'Réquiem' por el INI

En 1941 se creaba el Instituto Nacional de Industria (INI) para "propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y resurgimiento de nuestra industria". Desde entonces ha llovido mucho. (más de medio siglo da para mucha agua, a pesar de las sequías) pero el Instituto ha sobrevivido adaptándose a realidades de muy distinto signo político y económico. Ahora, curiosamente, es el Gobierno de un partido socialista quien firma su acta de defunción.El INI, y con él el resto de la empresa pública, ha visto cómo, según corría el tiempo, su papel se descafeinaba y perdía peso, incluso en los discursos de los responsables políticos. Con Suances, el Instituto fue "la vanguardia, la retaguardia y los flancos de la industria española". Para López Bravo, en cambio, éste ya sólo era "vanguardia y retaguardia". Ahora Eguiagaray considera que hay que reducir el tamaño del sector público, empresarial en la industria (privatización), y en coherencia, liquida el INI y el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), sustituyéndolos por una sociedad de cartera, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y una agencia para la reconversión (AIE).

Pero esta reestructuración de la mayoría de participaciones públicas en empresas industriales no es un simple cambio de nombres. Con ella desaparece la empresa pública cómo instrumento de política industrial. Las funciones legales del INI (y del INH) de impulsar, coordinar y controlar o, en su caso, ejecutar las actividades del sector público empresarial para alcanzar los fines que se le encomienden, se diluyen sobre una nueva estructura desvinculada de metas industriales y centrada, por el contrario, en el único objetivo que 'parece tener hoy por hoy la política económica: reducir aceleradamente el déficit público. En una carrera donde las fechas, como en el santoral, cobran un poder mágico y la convergencia de calendario se impone a los ritmos de la economía real.

En erecto, la función principal de la SEPI es puramente financiera: dedicará preferentemente los recursos que obtenga de sus empresas a amortizar la deuda histórica del INI. Complementariamente, la AlE intensificará el ajuste y saneamiento de las empresas sometidas a contrató -programa en aras de reducir su vinculación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

. Esta reestructuración guarda ciertos paralelismos con la llevada acabo previamente entre las empresas públicas financieras. Pero sobre todo resaltan sus diferencias, que ponen de manifiesto lo incoherente de la reestructuración en marcha. La constitución de la Corporación . Bancaria de España (Argentaria) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como agencia financiera del Gobierno y banco de desarrollo llevó aparejada la asimilación por parte de esta última de los créditos dudosos que acumulaban los bancos de Argentaría (y que tenían su origen fundamentalmente en la reconversión industrial). Medida lógica si se considera la voluntad de hacer de Argentaria un banco competitivo, desde el principio.Por el contrario, los 700.000 millones de pesetas de deuda histórica del INI (igualmente generados fundamentalmente por la reconversión) se desvinculan de los PGE y se cargan sobre las empresas públicas industriales con posibilidades de competir en los mercados, lo cual es ciertamente contradictorio, puesto que su amortización será una rémora para su, desarrollo. En consecuencia, a pesar de que el origen de esta deuda se encuentra en decisiones políticas (de ahí su adscripción a los presupuestos) y no empresariales, deberá ser resarcida por los trabajadores y el resto de los accionistas de estas empresas.

No deja de ser curioso, por otro lado, que el Ministerio de Industria y Energía, que ha reconocido al lobby eléctrico una deuda por la moratoria nuclear de 800.000 millones de pesetas (que pagarán todos los españoles a través de un recargo regresivo en la tarifa eléctrica), otorgue, en cambio, a la empresa pública un trato tan distinto.

En cualquier caso, la liquidación del INI es el broche de oro de un planteamiento ideológico que a lo largo de 13 años de gobierno ha preferido la privatización a la gestión pública de los medios de producción. Atrás queda ya un organismo que indiscutiblemente ha contribuido al desarrollo industrial y económico del país y que ha cumplido con sus objetivos a pesar de que éstos han sido muy diversos e incluso, a veces, contradictorios.

Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. Hoy tenemos una industria con el más bajo nivel de ocupación de su historia, que ha destruido más de medio millón de empleos durante la última crisis y que registra un déficit comercial en démico. Las empresas españolas son, por lo general, pequeñas para competir en los mercados internacionales; invierten poco en I + D y formación; no existen multinacionales de capital nacional, aunque sí una fuerte presencia de las de capital foráneo, y el INI constituye la única concentración importante de capital industrial.

En este contexto, se elimina el INI porque supuestamente ya no hace falta mejorar la industria española a través de la intervención pública directa. Para algunos, los más superficiales, será simplemente la, desaparición de un órgano creado por Franco. Aunque si por esta lógica fuera, muchas otras instituciones creadas o instauradas por el franquismo tendrían igualmente que desaparecer. Para otros supone, en cambio, la eliminación, dentro de la vorágine de los escándalos, de un instrumento capaz de actuar sobre los problemas estructurales de la economía real.Carlos Martín Urriza es economista del gabinete técnico confederal de Comisiones Obreras.