Competitividad y reforma agriola

Cada vez hay un mayor consenso en la sociedad española respecto a que la competitividad de nuestros sectores productivos no se puede lograr sólo acudiendo a políticas macroeconómicas (reducción de la tasa de inflación, tipo de cambio, reducción de tipos de interés, etcétera), sino que además es necesario llevar a cabo reformas estructurales.Desgraciadamente, en nuestro país hemos tardado bastante en reconocer esta gran verdad, hoy admitida por todos, y hemos tardado más todavía en llevarla a la práctica. Ha habido que esperar unos cuantos años para empezar a creernos que esto de las reformas estructurales va en serio.

La agricultura, un sector más de nuestra economía real, cada vez más integrada en los circuitos económicos, no ha sido una excepción. Desde el programa de política agraria del ministro Lamo de Espinosa, ¡en l979!, no se había llevado a cabo ninguna iniciativa estatal de relevancia en materia de reforma estructural (hace por tanto 15 años).

Por fin, el Consejo de Ministros acaba de aprobar y remitir al Parlamento el proyecto de ley de modernización de las explotaciones agrarias, que ha tardado más de dos años en redactarse, después de que sus preparativos se iniciaran en la etapa del ministro Solbes, continuaran en la del ministro Albero y, finalmente, fuese presentada por el ministro Atienza. La elaboración de una ley de estas características no era fácil. Primero,por la propia complejidad del tema. Segundo, por las limitaciones impuestas por el reparto competencial Estado-CC AA (en agricultura hay muchas competencias transferidas a las CC AA) y por la política agraria comunitaria (PAC). Tercero, porque debía ser negociada con las comunidades autónomas, en el nuevo marco de cooperación establecido en la conferencia sectorial, y con las organizaciones profesionales agrarias, para garantizar el éxito de aplicación de la ley.

La necesidad de que en el sector agrario se produzcan mejoras estructurales es algo muy dificilmente discutible. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la deficiente estructura productiva de nuestra agricultura es uno de los principales obstáculos para que ésta afronte con éxito el nuevo reto de la competitividad.

Pero tan indiscutible es la necesidad de que se operen cambios estructurales en nuestra agricultura como cierto es que estos cambios no se están produciendo de forma espontánea. Así, aunque en los años ochenta el descenso de activos agrarios ha sido importante, la dimensión media de las explotaciones apenas ha aumentado. El efecto reestructurador de este proceso de disminución de la población activa agraria ha sido por lo tanto exiguo, a diferencia de lo ocurrido en Europa.

Las rigideces del mercado de la tierra, el escaso éxito del arrendamiento como instrumento movilizador de las tierras y la resistencia de muchos seudoagricultores dejar el cultivo de sus parcelas, aunque consideran la actividad agraria como algo totalmente marginal y a lo que no merece la pena dedicarle mucho esfuerzo ni atención, son algunas de las principales causas que explican por qué no se está produciendo el cambio estructural de forma espontánea, es decir, sin intervención pública.

El proyecto de ley define como modelo estructural en el que hay que concentrar los apoyos públicos el de la agricultura viable y profesional (dedicación a la explotación). Es lo que se conoce en el proyecto como explotación prioritaria. El número de este tipo de explotaciones, según nuestras estimaciones y aplicando los criterios propuestos para definirlo, es de 346.961, lo cual representa el 16% del total de explotaciones. En cuanto a las explotaciones hoy marginales, la idea que subyace en el proyecto de ley es que algunas de ellas puedan llegar a ser explotaciones prioritarias, para lo cual se establecen tres vías fundamentales: el incentivo a la constitución de explotaciones prioritarias asociativas mediante fórmulas muy flexibles, la eliminación de rigideces en el mercado de la tierra, especialmente la liberación de la actual legislación sobre arrendamientos rústicos, y la concesión de ayudas y beneficios fiscales para posibilitar el incremento de la base territorial de la explotación.

Las explotaciones muy eficientes o eficientes pero cuyo titular no es agricultor profesional no se consideran explotaciones prioritarias. Según nuestras estimaciones, se trata de 43.588 explotaciones, lo que supone el 2% del total, pero el 11,5% de la superficie agraria útil nacional. Es indudable que este tipo de explotaciones debe poder afrontar el reto de la competitividad. Lo único que es discutible es si debe ser objeto preferente de ciertos tipos de ayudas o no. La opción elegida por el proyecto de ley es razonable y en cualquier caso no impide el acceso de estas explotaciones a las ayudas de la PAC.

Quizá uno de los elementos más novedosos del proyecto de ley, y que supone una apuesta política valiente, es la utilización de la asignación o reasignación de derechos de producción a las explotaciones prioritarias, como instrumento para fomentar su constitución y contribuir a orientar la evolución estructural hacia el modelo deseado.

En la medida en la que un Estado miembro, como es el caso de España, tiene un grave problema estructural y un próceso de reestructuración bloqueado en los últimos lustros, se plantea la imperiosa necesidad de inducir, a través de todos los instrumentos posibles, la creación de explotaciones de mayor tamaño que el mercado no genera a causa de las distorsiones existentes en el mismo. Por ello, una de las batallas políticas más importante que nuestro ministro de Agricultura puede librar en Bruselas es aumentar el grado de autonomía en la asignación a cada agricultor de lo nuevos derechos de producción y en la definición de los criterio a seguir para realizar dicha individualización, respetando siempre los derechos de producción (hectáreas o cabezas de ganado a nivel nacional. El principio de subsidiariedad establecido en el Tratado de la UE aporta la bases jurídica necesaria para sustenta esta decisiva batalla.

Pero para que una estruptura agraria sea competitiva no basta con que las explotaciones sea de mayor tamaño y estén mejor configuradas sino que es necesario además mejorar y racionalizar su capitalización, y que a frente de ella se encuentren agricultores jóvenes y capaces. Par lo primero se ha optado por dirigir preferentemente las ayuda a la modernización de explotaciones, hacia las explotacione prioritarias. En cuanto a la instalación de jóvenes agricultores en explotaciones prioritarias, proyecto de ley ha establecido un conjunto de instrumentos beneficios de gran alcance. El riesgo de fracaso y las dificultades de un joven agricultor en su primera instalación son muy elevados, de ahí que consideramos muy positivo que, sabiendo la importancia que tiene la incorporación de población activa joven a la agricultura, se hayan pretendido crear las condiciones óptimas para garantizar el éxito. de la política de rejuvenecimiento de la población activa agraria.

A tenor de lo que ha pasado en los últimos 10 años (inmovilismo estructural), no es fáci creerse que en los próximos 10 años el número de explotaciones se reducirá fuertemente. Bien es verdad que el dinamismo que puede generar el nuevo marco de liberalización acordado en la Ronda Uruguay de GATT puede desencadenar cambios estructurales agrarios hasta hace poco impensables. De ahí la oportunidad histórica

del proyecto de ley.

Sin embargo, somos algo escépticos sobre el éxito de la aplicación de la ley. La culpa de este escepticismo la tiene la situación de desánimo de los agricultores Una de las condiciones para que el proceso de reestructuración se lleve a cabo es que los agriculto res tengan expectativas de futuro y crean en sus propias posibilidades y en las de la agricultura Ésta no es, por desgracia, la situación actual. El desánimo se ha instalado en nuestra agricultura. Si esta situación no se supera, el necesario proceso de inversión e innovación que toda reestructuración sectorial comporta no tendrá lugar, por muchas leyes que se aprueben.

Esperemos que la superación del actual estado de desconcierto, desánimo y desconfianza, a medida que las nuevas orientaciones de la política agraria se vayan asentando, impida que una de las más importantes iniciativas legislativas agrarias de los últimos 15 años se convierta en algo inútil.

José María Sumpsi Viñas es catedrático de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Madrid.