Educación obliga a los colegios privados a aceptar ninos marginados

L. O. El Ministerio de Educación quiere poner firmes a los colegios concertados (privados que reciben subvenciones públicas). El proyecto de ley de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes incluye la obligación de las escuelas que se financian con fondos públicos a reservar un determinado número de plazas (en función de la zona en la que se encuentran) para niños con necesidades educativas especiales (disminuidos) o pertenecientes a minorías étnicas o culturales.. La ley se debatirá el jueves en el pleno del Consejo de Estado de Educación y el Gobierno la aprobará en marzo, para enviarla al Congreso.

Una de las quejas que los directores de colegios y asociaciones ciudadanas de los distritos del sur han expresado al secretario de Estado de Educación, Álvaro Marchesi, estriba en la acumulación de niños con problemas en los centros públicos, mientras los concertados de la misma zona no aceptan ni un solo niño gitano, por ejemplo. De esta forma, aducen, la calidad de la enseñanza que los centro públicos -no se pueden negar a escolarizar a ningún niño-pueden ofrecer con respecto a los privados de la misma zona, aunque dispongan los primeros de mejores instalaciones, se ve mermada.

A pesar de que la ley regirá para todo el Estado (incluso en aquellas comunidades que tienen transferidas las competencias de Educación) esta medida concreta influirá muy notablemente en los distritos del sur de Madrid, los que mayor tasa de fracaso escolar tienen.

Redistribución de minorías

Para llevar a cabo esta redistribución de las minorías entre los centros de forma proporcional, Marchesi asegura que se dotará a todos ellos de los medios necesarios para atender a los niños con necesidades especiales (psicopedagogos, profesores de apoyo).Para calcular cuántas plazas habrá que reservar en cada centro para estos chiquillos, el ministerio evaluará las dotaciones educativas de cada zona y la demanda de escolarización de niños desfavorecidos. Se establecerá así el número máximo de plazas que se destinarán a estos menores. Una vez cubiertas, el colegio no podrá aceptar más niños especiales. Para los más pequeños (hasta seis años, la educación no es obligatoria y, por tanto, en los colegios privados los padres tienen que pagar por la enseñanza) se pondrá en marcha un sistema de financiación para que los niños desfavorecidos vayan gratis al colegio.

Los colegios que se nieguen a aceptar a un chaval gitano o deficiente, aun disponiendo de plazas para ellos, podrán ser sancionados (con multas que Marchesi calcula entre las 250.000 y 1.500.000 pesetas), e incluso se le llegaría a retirar la subvención si no hubiera conciliación.