La telefonía por cable no estará limitada a 1,5 millones de usuarios

Los operadores de cable no tendrán ninguna limitación sobre el número de hogares a los que pueden ofrecer servicios telefónicos y de valor añadido (transmisión de datos, entre otros), según se ha establecido en el último texto del proyecto de ley de telecomunicaciones por cable. La redacción actual conserva, en cambio, la limitación en el servicio de televisión por cable, en el sentido de que cada operador no puede cubrir más de un millón y medio de hogares abonados.Esto fue lo que se aprobó ayer en la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones del Senado. El pleno de esta cámara aprobará la próxima semana el texto legal que, tras volver al Congreso, será publicado en el Boletin Oficial del Estado a mediados de diciembre.

Durante dos horas y media, tiempo que la comisión tardó en dictaminar el proyecto, funcionó el mismo pacto que hizo posible en el Congreso desbloquear la ley y tramitarla por la vía de urgencia.

El Grupo Popular, que marcha en solitario en este tema desde el comienzo de la tramitación del proyecto, vió cómo eran derrotadas sus enmiendas, e incluso un veto a todo el texto del proyecto de ley, debido a los votos unidos de los grupos Socialista, CiU, PNV e IU, firmantes del consenso.

Esta mayoría parlamentaria jugó con distintas enmiendas transaccionales que no modificaron sustancialmente el texto procedente del Congreso de los Diputados, según expresaron Ramón Aleu, portavoz en el Senado del Grupo Socialista; Vincent Berguer, de CiU; Pedro José Caballero, del PNV y José Luis Nieto, de IU.

Propuesta de IU

El grupo Izquierda Unida fue el que introdujo en el rigen del pacto la limitación de que los operadores de cable no podrán sobrepasar el millón y medio de hogares abonados. Ha mantenido radicalmente esta postura y se ha opuesto a la ampliación hasta 3 millones de hoeares abonados, que pretendía introducir el PSOE.El senador socialista Aleu dijo que no se ha podido ampliar el techo del número de abonados por tratarse de una ley consensuada. Y añadió que tal ampliación podría llevarse a cabo mediante otros procedimientos, entre los que se puede incluir la simple denuncia de un usuario cualquiera ante el Tribunal Constitucional.

El Grupo Socialista logró, por el contrario, imponer su criterio, en una enmienda que defendían todos los demás grupos parlamentarios, para que los programadores, independientes que, según el texto, pueden ocupar como mínimo el 40% de los contenidos que ofrece un operador de cable se hicieran con una parte de la gestión de la red y con los sistemas de descodificación. Esta pretensión de todos los grupos, menos el socialista, ha quedado reducida a que "los operadores de cable no darán trato discriminatorio a los programadores independientes y a la vez deberán informar a éstos de los aspectos de la gestión relacionados con la oferta".