Europa y el Mediterráneo

¿Tiene la Unión Europea una política para el Mediterráneo? Si se examinan las relaciones entre las dos orillas desde principios de los años sesenta queda claro que esa política existe, pero es única y exclusivamente mercantil: enriquece al Norte y empobrece al Sur. Y, sin embargo, se la podria haber transformado. al menos en tres ocasiones para que constituyese una verdadera estrategia de ayuda al desarrollo del Sur.En primer lugar, con el establecimiento entre 1972 y 1980 de la política llamada "global" de la CE para terceros países mediterráneos. Se firmaron acuerdos de cooperación que destacan cuatro aspectos (cooperación comercial; tecnologia e investigación y desarrollo; mano de obra; marco financiero) con el Magreb en 1976, y con el Mashrek y Yugoslavia, en 1980. Pero, en lugar de articular el contenido de esos acuerdos en torno a un proyecto de ayuda coherente y de refuerzo del flanco meridional y oriental del Mediterráneo -dentro de una perspectiva capitalista racional e ilustrada-, fueron unas propuestas de común acuerdo, a corto plazo y sin efectos de arrastre.

El objetivo podría haber sido favorecer siquiera el surgimiento de un mercado en el Sur; pero sólo se procuró obtener beneficios inmediatos, a ser posible en moneda contante y sonante. Eso tuvo varias consecuencias: una debilidad global de los intercambios, con una tendencia a la baja (así, entre 1981 y 1989 disminuyeron un 13%); una fuerte desigualdad de, estos intercambios, con un consiguiente aumento de la dependencia y un déficit comercial permanente del Sur.

En cuanto a la ayuda financiera que acompañaba a cada proposición de acuerdo, demostró ser tan ineficaz como inadecuada: los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se concedieron con las condiciones del mercado privado; las ayudas no reembolsables (una quinta parte del total) fueron utilizadas en gran parte para bonificaciones de intereses, y un porcentaje elevado de los préstamos en realidad beneficio sobre todo a las empresas europeas (dos tercios de los créditos asignados a los mercados públicos). Este balance negativo no procede de ningún organismo tercermundista: fue establecido por una de las instituciones de la propia Comunidad, el Comité Económico y Social Europeo.

Eso llevó al segundo ajuste, concebido en 1990 y puesto en práctica a lo largo del periodo 1992-1996 con el significativo nombre de Política Mediterránea Renovada. Abarca dos terrenos. En primer lugar, el del planteamiento conceptual: surgen las ideas de "codesarrollo', y "asociación", que permiten creer en la puesta en práctica de objetivos de desarrollo comunes, pero que, en realidad no modifican en nada las relaciones estrictamente mercantiles que existen. A continuación, el de los proyectos concretos: programas sectoriales como MedUrbs, Med-Campus, Med-Medias y Med-Invest, cuyo objetivo es implicar directamente en el "codesarrollo de ambas orillas" a las estructuras intermedias de las empresas afectadas (autoridades regionales, comunidades locales, mundo asociativo), así como -y eso parece lo más importante- al sector privado.

Resulta prematuro hacer un balance exhaustivo de estos programas. Pero, en vista de su funcionamiento en estos últimos años, ya se puede señalar que parecen mucho más destinados a servir de experimentación -a una escala menor, descentralizada- de las nuevas reglas de cooperación que a constituir focos estratégicos para el desarrollo de una complementariedad económica entre las dos orillas. En cualquier caso, dado que el marco estructural de las relaciones comerciales sobre las que se basan no ha sufrido cambios, la eficacia de esos programas está por demostrar. También es ilusorio pensar que la iniciativa privada, a la que ahora se invoca en todas las causas, podrá responder por sí sola a las necesidades vitales de las sociedades del Sur, en particular a las de los sectores que, requieren muchas inversiones y resultan poco rentables a corto plazo (agua, carreteras, etcétera). Este último punto no es algo secundario; de hecho, expresa un punto de inflexión estratégico de la Comisión en sus relaciones con el Sur.

En los años ochenta, la táctica de la mayoría de los Estados de la CE que, por razones geográficas o históricas, tienen relaciones necesarias con los países del Sur consistió en traspasar algunas de sus obligaciones a la Comisión de Bruselas. Esta tomó el relevo, pero, ante la amplitud de la tarea y el volumen de sus necesidades financieras, la orientó progresivamente hacia el sector privado, deshaciéndose así a su vez de la responsabilidad. Y el sector privado no tiene que dar cuentas a nadie. El resultado es que, a mediados de los años noventa, la situación en el Sur es más preocupante que nunca.

De ahí el tercer ajuste, realizado a comienzos de 1995. Ahora se habla de un nuevo impulso, esta vez decisivo, de la Unión Europea al refuerzo de la política mediterránea. Su objetivo se define claramente: "La creación de un espacio euromediterráneo en el horizonte del 2010". También sus ejes centrales: apoyo a la transición económica para establecer una zona de libre comercio de aquí a 10 o 15 años (productos industriales, servicios y, progresivamente, productos agrícolas); apoyo para un mejor equilibrio socio-económico en las sociedades del Sur (desarrollo de las infraestructuras sociales, urbanas y rurales; protección del medio ambiente, asistencia técnica, etcétera), y, por último, apoyo a la integración regional.

Incluso antes de la aplicación de este plan de acción ya es posible detectar sus vicios ocultos. En primer lugar, la idea de espacio euromediterráneo es extremadamente borrosa y ambigua: no afirma nada en cuanto al contenido y la naturaleza de ese espacio. Al contrario que la estrategia de cooperación desplegada para los países de Europa central y del Este, en este caso no se anuncia ningún objetivo de integración. Tampoco hay ningún concepto sólido de asociación, ninguna pro yección concreta de colaboración.

En segundo lugar, todo parece indicar que la zona de libre comercio que se desea beneficiará sobre todo a Europa. Teniendo en cuenta que las relaciones ya son desiguales, es prácticamente seguro que en un primer momento los países del Sur sufrirán un fuerte deterioro de su balanza comercial, una reducción de sus ingresos fiscales y sobre todo por la situación de competencia abierta que implica una zona así, una desestructuración sectorial del mercado de trabajo. A ello hay que añadir que, aunque Europa estará abierta a los productos industriales mediterráneos -poco competitivos, por otra parte-, seguirá estando cerrada a los productos agrícolas, que no se tienen en cuenta en la actual riegociación sobre la zona de libre comercio. Por tanto, en realidad es Europa la que sacará provecho de la apertura de los mercados mediterráneos para sus productos industriales y servicios. Un sentimiento bueno se convierte así en todo lo contrario.Más aún: la construcción de esta zona se efectuará en el marco de los acuerdos de Marraquech sobre el comercio mundial. La reducción generalizada de los aranceles y la eliminación de las barreras no arancelarias contribuirá a reducir el margen preferencial del que se benefician los países terceros mediterráneos. En concreto, se prevé que la liberalización del comercio mundial conllevará una caída de las exportaciones de productos manufacturados del orden del 40% para Túnez y del 22% para Marruecos. Por último, el aumento de la ayuda financiera (4.500 millones de ecus en cinco años) sigue estando muy lejos de la asignada a los países de Europa central y del Este. Sin embargo, sólo en 1995, según Nord-Sud Export, las necesidades de los cuatro países del Magreb para mantener la situación actual son de 9.000 millones de dólares en Argelia, 6.300 en Túnez, 6.700 en Marruecos y 7.400 en Libia; es decir, la bagatela de 28.000 millones de dólares. Pensarán ustedes que es una cifra angustiosa. Y es que el espacio de libre comercio, que, como idea es excelente, es hasta tal punto prisionero del dogma liberal que, más que reorientar la antigua relación mercantil, la refuerza.

Lejos de constituir una verdadera estrategia de codesarrollo entre las dos riberas, resulta ser sobre todo un hábil disfraz de una mera apertura de los mercados del Sur. Todo ocurrirá como en el mejor de los mundos posibles, puesto que el Sur del Mediterráneo no puede permitirse rechazar la oferta, aunque suponga un aumento de las desigualdades. ¡Cuánta emigración nueva en perspectiva! Pero el proyecto europeo, tan elocuente en lo relativo a. la apertura de los mercados y la libre circulación de los capitales, se muestra curiosamente silencioso en cuanto a la de las personas. Bueno, en realidad, no pide a los países del Sur que reacojan a los emigrantes clandestinos expulsados de Europa.