Último asalto para penalizar la difusión de escuchas ilegales

El Congreso tiene previsto ratificar en fecha próxima la reforma parcial del Código Penal, aprobada por el Senado, por la cual se prevé prisión menor en su grado mínimo (desde seis meses y un día hasta dos años y cuatro meses) para los que divulguen lo descubierto a través de escuchas ilícitas, aunque las personas afectadas no hayan tomado parte en ellas.El asunto divide a juristas y profesionales del periodismo porque afecta a dos derechos que gozan de idéntica protección constitucional: el secreto de las comunicaciones y la libertad de expresión e información.

La proposición originaria para dicha reforma parcial del Código Penal, que tuvo su origen en el Partido Popular, no pretendía penalizar a los que difunden escuchas, sino a los autores de las mismas. En medio de los trámites parlamentarios, el PSOE propuso castigar también a los que divulguen lo descubierto por medio de escuchas ilícitas, aunque no tomen parte en ellas.

Eso fue apoyado en el Congreso por todos los grupos parlamentarios. Pero el PP cambió de criterio en el Senado y se abstuvo de apoyar ese punto.

A la negativa del PP se suman ahora las dudas de Izquierda Unida. Uno de sus portavoces, Diego López Garrido, afirma: "En un sentido de política criminal, está claro que si se quieren evitar los pinchazos ilegales hay que penalizar la difusión, porque la mayoría de las escuchas se hacen para divulgarlas".

"Es discutible que eso impida publicar informaciones que, por su relevancia, deberían conocerse. La solución podría ser añadir una referencia al secreto profesional de los periodistas". Pero no está claro que con ello pueda resolverse el pleito. Se observan muchas dudas en las empresas periodísticas y entre los juristas.