La sanidad, excluida del recorte del gasto que afectará en un 10% a todos los ministerios

El Gobierno "va a gobernar" e intentará buscar apoyos suficientes para evitar "la mayor parte de las dificultades que surgen de la no aprobación del Presupuesto". El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba explicó así la decisión adoptada ayer por el Ejecutivo, queconsiste en prorrogar las cuentas de 1995, pero con un recorte del gasto en 800.000 millones para que las cifras queden, prácticamente, como en el frustrado Presupuesto de 1996, rechazado por el Parlamento. Sólo la sanidad se salvará de la poda, que afectará a todos los ministerios en un 10% de media.Paralelamente, subirán las pensiones y los sueldos de los funcionarios, se deflactará la tarifa del IRPF, aumentarán los impuestos especiales y las bases de cotización a la Seguridad Social; todo ello en un 3,5%. Y habrá "soluciones" para la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas.

Pérez Rubalcaba hizo ayer una oferta de negociación a todos los grupos parlamentarios. Contrariamente a lo que había augurado el titular de Economía, Pedro Solbes, el Gobierno buscará un pacto con la oposición para poder sacar adelante en el Parlamento medidas esenciales del Presupuesto rechazado por los diputados.La voluntad del Ejecutivo es que haya Presupuesto en 1996 pese al grave varapalo que le ha propinado el Congreso. Será práct3camente igual en las cifras al rechazado e incluirá sus principales medidas. El ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó que de esta forma se "violente" la decisión de la Cámara. Al contrario, cree que los objetivos del Presupuesto rechazado obtuvieron "un respaldo parlamentario bastante amplio", aunque "los intereses partidistas se pusieron por encima de los del país".

La obligación del Gobierno. ahora, es "gobernar" y evitar "todo lo que se pueda" el efecto negativo que la devolución de los Presupuestos "puede tener en los ciudadanos". Rubalcaba destacó que la decisión del Congreso es que se prorroguen las cuentas de 1995, pero el Gobierno, dijo, "debe garantizar que se cumple el objetivo de déficit público en l996", que es el 3,8% del PIB para las administraciones centrales (Estado, Seguridad Social, organismos autónomos y entes públicos).

Éstos son los dos criterios básicos que inspiran el acuerdo alcanzado ayer por el Consejo de Ministros. En primer lugar,la subida para 1996 de las pensiones en un 3,5%, la subida de los sueldos de los funcionarios también en un 3,5%, y la deflactación de la tarifa del impuesto sobre la renta para evitar que subidas del 3,5% en las rentas, sobre todo salariales, supongan pagar proporcionalmente más impuestos. La tabla de retenciones del IRPF también se actualizará con el mismo fin.

El aumento de las pensiones supondrá un gasto adicional de entre 350.000 y 380.000 millones de pesetas, según indicó ayer en Córdoba el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán.

"Lo estamos estudiando"

En sentido contrario, el Gobierno también ha acordado que suban los impuestos especiales -que gravan el consumo de tabaco, alcohol y gasolinas- en un 3,5% el año que viene, tal como estaba previsto en el proyecto de Presupuestos. Las bases de cotización a la Seguridad Social se actualizarán en otro 3,5%. Otras medidas previstas en el también rechazado Proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que Rubalcaba no concretó -"lo estamos estudiando"-, pueden igualmente sacarse adelante.

El objetivo de reducción del déficit se consigue, según Rubalcaba, mediante un recorte del gasto de los ministerios en 800.000 millones de pesetas que se aplicará sobre el Presupuesto inicial de 1995. Los criterios serán iguales a los previstos en el proyecto de Presupuestos de 1996; es decir, afectará a todos los ministerios, salvo Sanidad, y en la misma proporción. En esta última partida, el Gobierno "está buscando las fórmulas" para garantizar que pueda subir el gasto -crecía un 15% en el proyecto- "de forma que no afecte al funcionamiento del sistema sanitario público".

No está decidido si estas medidas se tramitarán mediante decreto ley o por ley -casi seguro se optará por el decreto ley- y cuál será el procedimiento parlamentario que se propondrá. El recorte del gasto es una facultad del Gobierno; por tanto, no necesita pasar por el Parlamento. Para todo lo demás, lo que sí está claro es que el Consejo de Ministros abrió ayer ampliamente la mano a la negociación con los grupos parlamentarios que, salvo el socialista, le propinaron el pasado miércoles una derrota sin precedentes al rechazar los Presupuestos.

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, había asegurado, durante ese debate y en ocasiones anteriores, que no iba a haber negociación, después del no. También había afirmado que la prórroga de la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas no se produciría si no había Presupuesto. Rubalcaba le quitó ayer la razón a su colega: "Tenemos voluntad de negociación porque, sea cual sea la fórmula legal, necesitarnos mayoría para su aprobación". Dijo más: "El 15% es un mecanismo que le gusta al Gobierno y vamos a hacer todo lo posible por que, salga adelante".

Aun así, el ministro calificó de "atrevimiento jurídico" la actitud de quienes acusan al Gobierno de pretender impulsar, con las medidas aprobadas ayer, una norma inconstitucional. Denunció igualmente la "peculiar" reacción del PP al presentar una proposicion no de ley "oportunista, electoral y dernagógica", en referencia a la iniciativa parlamentaria que insta al Gobierno a elevar las pensiones y los sueldos de los funcionarios.

Puestos a poner nombre y apllidos, Rubalcaba criticó al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rodrigo Rato, quien el jueves fue más lejos al expresar su temor a que el Gobierno acelere el gasto y lo concentre antes de las próximas elecciones generales, previstas para marzo. El ministro dijo que Rato actúa, con "ignorancia supina" o "mala fe" porque la prórroga presupuestaria, aclaró, divide el gasto en doceavas partes a lo largo del año.

Madrid lo ignoraba

También el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, se prestó a replicar a los populares. La financiación estatal de las autonomías en 1996 será igual, advirtió, a la de este ejercicio. Al no aprobarse el nuevo Presupuesto, no habrá aumento. "Parece que el consejero no estaba advertido de las repercusiones de la actuación de su partido en el Congreso y ha quedado muy sorprendido", dijo Martínez Robles tras entrevistarse con el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta.

Beteta había declarado antes de esta entrevista que, con la prórroga, el Gobierno había colocado a las comunidades autónomas en situación financiera "absolutamente dramática". "No se entiende por qué el PP ha rechazado los Presupuestos si inmediatamente quiere que se produzcan todos los efectos que estaban plasmados en ellos", le replicó con ironía Martínez Robles.