¿Suelo para Madrid?

La confrontación suscitada entre el Ayuntamiento. de Madrid y la Comunidad con motivo de la denegación por esta última de la clasificación masiva de suelo no puede ni debe ser trasladada. a la opinión pública como una pelea nacida de una simplista contraposición entre siglas.En el fondo, y afortunadamente, lo que manifiesta es una diferente cultura de la ciudad y un diferente entendimiento del papel que las políticas de suelo pueden desempeñar. Diferencias éstas que sí responden a opciones ideológico-culturales claramente diferenciadas, aunque sus límites y señas de identidad aparezcan borrosos en periodos de apatía y falta de pulsión política en ambos bandos.

En el caso de Madrid, la batalla de los PAU (siglas tecnocráticas traducibles, para un mejor entendimiento, por nuevos suelos para un desarrollo urbano no programado) ha puesto en evidencia ese diferente modo de entender el urbanismo como, soporte para el gobierno del territorio.

Para los líderes municipales y regionales del Partido Popular, en perfecta sintonía con su concepción y defensa liberal-conservadora del mercado como única referencia y guía del desarrollo urbano, todo el suelo es una pura mercancía y la ciudad es el campo de juego del negocio inmobiliario, aunque pretendan edulcorar esta legítima pero salvaje posición anunciando beneficiosos efectos para todos los ciudadanos y, en especial, para los menos favorecidos, prometiéndoles que con las migajas que resulten del banquete imnobiliario podrán saciar su hambre de viviendas sociales. Promesa vacua que sólo la ignorancia y la desesperanza o la frustración frente a un insuficiente compromiso de los_ poderes públicos en la construcción de la ciudad pueden hacer creíble.

Para los líderes y tecnócratas conservadores, cuanto más suelo mejor, cualquiera que sea su loca lización, su, capacidad real de ser desarrollado y su función estructurante e integradora en el marco de un territorio metropolitano.Apuesta que se basa en una falaz y demostradamente falsa teoría según la cual la simple clasifica ción extensiva del suelo será suficiente para abaratar los precios. La historia reciente de Madrid ofrece experiencia suficiente para afirmar la falsedad de. la funda mentación anterior y sus desastrosos efectos territoriales y sociales. A finales de los años setenta, todo era urbanizable, más o menos legalmente, y el precio del suelo no bajó en aquellas áreas que eran necesarias y convenientes para completar y mejorar el sistema urbano. Lo que sí se pro dujo fue la eclosión de grandes negocios inmobiliarios en la periferia metropolitana y Madrid (degenerando muchos de ellos en posteriores quiebras y, fraudes) que tuvieron como consecuencia la marginación espacial de los barrios populares, la desarticula ción del territorio metropolitano y la aparición de eriales intersticiales en aquellos espacios residuales que quedaron a la espera de una próxima oportunidad de negocio, con unos efectos enormemente negativos. Todo ello supuso una costosa herencia que tuvieron que afrontar los ayuntamientos democráticos a partir de 1979 en el intento de reconstruir ciudades y barrios como espacios económicos y sociales dignos e integrados en el territorio metropolitano. Enorme esfuerzo que requirió la movilización y la concentración de recursos para cicatrizar una nefasta política territorial que hoy, más camuflada técnica y semánticamente, parece renacer en el Ayuntamiento de Madrid.

Superada la triste experiencia histórica, las propuestas de clasificación de suelo, los tan mentados PAU, alzados como gran ofensiva por el actual Ayuntamiento, son rechazables legal, económica y culturalmente.

Cuando se está procediendo y se alardea de una revisión del Plan General que viene a sustituir el demonizado y marxista plan de 1985, no puede pretenderse una apresurada clasificación indiscriminada y extensiva de suelo que, por su magnitud y localización, supone la implantación de un nuevo modelo, al margen de dicha revisión, sin vulnerar el espíritu y la letra de la más tolerante legalidad. Quede esta afirmación como simple testimonio, ya que no interesa centrar el debate en problemas de legalidad, competencias o pólizas, que poco pueden importar a los ciudadanos.

Los efectos económicos que inducirían las propuestas municipales pueden calificarse de perversos, irresponsables e insolidarios. Perversos,- porque para incentivar y viabilizar la iniciativa privada, compaginando beneficios empresariales con cesiones y obligaciones destinadas a compensar las demandas sociales y colectivas, se han inflacionado artificiosamente ámbitos, intensidades y valores del suelo que per se constituyen un factor alcista y un incentivo a las prácticas especulativas. Irresponsable, porque su puesta en valor y su hipotética realización se apoyan en trasladar a los Gobiernos regional y nacional la carga presupuestaria para dotar a tan generosos nuevos desarrollos de las infraestructuras necesarias, especialmente la muy costosa del transporte, fuera de toda programación y priorización en el ámbito metropolitano. Insolidaria, porque tanto la cuan tía de los recursos exigibles y atraídos por el desarrollo de los PAU como su localización en mancha de aceite en tomo al núcleo capitalino suponen la quiebra de un modelo territorial que apuesta por la construcción de un espacio metropolitano multifocal, integrado y complementario, al detraer deslealmente recursos que son necesarios para consolidar los municipios vecinos como polos revitalizados de una gran ciudad plurimunicipal.

Las cifras y los gráficos aparecidos en los medios de comunicación que sintetizan las propuestas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid constituyen una- declaración hostil que debería movilizar al resto de los ayuntamientos frente al resurgir del gran Madrid que tanto entusiasmó al difunto general.

Culturalmente, porque las propuestas municipales de los PAU suponen un retorno al más burdo urbanismo cuantitativo y escapista que traslada a un futuro incierto y a un crecimiento no garantizado ni controlable la solución de los problemas que afectan a la ciudad real, al territorio existente, y que deben ser el principio y fin que justifica la planificación.

Por todo esto, la negativa del Gobierno regional a las pret9nsiones 'municipales constituye la expresión política de dos formas de entender la metrópoli madrileña difíciles de compaginar y, sin duda, difícil de digerir por el presidente regional, por muchas comidas amistosas que comparta con el señor alcalde.-

Aplaudir la decisión del Gobierno autónomo es la expresión pública de apoyo -a la coherencia y una invitación, casi una llamada urgente, para que esta ocasión provoque el reagrupamiento de los ciudadanos, técnicos,- responsables sociales e institucionales, alineados en una opción social demócrata progresista frente a la retrógrada concepción urbanística que anida en el alma del PP. Hay que aunar fuerzas y mantener el empeño para que la- declaración del consejero Rodríguez Colorado -"los PAU, así, no"- no se diluya en una bizantina discusión de cifras que enmascare el problema real.. Evitemos en esta ocasión aquel "de entrada, no"...

Que es necesaria una revisión a forido del plan de 1985 nadie lo duda, y algunos hemos defendido que debió acometerse desde el día siguiente a su aprobación. Que es necesario "nuevo suelo" y no sólo "más suelo" nadie lo niega. Pero dónde y cuánto se delimite y como se proyecte su gestión son condiciones inseparables a una racional respuesta.

Si la vivienda para las capas económicamente más débiles es la demanda prioritaria, formúlese públicamente una política de vivienda realmente vinculada a esa finalidad y diséñense los instrumentos de gestión consorciada entre las distintas administraciones para garantizar su eficacia y control. Compatibilícense los nuevos desarrollos con los programas previstos y garantizables de nuevas infraestructuras de transporte. Coordínese y pondérese la magnitud y carácter de los posibles ensanches de Madrid con la revitalización de los municipios metropolitanos. En definitiva, formúlese y hágase pública explicitación de "para qué" y "para quiénes" se quiere construir la ciudad, y, a partir de este compromiso,, podrán cuantificarse, localizarse y priorizarse los nuevos suelos para Madrid.

¿Por qué no se acomete desde hoy la programación de los PAU aún vacantes definidos en el vigente plan de l9$5, con los ajustes y correcciones necesarios y promovidos por el sector público de forma consorciada (como se ha hecho en Valdebernardo, Leganés, Loranca o Getafe), en lugar de entregar a la iniciativa privada los eriales al este de Vallecas para ser rellenados con 17.000 o 21.000 viviendas?

Si esto no se explica, no puede extrañar, y menos escandalizar, que alguien piense que, más que rellenar de viviendas unos terrenos, lo que se pretende es rellenar de dinero unos bolsillos o las propias arcas municipales