Justicia de segunda

HABLAR DE justicia gratuita suele ser sinónimo, entre jueces y abogados, de justicia de segundo orden. Pero de ellos depende, en lo esencial, que no lo sea y que tenga la misma calidad y eficiencia para todos los ciudadanos, con independencia de que posean o no recursos económicos.Desde hace 11 años, el Estado asume un importante coste económico a cuenta de la asistencia letrada al detenido y del llamado tumo de oficio "respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar", según el texto constitucional. Ahora, el Ministerio de Justicia e Interior ha dado luz verde a un proyecto que amplía la financiación pública al asesoramiento jurídico previo y al pago de peritos y depósitos. Era algo que se echaba en falta. Pero no sólo eso. También se han revelado insuficientes los mecanismos de control sobre el fraude -el 30% de los casos- y sobre los abusos cometidos por los abogados en la prestación del servicio. El proyecto ministerial pretende dar respuesta igualmente a esos problemas. A diferencia de anteriores intentos fallidos, ahora lo hace con la aquiescencia y colaboración de los colegios de abogados.

El proyecto puede ser mejorado a su paso por el Parlamento. El techo económico de los beneficiarios de la justicia gratuita -el doble del salario mínimo interprofesional- se ha quedado demasiado bajo respecto de anteriores propuestas de elevarlo al cuádruple de ese salario. Izquierda Unida, promotora de la iniciativa legislativa que está en el origen del proyecto del Gobierno, pretende que la gratuidad llegue hasta los ciudadanos que ganan el triple del salario mínimo.

Pero la justicia gratuita no sólo es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y para ello es fundamental el compromiso responsable de quienes la imparten o coadyuvan a impartirla: jueces, abogados, procuradores de los tribunales... Las denominadas comisiones de asistencia jurídica, integradas por dichos profesionales y por representantes de la Administración, ofrecen el marco adecuado para ese compromiso. Según el proyecto, corresponderá a dichas comisiones el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita, así como el control administrativo y colegial de los posibles abusos y casos de fraude. En sus manos está que la justicia gratuita deje de ser la justicia de segundo orden que según jueces y abogados venía siendo.