España acusa a Bélgica de entorpecer las extradiciones "por motivos políticos"

La secretaria de Estado de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, acusó ayer a Bélgica de entorpecer "por motivos políticos" la extradición a España de los presuntos colaboradores de la banda terrorista ETA Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz. Fuentes del Gobierno belga admitieron que este país puede presentar en cualquier momento una segunda petición de extradición ante el Consejo de Estado belga, aunque justificaron la negativa a hacerlo en que para ello deben tener "elementos nuevos que nos sean comunicados por España". Fernández de la Vega sostiene lo contrario: es el Gobierno belga el que debe plantear una nueva argumentación y no el español.

La tensión entre España y Bélgica, lejos de disminuir, crece cada día. El Ministerio de Justicia belga matizó ayer las declaraciones realizadas por el ministro del Interior, Johan Vande Lanotte, tras la tensa reunión del Consejo Ejecutivo del Grupo de Schengen, el pasado miércoles en La Haya. Vande Lanotte aseguró entonces que Bélgica "no puede retirar la demanda de extradición para presentar una segunda demanda", y añadió que tampoco puede detener ni controlar a los presuntos etarras. Un portavoz de su homólogo de Justicia admitió que eso no es así, aunque argumentó que no va a ser tampoco de otra manera.Para el Ministerio de Justicia belga, "España debe suministrar elementos nuevos en los que sustentar la presentación de una segunda orden de extradición". Teresa Fernández de la Vega, en declaraciones a este diario, asegura que es el Gobierno belga el que ha de presentar nuevos argumentos, "porque el Consejo de Estado no se ha. pronunciado sobre la petición de extradición española, sino sobre la orden del Ministerio (de Justicia".

"No nos han pedido nada"

"Nosotros estamos dispuestos a presentar toda la información que nos pidan, pero no nos han pedido nada y no sabemos qué más argumentos necesitan" aseguró. En su opinión, detrás de todas las excusas jurídicas se esconde la voluntad política" de Bruselas de no conceder las extradiciones.

Portavoces de Justicia de Bélgica admitieron también que España tiene razón al decir que la puesta en libertad de los presuntos etarras no era obligada, pero aseguran que "mantenerlos en prisión hubiera tenido un alto coste político para el ministro de Justicia, porque el Consejo de Estado habría ordenado la puesta en libertad".

Sobre la decisión de tomar medidas cautelares para evitar su fuga, el ministerio belga no quiso pronunciarse. "Nunca hemos dicho que no estén sometidos a vigilancia, pero tampoco lo contrario", afirmaron. Para Teresa Fernández de la Vega, la Convención Europea contra el Terrorismo obliga "o bien a su mantenimiento en prisión o bien a la toma de medidas cautelares, sea arresto domiciliario, la obligación de presentarse ante el juez, la obligación, de tener domicilio fijo o la prohibición de abandonar el país".

España llevará el tema a la Conferencia Intergubernamental de Turín, que arrancará el 29 de marzo y debe reformar los tratados de la Unión Europea. España quiere que se incluya el tema en la reforma para evitar que puedan darse conflictos semejantes en el futuro. De momento, el ministro de Exteriores, Carlos Westendorp, lo planteará ante sus homólogos en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales del próximo lunes en Bruselas. No se tratará de discutir allí el conflicto hispano-belga -el espacio Schengen no afecta a cinco miembros de la Unión: Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia-, sino, de plantear un debate general sobre el problema del delito político dentro de la Unión y la unificación de las legislaciones sobre el asilo político y la extradición. La cuestión será suscitada durante el almuerzo de los ministros, fuera del orden del día.