El alcalde volvió a soltar al toro embolado un después para demostrar que no había sufrido

El toro embolado de Torres de la Alameda (3.300 habitantes) debió aprenderse muy bien el camino de los toriles a la arena porque lo recorrió seis veces. El lunes fue el cuarto toro de la capea, el embolado y el ensogado. El martes, el alcalde, el socialista Antonio Rodríguez, dio, una sorpresa a sus vecinos en la capea: el animal es taba vivo y lo sacaba para de mostrar que estaba en buenas condiciones. Por otra parte, el alcalde torresano fue juzgado ayer por un presunto delito de prevaricación. La vista oral se aplazó hasta el próximo jueves por falta de tiempo.El toro, que el lunes fue embolado volvió a formar parte de la capea del martes. El alcalde aprovechó su presencia para dirigir una arenga a los asistentes. "Explicó que lo había indultado para que la gente y la prensa vieran que no había sufrido ningún daño y tenía los cuernos íntegros", aseguró a EL PAÍS una persona que prefiere mantener su anonimato y estaba presente en el ruedo. "Dijo que era una tradición y que debían dejar de hacer campana en contra porque si seguían así iban a acabar con las fiestas", añadió la misma fuente. Después de la demostración el astado volvió al toril con los cabestros. El Consejo de Protección Animal anunció ayer que denunciará a la delegación del Gobierno, al alcalde y a la guardia civil de Torres de la Alameda por permitir la suelta del toro embolado.

Los grupos municipales de oposición en Torres de la Alameda mostraron ayer su apoyo a la celebración del toro embolado.

Prevaricación

El alcalde de Torres se sentó ayer en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación Durante el juicio, que se desarrolló en la Audiencia Provincial, la acusación aseguró que Rodríguez dictó dos resoluciones injustas: un decreto de alcaldía ordenando abrir un expediente urbanístico a Francisco Casero y una sanción de tres millones de pesetas cuando la ley de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid no permite multar con más de 1,5 millones de pesetas a los Ayuntamientos que no superan los 50.000 habitantes. Casero aseguró que la penalización se impuso por un exceso de edificabilidad que ya estaba resuelto hacía años y que se produjo poco tiempo después de que se incluyera su nombre en la candidatura de Asociación de Vecinos Independientes. Rodríguez afirmó que no conocía las leyes urbanísticas y que se limitó a firmar.