Rubio dice que no impedirá que se investigue en Suiza pero considera ilegal la ampliación de la querella

El abogado de Mariano Rubio cree que el juez José Emilio Coronado se está extralimitando al pretender actuar contra su defendido por cohecho e información privilegiada en relación con el caso Ibercorp. La comisión rogatoria que el magistrado enviará a Suiza para rastrear posibles propiedades del ex gobernador del Banco de España y su familia se ha convertido, según Gonzalo Rodríguez Mourullo, en una irregular e inadmisible ampliación de la querella que se libra en el juzgado 6 de Madrid. "Soy el primer interesado en que se aclare cuanto antes que no tengo ni he tenido ninguna cuenta en Suiza", declaró ayer Rubio a este periódico, "pero el juez está entrando en un tema ya visto [Ibercorp]".

El magistrado sostiene que los hechos en los que se ven envueltos tanto Mariano Rubio como el ex síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha pudieran ser constitutivos de cinco delitos: falsedad en documento oficial y contra la Hacienda Pública (que son los que investiga este juzgado), y cohecho, uso de información privilegiada y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Rubio, del que el magistrado sospecha que ha podido obtener los 115 millones que ocultó al fisco como compensación por la venta de la ficha de la Banca Trelles al Banco Ibercorp, presentó el martes un recurso de reforma. "No he dado este paso", indicó, "para oponerme a que se investigue; eso sería una interpretación falaz. Yo soy el primer interesado en que se investigue en Suiza todo lo que se quiera, sobre mí y sobre mis familiares, pero sí me opongo a que se juzque la misma cosa dos veces". El recurso redactado por el abogado de Rubio alega que el escrito del fiscal del juzgado número 6, en el que se basan los nueve folios de la comisión rogatoria que Coronado enviará a Suiza, "pretende que se entre de nuevo a investigar imputaciones que ya han sido objeto de un análisis detallado desde el año 1992 por el juzgado número 21". "El fiscal de dicho juzgado", alega Rubio, "no ha encontrado razón alguna para hacer ninguna acusación contra mí. No tienen, pues, nada que ver el que mi abogado se oponga a que se juzque la misma cosa dos veces y la investigación en Suiza, que soy el primer interesado en que se lleve a cabo".

El juez Coronado fue quién decretó la libertad provisional de Rubio, después de que el ex gobernador pasase 15 días en la cárcel de Alcalá Meco. Actualmente se encuentra en libertad provisional tras depositar una fianza de 10 millones de pesetas, acusado de delito fiscal y falsedad en documento público. Sin embargo, la comisión rogatoria recurrida va más. allá. El juez califica de "extrañas" algunas actuaciones del Banco de España bajo el mandato de Rubio, como la concesión de un crédito de 5.400 millones a Ibercorp y la venta a este mismo banco de la ficha de la Banca Trelles. También sospecha de actividades relacionadas con 29 sociedades supuestamente vinculadas a De la Concha.

"Ya está juzgado"

Para la defensa de Rubio, las acusaciones de tráfico de influencias y revelación de secretos en el caso Ibercorp "ya han terminado en sus diligencias previas". "El fiscal del juzgado 21 determinó que no había ninguna responsabilidad", alega el letrado, para quien la decisión de Coronado "no se ajusta a derecho", porque constituye una ampliación indebida, con imputaciones "ex novo" que requerirían, en todo caso, una expresa ampliación de querella.

Según la defensa, el fiscal y el juez, además de, invadir otra instrucción (el caso Ibercorp), plantean sospechas y conexiones temporales "carentes de fundamento y de la más mínima comprobación objetiva".

"Montar* una comisión rogatoria sobre puras conjeturas que ni siquiera han sido objeto de ampliación de querella, invocar supuestos delitos que en todo caso estarían prescritos, y otros que no existían en el momento de los supuestos hechos, incluir una lista de personas y sociedades contra las que no existe dirigido procedimiento alguno, y todo ello con invasión de la competencia atribuida desde hace años a otro juzgado, no es, desde luego, la mejor manera de asegurar el buen fin del auxilio internacional que se propone", alega en su recurso el abogado Rodríguez Mourullo.