Francia reforma la Constitución para que el Parlamento pueda controlar cada año el gasto de la Seguridad Social

La Asamblea Nacional y el Senado, las dos cámaras del sistema parlamentario francés, se reunieron ayer en Versalles para aprobar con solemnidad una reforma constitucional que permitirá a diputados y senadores pronunciarse cada año sobre las cuentas de la Seguridad Social. El retoque de la Constitución de 1958 es la clave del plan presentado en noviembre por el primer ministro, Alain Juppé, para reorganizar la Seguridad Social y asegurar su viabilidad. El plan ha sufrido, sin embargo, numerosas alteraciones por la presión de los sindicatos y los médicos, y el alcance de la reforma aparece limitado y confuso a falta de una próxima ley orgánica que regule el alcance del control parlamentario sobre las cuentas sociales.Tras la reforma constitucional aprobada ayer, la Seguridad Social queda apoyada en tres pilares: el Gobierno fija el importe de las cotizaciones para financiarla; los principales sindicatos la gestionan, y el Parlamento "se pronuncia" (sin que esté claro hasta donde llega su poder) sobre los presupuestos anuales. La ambiciosa reforma impulsada por Alain Juppé el pasado 15 de noviembre se ha diluido tras las protestas sindicales y populares de diciembre. Los regímenes especiales se mantienen, contra lo que deseaba el Gobierno, y quedan fuera del alcance del Parlamento, contra lo que deseaban los diputados. Han sido descartadas las sanciones salariales aplicables colectivamente a los médicos si el gasto superara el aumento anual previsto (2,1% para 1996). El ministro de Asuntos Sociales, Jacques Barrot, dice ahora que "no se puede castigar al conjunto de la profesión médica", pese al fracaso de las negociaciones entre médicos y cajas de seguros médicos (gestionadas por los sindicatos) para establecer límites al gasto.

Pese a todo, la Confederación General de Trabajadores (CGT, procomunista) y, en menor medida, Fuerza Obrera (FO, prosocialista), mantienen su oposición a todo control parlamentario, ya que afirman que la Seguridad Social es asunto de los asalariados, que, la financian con sus cotizaciones, y no del conjunto de los electores.