecida por el momento internacional de fines de la década pasada, permitieron la apertura de una etapa diplomática para que las dos partes se embarcaran con la ONU-OUA en la búsqueda de una vía de solución política.

El momento culminante lo constituyó el plan de paz aceptado por las dos partes y aprobado por el Consejo de Seguridad en junio de 1990. Dicho plan tenía como objetivo la organización de un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui eligiera libremente entre la independencia o la integración a la potencia ocupante del territorio.

Las condiciones de este plan fueron previamente discutidas por la ONU con Marruecos, el cual exigió que sus tropas, administración, colonos y fuerzas policiales permanecieran en el territorio durante el referéndum. Estos factores constituyen una seria amenaza a la libertad y seguridad de los votantes. No eran las condiciones ideales para un referéndum "sin coacción militar o administrativa" en el sentido estipulado por las resoluciones de la ONU. El Frente Polisario, al consentir en ello, hizo una gran concesión para facilitar la tarea a la ONU y también al Gobierno marroquí.

En cuanto a la cláusula que definía el cuerpo electoral (censo español de 1974), ésta estaba redactada de manera inequívoca en el plan de paz. Todo estaba listo, pues para que a principios de 1992 conflicto del Sáhara Occidental hubiera sido resuelto de manera justa y definitiva, tanto para las dos partes como para la comunidad internacional.

Cuando se inicia la ejecución del plan, Marruecos a marcha atrás y solicita de Pérez de Cuéllar un espacio para dar entrada en la lista de votantes a un contingente inicial de 120.000 ciudadanos marroquíes que, posteriormente, se eleva a 170.000. Según las declaraciones recientes del ministro del Interior marroquí, la cifra final se eleva a un millón y medio. Tales contingentes son, según Rabat, de origen saharaui, cuyos antepasados habrían emigrado a Marruecos o habrían sido expulsados hacia allí por el colonialismo español. Como éstos no figuran evidentemente en el censo de 1974, deben confeccionárseles unos "criterios de identificación" que les permitan alegar en su día, ante la Comisión de Identificación de la ONU, que pertenecen a una tribu del Sáhara occidental, y que sus padres nacieron o residieron en el desierto del Sáhara entre 1884 y 1974. Además, se les permitiría la proeza de demostrar tales criterios mediante el testimonio oral de ancianos jefes de tribu. Y esto es sencillamente absurdo y poco serio.

La petición marroquí significaba la destrucción del plan de paz original y su reemplazo por otro a la medida de un referéndum confirmativo de la marroquinidad del Sáhara occidental, marroquinidad que en su día fue negada por el Tribunal de La Haya. Pérez de Cuéllar era consciente de la gravedad de la demanda marroquí. Esperó hasta los últimos días de su mandato. El 20 de diciembre de 1991 presentó un informe al Consejo de Seguridad en el que recogía en toda su extensión la solicitud de Rabat.

Yo no sé si la relación de causa a efecto es verificable, pero las agencias internacionales se hicieron eco, a principios de 1993, de la designación de Pérez de Cuéllar como alto directivo de un holding marroquí, lo que da lugar a la sospecha, y a lo que los juristas llaman duda razonable, sobre la rectitud de una conducta que supuso una modificación unilateral y grave del plan de paz original, entendido como el único compromiso político firmado por las dos partes en el conflicto.

La crisis se produjo a partir de ese momento. Y a pesar de los esfuerzos de imaginación desplegados por el Frente Polisario no se ha encontrado, hasta ahora, una solución aceptable para las dos partes. La llamada propuesta de compromiso elaborada por el representante especial del secretario general, el paquistaní Yaqub-Khan, recoge exclusivamente el punto de vista marroquí sobre la polémica de los criterios de identificación, así como la manera en que deben ser entendidos y aplicados.

No creo que la comunidad internacional quiera legitimar un referéndum cuyas condiciones, particularmente las que definen la formación del cuerpo electoral, son establecidas por el Gobierno de la potencia ocupante del territorio. La opción del referéndum justo y creíble fue bloqueada por Marruecos cuando rompió con el plaz de paz original, y no acepta más opciones que el referéndum confirmativo o la retirada de las Naciones Unidas del territorio. Dichas opciones significarían el fracaso del esfuerzo emprendido por Naciones Unidas y, de manera particular, por el Consejo de Seguridad. La diplomacia marroquí, ante este panorama, se esfuerza por que el Consejo se incline por estas vías e impute la responsabilidad del fracaso al Frente Polisario, que, por ironías de la historia, ha sido la parte que más concesiones hizo y mayor flexibilidad desplegó para que el proceso de paz pudiera culminar con éxito.

Los dirigentes marroquíes no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones y sobre la manera con que perciben el referéndum y sus resultados. Así, el propio rey Hassan II fue elocuente en su reciente discurso del 3 de marzo cuando, según la agencia de noticias MAP, "reafirmó el compromiso de Marruecos de hacer organizar un referéndum de autodeterminación confirmativo bajo el control de la ONU para arreglar de manera definitiva la incorporación de nuestras provincias del sur al resto de la madre patria". Por su parte, Mohamed Buceta, líder del partido Istiqlal, declaraba recientemente a una revista francesa que "los marroquíes no saldremos del Sáhara occidental, sea cual sea el resultado del referéndum". ¿Para qué sirve entonces un referéndum?

La rigidez de la posición marroquí, opuesta a un verdadero diálogo directo con el Polisario y a todo referéndum que no confirme la anexión de hecho, constituye el principal obstáculo para avanzar hacia una paz justa y aceptable para la comunidad internacional.

Esta rigidez se debe, tal vez, a la presunción marroquí sobre la actitud del Consejo de Seguridad, donde Rabat cree tener amigos íntimos e influyentes, dispuestos a cerrar los ojos, así como al análisis que hace sobre la situación actual y futura de la región, y a la supuesta debilidad de la resistencia saharaui. Cada uno puede hacer, ciertamente, el análisis que le convenga. Los saharauis también tienen su propio análisis.

No obstante, una cosa es cierta, inter omnes, erga omnes, la cuestión del Sáhara occidental, en tanto que conflicto de descolonización, no podrá ser resuelta de manera justa y definitiva al margen de los principios contenidos en la carta de la ONU y sin el acuerdo y aceptación de las dos partes implicadas. Son puntos de partida y de llegada básicos e ineludibles. Olvidarlos o ignorarlos conduciría sólo a una unilateralización del proceso y, por consiguiente, de los resultados. Es decir, a la exclusión de una parte, como en 1975. Esto significaría volver a comenzar de nuevo, con la diferencia de que esta vez hubo un proceso de paz y la implicación directa del más alto órgano de las Naciones Unidas.

Proyectado a largo alcance, comenzar de nuevo llegaría a emplazar el conflicto en una perspectiva básicamente militar, que no tiene tampoco salida, ya que, si una parte tiene limitaciones sobre el terreno, la otra las tiene de orden estratégico interno y externo. Eso significaría volver, tarde o temprano, a la ecuación diplomática.

Siendo éste el probable curso de los acontecimientos que se derivaría de un fracaso del actual proceso de paz, ¿no sería mucho más realista y lúcido sentarnos a negociar, de manera seria y responsable, en presencia de la ONU, para resolver los obstáculos actuales y futuros que impiden la celebración de un referéndum justo y creíble? Podríamos evitar así las dos partes el derroche de medios, el sufrimiento de nuestros pueblos y mayores riesgos de desestabilización en una región donde todos los pronósticos son posibles.