La falsa quiebra de la Seguridad Social

En un ejercicio que parece inducir más a la confusión que al debate, en los últimos meses, desde distintos sectores se están exponiendo múltiples opiniones que afectan al sistema español de Seguridad Social, mezclando temas de financiación, prestaciones y competitividad de la economía. Algunas de las opiniones, sin el menor atisbo de seriedad y rigor, aseguran una presunta quiebra del sistema, afirmación, que de ser cierta, justificaría la toma de medidas drásticas, modificando sustancialmente su actual estructura de gasto y financianción.Para tomar una decisión, nada mejor que intentar conocer la situación a través de las cifras, cuestión para la cual es necesario previamente definir lo que se entiende por Seguridad Social y el distinto carácter de sus prestaciones.

La legislación vigente muestra un modelo de protección social mixto, mezcla de prestaciones contributivas y universales. De acuerdo a la misma, las primeras se deberían asociar al pago de la correspondiente cuota (contingencias comunes y accidentes de trabajo, desempleo, formación profesional, etcétera), mientras, las universales, aquellas que recibe cualquier ciudadano por el hecho de ser español, se financiarían a través del sistema impositivo.

Así, la situación de la Seguridad Social en su apartado contributivo vendría dada por unos ingresos, resultado de la recaudación obtenida en concepto de contingencias generales y accidentes de trabajo (6,909 billones de pesetas), y unos gastos definidos por el pago de las pensiones contributivas y las incapacidades laborales (6,421 billones de pesetas).

De acuerdo a este supuesto y siguiendo las cifras de los PGE el segmento contributivo de la Seguridad Social ofrecería en 1994 un excedente de 488.000 millones de pesetas, conseguido incluso después de incluir dentro de las pensiones contributivas el total de los complementos a mínimos asignados a todos los regímenes (550 miles de millones de pesetas) asumiendo como gasto el total del coste de administración (142 miles de millones de pesetas).

Dentro del modelo utilizado, el resultado del segmento de prestaciones universalizadas (asistencia sanitaria, pensiones asistenciales, prestaciones familiares y servicios sociales) viene dado por la cuantía de las aportaciones del Estado. A la lista de la no existencia de ingresos propios en este apartado, algunos de manera interesada, podrían decir que la situación es deficitaria, sin embargo, cabría preguntar a estos sectores si consideran que existe déficit en los capítulos de defensa o los desarrollados en infraestructuras por el Ministerio de Obras Públicas que tampoco' mantienen ingresos propios.

Sería más acertado pensar que dentro del actual déficit del conjunto de las cuentas públicas, cada epígrafe debe asumir su parte alícuota, pasando la solución del mismo por el análisis detallado, no sólo de los gastos, sino también de los ingresos (casi cuatro puntos del PIB por debajo de la media comunitaria). Aunque en este tema es curioso que las opiniones más encarnizadamente agoreras de la quiebra del sistema son las planteadas por los más duros apóstoles de la desfiscalización, especialmente de las rentas de capital.

A pesar de lo esgrimido por aquellos que parecen tener mucho interés en deshacer el sistema público de prestaciones, especialmente el capítulo de pensiones, las cifras muestran que el segmento contributivo de la Seguridad Social no está en quiebra. En cuanto a las universales, dependiendo del nivel de prestación elegido, se deberá realizar una determinada asignación presupuestaria, a la que se deducirá la inyección de casi medio billón de pesetas recibida, actualmente, del segmento contributivo.

Esta afirmación no significa que el sistema no tenga problemas a los que probablemente se incorporen otros en un futuro próximo. Sin embargo, al no partir de una situación de quiebra inicial del sistema si se puede concluir que el grado y urgencia en la toma de decisiones de las mismas debe ser totalmente distinto.

Las futuras necesidades de financiación vendrán dadas por múltiples variables. Así, dentro de las prestaciones contributivas no serán ajenas el aumento de la población pasiva, el incremento de la esperanza de vida ni la actual tasa de sustitución de cuantías de las pensiones. Como tampoco lo será la necesidad de aumentar la baja tasa de ocupación de la economía española, la desequilibrada aportación de los trabajadores autónomos, el menor número de trabajadores empleados en el sector agrario, o, las profundas modificaciones que afectan a la estabilidad del empleo.

Se deberá decidir también cuál es el nivel de asistencia sanitaria, prestaciones familiares y servicios sociales, de igual modo que no se deberá olvidar el necesario esfuerzo a realizar para reducir el nivel de fraude fiscal existente en España, uno de los más elevados de la Unión Europea.

Ningún tema debe ser tratado de manera frívola, pero en este caso, debido precisamente al cúmulo de variables que se mueven, hay que ser especialmente cuidadoso. En unos momentos como los actuales en los que el concepto de competitividad absorbe de manera hegemónica tanto el lenguaje como la toma de decisiones, conviene recordar que a la misma se llega por distintas vías y, sobre todo, que a pesar de su importancia, no se puede maximizar a cualquier precio, olvidando objetivos como la solidaridad y la cohesión social.

Los empresarios recuerdan constantemente la necesidad de reducir la cuota del empleador para obtener mejoras en la competitividad, argumentando un supuesto peso desmesurado de la misma respecto a la existente en el resto de los países comunitarlos. El espacio disponible es excesivamente reducido para tratar temas de esta importancia, pero, convienen recordar dos conceptos en este apartado. Uno que los costes laborales son al suma de la cuota del empleador y el salario en nómina, por lo que cabe la posibilidad de que, en el hipotético caso de existir un mayor porcentaje en una de las partes, la situación ,más que se compense por la dimensión de la otra. El segundo, no existe ningún tipo de garantía de traslación a menores precios' de ahorro en cuotas sociales, mientras están aseguradas las tensiones inflacionistas provocadas por los beneficios.

Las modificaciones en las cotizaciones sociales tienen múltiples repercusiones que afectan, no sólo a la financiación futura de las prestaciones contributivas, sino también al funcionamiento del sistema productivo (utilización del trabajo y capital) y a la distribución de la renta entre los factores de producción (trabajo y excedente empresarial). Las medidas a tomar que afecten la financiación de la protección social deben contemplar este conjunto de variables, de otra manera puede que se produzcan perjuicios irreparables para la mayoría de la población. Baste como ejemplo mencionar, la pérdida de renta disponible para los asalariados en general y, especialmente, para los colectivos con menor renta que implicaría la sustitución de cotizaciones por impuestos indirectos.

Desde una perspectiva social, la existencia de prestaciones y servicios públicos que eleven el nivel de vida de los ciudadanos es uno de los principales logros del Estado de bienestar y, por tanto, su defensa se convierte en asunto fundamental de cualquier organización que pretenda llamarse progresiva o izquierdistas, término que algunos utilizan de manera peyorativa y que, sin embargo, a nosotros nos honra.

Desde estos criterios, y siendo conscientes de la necesidad de prevenir y solucionar los problemas que puedan ir apareciendo, la defensa de un sistema de prestaciones contributivas de reparto supone la mejor opción para garantizar un nivel de prestaciones digno y sostenible en el tiempo en un marco de solidaridad personal e intergeneracional. A esta situación, se debe añadir el objetivo de conseguir un nivel de prestaciones universales cada vez más cercano a la media comunitaria.

Por último, sin olvidar las opciones individuales que cada persona desee y pueda pagar, los fondos de pensiones colectivos, fruto de la negociación colectiva complementarían el grado de protección en pensiones.

Cualquier debate que se presente tiene que tener en cuenta todas las variables mencionadas, no debiéndose plantear desde presupuestos falsos o utilizando planteamientos parciales o coyunturales. De otra manera, tras una supuesta defensa de los intereses de los ciudadanos, puede encubrirse tan sólo el deseo de acabar con un modelo de financiación colectivo y público para pasar a otro individual y privado, en el que los mayores beneficios no sean otros, sino las instituciones financieras y entidades aseguradoras (gestión de siete billones anuales acumulables en el tiempo).