La inceneradora carece de filtros antidioxinas, según un informe oficial.

El concejal de Medio Ambiente de Getafe, Santos Vázquez (PSOE), manifestó que el estudio "ofrece explicaciones clarísimas" y supone "dejar constancia por escrito de lo mismo que pensamos nosotros y la coalición IU". Vázquez reconoció, no obstante, ser "pesimista" sobre las consecuencias del citado documento. "No creo que una opinión técnica haga reflexionar al Ayuntamiento de Madrid".

Por su parte, el director de la Agencia de Medio Ambiente, Ignacio Claver, recordó ayer que la autorización regional para que el horno de Valdemingómez funcione en pruebas durante 10 meses persigue garantizar la salud de los madrileños. "En caso de que se compruebe que se superan los límites que hemos establecido para asegurar que las emisiones no son nocivas, obligaríamos al Ayuntamiento a instalar un filtro de carbón activo [un material que retiene partículas]", anuncia Claver. "Pero hasta no conocer los datos no podemos obligar al Ayuntamiento a comprar algo que a lo mejor no necesita".

El filtro de carbón activo, según Claver, cuesta más de 500 millones de pesetas y obliga a un mantenimiento muy caro.

El director de la Agencia de Medio Ambiente asegura que la instalación de filtros de carbón activo, en las incineradoras garantiza que las dióxinas no superan el límite de 0,1 nanogramos por metro cúbico. "Eso esta completamente demostrado. Si ponen un filtro de carbón activo nos frotamos todos las manos", dice Claver. ¿Por qué no lo han instalado antes? Claver no lo sabe.

El Ayuntamiento de Madrid ha levantado una gran caldera junto al vertedero de residuos sólidos urbanos de Valdemingómez para resolver el problema del tratamiento de sus basuras. La capital produce 3.600 toneladas de desperdicios al día. En los último s meses, el vertedero de Valdemingómez está agotando su capacidad. La incineradora, que ha costado 15.000 millones de pesetas a una empresa privada, resolverá una parte del problema pues quemará sólo el 20% de la basura de la ciudad.Alegaciones al parque

Por otra parte, la izquierda municipal del sureste de la región se reunió ayer en Getafe (144.600 habitantes) para criticar el modelo de desarrollo que el PP ha diseñado para el Parque Regional del Sureste. Los gobiernos de los municipios del sureste han presentado 69 alegaciones al plan de ordenación de los recursos del parque, que ahora puede quedar "devaluado", según el alcalde de Getafe, Pedro Castro (PSOE). Las alegaciones se refieren a aspectos como la permisividad en el uso de plaguicidas en la zona, el deficiente control de las aguas subterráneas que emanan de las instalaciones ganaderas o a la falta de participación de los 14 municipios afectados por el parque. "Queríamos hacer un parque regional y esto se va a reducir a una cierta protección del terreno", se lamentó Castro.