"Hay que fomentar los controles sobre el poder de los jueces"

José Antonio Alonso, leonés de 35 años, con 11 de experiencia como juez y uno como portavoz de Jueces para la Democracia, se, muestra autocrítico con su profesión y considera una competencia "natural" de los ciudadanos enjuiciar, a través del jurado, los delitos de los jueces. Recién concluido el X Congreso de la asociación judicial progresista celebrado en Zaragoza, Alonso, titular del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid, habla de la situación de inferioridad del ciudadano en su relación con la Administración.Pregunta. ¿No son capaces los jueces de poner orden frente a los abusos de la Administración?

Respuesta. No tienen capacidad de resolver los conflictos y, proteger al ciudadano. Hay 200.000 asuntos administrativos pendientes en los tribunales. Y la Administración pública tiene una tendencia a escapar de los controles que pretenden igualarla con el administrado. Como dice Hannah Arendt, "la burocracia no es el no Gobierno, sino el Gobierno más tiránico".

P. Los españoles se quejan no sólo de la Administración dependiente del Ejecutivo, sino también de la administración de Justicia, de los jueces.

R. Ha mejorado el trato humano, pero siguen teniendo razón los ciudadanos que se quejan. A los jueces, y a los demás funcionarios judiciales, se nos olvida que la Constitución no sólo hay que aplicarla en los papeles, en las resoluciones, sino también en las actitudes cotidiarias.

P. Pero, además, hay jueces que tardan mucho en resolver son muy subjetivos, razonan atrabiliariamente sus decisiones, son machistas o anacrónicos. Aparte de recurrir, cuando ello es posible, ¿qué pueden hacer los perjudicados?

R. Debería funcionar el sistema de responsabilidad disciplinaria. Subsiste el problema cultural de que el juez no a tiende al ciudadano como tal, porque se olvida de que él es un mero instrumento del ejercicio de un poder cuya finalidad es tutelar los derechos y libertades. Hay que fomentar los controles sobre el poder de los jueces, entre ellos el de la crítica pública de sus decisiones.

P. La supresión del antejuicio [trámite previo a la admisión de querellas criminales contra los jueces] también indigna mucho a los jueces conservadores.

R. Personalmente, estoy a favor de, la supresión de todo privilegio que rompa el principio de igualdad, porque aunque se justifique en la defensa del poder que ejercen los querellados, el antejuicio acaba convirtiéndose en corporativo, como ocurre con los aforamientos de los políticos.

P. ¿Confía en el jurado para enjuiciar los delitos de los jueces?

R. Creo que ésa es una competencia natural del jurado. Y confío en que esta formidable institución de participación ciudadana ponga orden en la justicia penal.

P. ¿No se sienten suplantados en la función de juzgar?

R. No, porque la inteligencia progresista del titular del poder judicial es que el juez profesional es un ciudadano que profesionalmente ejerce un poder que le da el pueblo para proteger el sistema de derechos. El ciudadano jurado, que no es, juez profesional, se constituye en juez transitorio y aporta a la justicia unas sensibilidades específicas que enriquecen el poder judicial.

P. Pero mucha gente sigue diciendo que si cuando están enfermos van al médico, cuando tienen un conflicto jurídico prefieren que se lo resuelva un juez.

R. Me preocupa que ese sentir se convierta en mayoritario. Se trata de la participación en el ejercicio de un poder por parte no de nueve indocumentados, sino de nueve ciudadanos a los que se les va a explicar que son auténticos jueces y que contarán con el apoyo técnico de los jueces profesionales. Eso rompe cualquier comparación posible con el intrusismo en la física nuclear o en la medicina, que nada tienen que ver con el ejercicio democrático de un poder.