González asegura que los pactos con CiU no corren peligro

El secretario general del PSOE, Felipe González, aseguró ayer ante la comisión ejecutiva federal socialista que los pactos parlamentarios con Convergència i Unió (CiU) no corren peligro. Felipe González inició, con la reunión de ayer en la sede central del partido y con la que hoy celebra en el Congreso con el Grupo Parlamentario Socialista, la puesta a punto de la maquinaria electoral ante los comicios locales y autonómicos de mayo.

La reunión de la dirección socialista, que convocó el Comité Federal -órgano máximo del partido entre congresos- para el próximo día 17, discutió un documento sobre la situación política, una de cuyas bases es la ofensiva contra la oposición del PP y CiU, y abrió el complejo debate sobre el pacto municipal, que será uno de los ejes del programa electoral del PSOE. El Comité Federal pondrá en marcha el proceso interno para elegir los candidatos a las alcaldías para los comicios de mayo.González puso especial interés en reafirmar la "fortaleza y la estabilidad" del pacto parlamentario con los nacionalistas catalanes. Los dirigentes socialistas respaldaron unánimemente el pacto con CiU que, según había adelantado horas antes el secretario de Relaciones con las Cortes, Enrique Guerrero, mantiene una "relación de equilibrio inestable" por la inexistencia de un pacto de legislatura entre el Gobierno y CiU.

La dirección socialista, en línea con la posición del Gobierno, situó las diferencias suscitadas la pasada semana sobre los fondos de cohesión y régimen fiscal de las pequeñas empresas en un momento coyuntural de negociación.

Próximamente González y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, mantendrán un nuevo encuentro en la Moncloa para ratificar los acuerdos parlamentarios y preparar la actividad de los próximos meses. El miércoles, en pleno conflicto parlamentario, ambos ya habían hablado por teléfono.

La dirección del PSOE abordó también la situación en Cantabria e instó al secretario general de la región, Jaime Blanco, a que busque el consenso con los demás partidos para encontrar un candidato que permita la rápida salida de Juan Hormaechea del Gobierno regional, incluso con el sacrificio de sus aspiraciones partidistas.

Pero la Ejecutiva federal dedicó la mayor parte de la reunión a analizar su postura ante el acoso por el caso Palomino y pasar a la ofensiva política. La denuncia de la pinza en que, según los socialistas, tratan de envolverles PP e IU será una de las bases estratégicas del PSOE. Esta es, al menos, la deducción que se saca de la reunión de ayer y de la posición adelantada por el presidente del Ejecutivo el pasado fin de semana en Cáceres. La otra línea de actuación va a ser la denuncia sistemática de la gestión del PP en las comunidades y municipios en que gobierna.

"La triple I"

Como en un ensayo de la política de ataque, el secretario de Organización del PSOE, Cipriá Ciscar, manifestó tras la reunión de la Ejecutiva, que "Aznar está situado en la triple I de las insidias, las insinuaciones y las irresponsabilidades. La erosión es legítima, pero desde la triple I es la mayor falta de respeto al funcionamiento democrático". Poco antes, el secretario de Relaciones con las Cortes, Enrique Guerrero, acusó a José María Aznar de estar haciendo un flaco favor al crecimiento económico cuando en unas; jornadas del Financial Times puso "dudas, limitaciones, sospechas e incertidumbres sobre la situación económica española" ante expertos económicos internacionales.

Los socialistas tratan también de neutralizar los efectos del caso Palomino. La cadena de comparecencias de altos cargos que esta semana informarán en el Congreso así como la del ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, pretenden disipar definitivamente las sospechas existentes desde sectores de la oposición de trato de favor de la Administración central a la empresa CAE.

El pacto municipal no se cerró ayer. El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue explícito al manifestarse contrario a que las comunidades autónomas deleguen competencias a los ayuntamientos. A su juicio, el traspaso de competencias impediría "el desarrollo integral de una región y puede hacer imposible la solidaridad". El jefe del Gobierno extremeño dijo, a modo de ejemplo, que si se delegara en los ayuntamientos las competencias de vivienda, "la Junta de Extremadura se quedaría sin presupuestos para construirlas y sólo los ayuntamientos grandes podrían hacerlo".