El fiscal acusa al alcalde de Córdoba de cometer múltiples irregularidades

El fiscal y la acusación privada intentaron sin éxito ayer la suspensión de la vista oral en la que se juzga al alcalde de Córdoba, Herminio Trigo (Izquierda Unida), y al ex primer teniente de alcalde Dionisio Ortiz, acusados de dos delitos de prevaricación, por contratar los servicios del di rector del Gran Teatro, Francisco López, y por permitir la apertura de una cuenta corriente municipal de la que sólo disponía López, y que escapaba del control y fiscalización del interventor y del tesorero del Ayuntamiento. El fiscal dijo que Trigo cometió "demasiadas irregularidades" en ambos casos.

El fiscal pide para Trigo 18 años de inhabilitación especial -y nueve años de la misma condena para Ortiz, al que no acusa de la "irregularidad" de la cuenta bancaria. La acusación privada pide 12 años y dos días de inhabilitación especial para ambos.La suspensión se solicitó cuando, antes del inicio del juicio, el abogado defensor, Filomeno Aparicio, aportó a la causa un certificado del interventor del Ayuntamiento de Córdoba en 1987, Pedro González, ya fallecido, en el que autorizaba la apertura de cuentas corrientes a nombre del Ayuntamiento y como única firma, la del responsable del departamento.

Trigo declaró que, a la vista del informe de la intervención, autorizó que se abriera una cuenta corriente a nombre de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, que se nutría de fondos municipales, de la que sólo disponía con su firma Francisco López. En esa cuenta se ingresaban las cantidades con las que se pagaba a los artistas que actuaban en el Gran Teatro.

En cuanto al otro asunto, los acusadores mantienen que Trigo y Ortiz, contrataron a López para cubrir la plaza vacante de técnico de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Córdoba hasta que ésta se ocupara, sin atender los principios recogidos en la Ley de Base de Régimen Local referidos a la publicidad de la convocatoria, y al mérito y capacidad de los aspirantes.

Funcionario de Educación

El alcalde cordobés declaró que se había contratado al director del Gran Teatro en comisión de servicio, dada su categoría de profesor agregado dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.Trigo añadió que la Ley de la Función Pública andaluza permite el traslado de personal en comisión de servicio sin que para ello haya que hacer una convocatoria pública y sin que el aspirante tenga que demostrar su mérito y capacidad, condiciones éstas ya conocidas por la Administración.

Tras la contratación en agosto de 1986, la junta de personal y el comité de funcionarios impugnaron ese contrato. En el año 1989, el Consejo de Estado certificó que correspondía revocar de oficio el acuerdo de la alcaldía. Trigo anuló entonces la contratación, pero le nombró asesor del área de Cultura como funcionario de empleo. Ortiz está acusado de renovar el 1 de agosto de 1987 el contrato al director del Gran Teatro cuando venció el de un año decretado por Herminio Trigo.