Televisión privada, pero menos

EL MODELO televisivo español se ha convertido en un laberinto plagado de trampas. El furor ordenancista de los sucesivos ministros se ha traducido en cinco leyes que están en vigor (la de Ordenación de Telecomunicaciones, el Estatuto de RTVE y las que regulan los canales autonómicos, las televisiones privadas y las emisiones por satélite), a las que se suman otros tres proyectos legislativos en vía de salida: uno nuevo para el satélite, otro para el cable y un tercero para las televisiones locales. Toda una maraña legislativa que, por lo demás, se ha violado reiteradamente sin que pase nada. Basta contemplar la situación accionarial de dos de los tres concesionarios de la televisión privada.Durante las últimas semanas hemos asistido a una auténtica carrera de ayuntamientos y comunidades autónomas por convocar concursos para cablear sus territorios antes de que la ley sea aprobada por el Parlamento. Las promesas al respecto del alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, ponen de relieve con qué alegría están dispuestos algunos ediles a utilizar el erario público al margen de los intereses de los ciudadanos. Como última guinda del pastel televisivo, el grupo público Teneo ha anunciado la compra de un paquete de acciones de Antena 3, en una operación dudosa desde el punto de vista legal e inadmisible para la decencia política. Mientras las empresas y los particulares están obligados por una norma que les impide tomar participaciones directas o indirectas en dos canales privados, el Estado, que ya opera dos televisiones con una abundante sangría en el presupuesto, que roza los 100.000 millones de pesetas anuales, decide poner un pie en Antena 3.

Un sector industrial decisivo para las sociedades avanzadas como es el audiovisual, anda así sin rumbo fijo en España, gracias principalmente a los excesos intervencionistas de los poderes públicos y a la escasa claridad de ideas sobre lo que se juega en este envite por parte de los principales responsables políticos. Ciertamente, la base del propio modelo español no permite grandes expectativas: mantener ingentes subvenciones a las televisiones públicas al mismo tiempo que compiten con las privadas en la contratación de publicidad y de programas es una forma más de dañar directamente la competitividad de las empresas españolas. Con pólvora del rey se ha puesto por las nubes el mercado televisivo y se han hundido las tarifas publicitarias en una carrera suicida de rebajas. A todo ello han contribuido sin duda las propias televisiones privadas, pero ha de reconocerse al menos que éstas no pueden apelar al presupuesto para sanear sus pérdidas.

Ahora, mientras el Gobierno pide a los contribuyentes que se rasquen el bolsillo para cubrir el déficit de la televisión pública, decide destinar una parte de los beneficios del grupo público Teneo a adquirir acciones de Antena 3 a través de la compañía eléctrica ENDESA y la aseguradora Musini. El argumento de que las empresas de Teneo viven de sus propios recursos, y no del presupuesto del Estado, no se tiene en pie. Lo efectivo y cierto es la dependencia jurídica y política de ese grupo respecto del Gobierno. Pero hay más: los beneficios de ENDESA se deben en gran parte a una política de tarifas protegidas por el Gobierno, que hace que la energía eléctrica cueste a los españoles más de lo debido. La productividad de nuestras empresas y las economías domésticas están penalizadas- por la arrogante imposición de unos precios eléctricos fuera de mercado. Mejor sería que, ENDESA bajara sus tarifas en vez de dilapidar el excedente en inversiones que sólo se justifican desde el miedo a los medios de comunicación.

La alegría con que varias empresas públicas anuncian su diversificación en el mundo de las comunicaciones y los multimedia justo cuando empieza a abrirse camino su liberalización, permite preguntarse sobre la mínima coherencia lógica que anima los propósitos del Gobierno. La irrupción del INI en el terreno de la iniciativa privada es, al menos, la de un elefante en una cacharrería. Y los propósitos modernizadores del Ministerio de Economía nada tienen que ver con medidas como las que comentamos, afincadas en el intervencionismo y el abuso. Lo más curioso es que él PP, tan liberal en todo, en este caso calla y sonríe. Por algo será.