Solbes exige a Leguina control en las cuentas del transporte para recibir subvenciones

VIENE DE LA PÁGINA 1El nuevo contrato programa por firmar para subvencionar desde el Estado los transportes públicos de Madrid y Barcelona, en el que se detallan cada una de las obligaciones de las distintas partes implicadas, se plasmará cuando a partir del próximo 23 de septiembre la secretaría de Estado de Hacienda cierre los presupuestos generales ahora en plena negociación.

En cualquier caso, fuentes del ministerio confirmaron las pretensiones de Solbes de empezar a controlar "los costes y el endeudamiento disparado" del sistema de transportes tanto en Madrid como en Barcelona.

"En esto estamos por delante de los catalanes y es Jordi Pujol el que va a copiar el modelo de nuestro Consorcio de Transportes", declaró ufano Julián Revenga, el consejero de Transportes de Joaquín Leguina, en presencia de la presidenta de Renfe, Mercè Sala, que ratificó sus palabras.

En Madrid, por ejemplo, las aportaciones estatales al transporte colectivo no han dejado de aumentar. La subvención que en 1990 se cifró en 17.164 millones, fue de 18.526. millones en 1991, subió a 19.787 millones en 1992 y a 21.074 millones en 1993. En 1994 se pedían 24.500 millones. El Estado ha cumplido siempre fielmente sus pagos, pero el Consorcio de Transportes no ha podido incrementar -por la crisis económica o las sucesivas huelgas- los viajeros y las tarifas al nivel que se marcaba en ese contrato-programa.

Viajes subvencionados

El Ministerio de Economía quiere renovar sus subvenciones por cada viaje que se produce en transporte público en Madrid y Barcelona, pero de manera "más disciplinada". Economía comenzó por aportar 20 pesetas por cada viaje en 1990. Esta cifra se revisaba anualmente según el índice de precios al consumo y otros baremos y el año pasado se situó en 23,7 pesetas de ayuda por cada billete expendido. Las previsiones del Consorcio Regional de Transportes de Madrid habían colocado la subvención de este año ya en 25 pesetas por cada viaje efectuado.

Con la alternativa de financiación en estudio, el ministerio concederá a partir de ahora 18 pesetas por cada víaje a fondo perdido. Esta cantidad es la que ya se fijó este año en los presupuestos generales del Es tado. El resto, según el consejero de Transportes madrileño, Jullán Revenga, hasta las 25 pesetas reclamadas, se tendrá que destinar a inversiones y reposición de materiales con el objetivo de generar nuevos empleos. Revenga asegura que la Comunidad de Madrid ya dedicaba inversiones superiores a esas cantidades y que, por tanto, no saldrá perjudicada.

El consejero madrileño añadió que al margen de este convenio está negociando también con Hacienda la renovación del programa con el que se sufragan las obras de ampliación del Metro. La Comunidad de Madrid quiere una aportación estatal de 6.000 millones anuales durante ocho años.

Por otra parte, las negociaciones del nuevo contrato-programa del transporte público del área metropolitana de Barcelona están condicionadas por un factor fundamental: la incorporación, por primera vez, de la Generalitat al acuerdo y la decisión compartida de todas las administraciones de implantar en Barcelona el mismo modelo de Consorcio de Transportes que se aplica en Madrid desde 1986. En el barcelonés, sin embargo, no estará por ahora Renfe.

El anterior contrato sólo fue suscrito por el Gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona y la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT), un organismo local que agrupa a 18 municipios de Barcelona y su entorno, creado en 1987. La Generalitat no participó, pese a que ejerce las competencias en materia de transporte, incluida la aprobación de las tarifas.

El problema fundamental de la enorme deuda de los transportes de Barcelona es que desde 1985 todas las inversiones en compra de material móvil -42.000 millones para nuevos trenes- han recaído sobre las empresas, que se han visto obligadas a acudir a créditos.

La segunda causa es el incumplimiento, por parte de la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT), de los compromisos que contrajo en el anterior contrato-programa. La EMT no ha pagado nada de lo que firmó y debe unos 33.000 millones.

Esta entidad apenas tiene ingresos. El Gobierno catalán tiene una gran responsabilidad en ello, pues fue CiU quien impuso la creación de la EMT en el Parlament, pero nunca le ha transferido dinero alguno. La entidad. metropolitana, además, es propietaria y accionista única de las compañías de metro y autobuses, que el Ayuntamiento de Barcelona le traspasó en 1990, quitándose de encima el muerto.

Esos 96.500 millones de deuda -una carga de 13.000 millones anuales de intereses- revientan la cuenta de explotación de las compañías, que de otra forma sería positiva.