Los dueños de la Canciller dicen que hay una "persecución" municipal

La sala Canciller, antiguo templo de la música heavy sito en el número 15 de1a calle del Alcalde López Casero (Ciudad Lineal), lleva dos semanas abriendo de jueves a domingo tras año y medio de cierre. Pero los dueños no respiran tranquilos. Denuncian que el concejal del distrito, Jorge Barbadillo (PP), les tiene sometidos a un acoso en toda regla, motivado por intenciones electoralistas y prejuicios personales.

Ayer mismo recibieron la visita de cuatro funcionarios municipales. "Barbadillo está empeñado en cerramos y no acepta siquiera la opinión de los jueces", comentaba, indignado, Sócrates Pérez, gerente y propietario del local. Hacía referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que permitió el derribo de¡ muro que, por orden municipal, clausuró la entrada de la sala durante 18 meses. "A él y a dos o tres vecinos caciques no les gustan los pelos largos ni las camisetas de los clientes, pero son personas tan dignas como cualquier otra", concluye. "Si aquí actuase la Pantoja, otro gallo nos cantaría", concluye.El edil no estaba ayer localizable. Pero en declaraciones a este periódico del 28 de febrero pasado argumentaba que inspectores de Protección Civil han detectado varias deficiencias de seguridad, entre las que enumeraba la falta de un sistema de extinción automática de incendios y de puertas de salida debidamente compartimentadas.

30 millones

El local -de unos 2.000 metros cuadrados- posee además, según él, desniveles con menos de tres escalones, y una pista situada a casi ocho metros de profundidad (un tercer sótano), cuando no puede tener más de cuatro. Sin embargo, el cierre, en palabras del munícipe, se produjo por la existencia de elementos distintos a los autorizados en la licencia".

A ello responde Pérez: "Se aprovechan de informes de Protección Civil para salas nuevas, mientras que ésta es de 1964 y en sus planos aparece un local así". Esgrime además una comunicación municipal del 16 de septiembre de 1993, en el que se afirma que la inspección de Protección Civil del 8 de agosto de ese mismo año consideraba subsanadas las deficiencias observadas en una visita del mes de marzo anterior. "Para ello nos gastamos 30 millones de pesetas en unas obras de acondicionamiento que incluyeron la instalación de detectores de incendios, la ampliación de las mangueras, el compartimentar puertas y la construcción de una salida directa a la calle desde la planta segunda", asegura.

El caso es que, para el edil, el local cumplía la normativa antigua sobre incendios, pero una vez que los dueños solicitaron hacer obras, fue necesario exigir el cumplimiento de la actual, más dura. A eso se oponen ellos, y en pleitos están. "Estamos dispuestos a llegar hasta el final", dice Pérez.