Pacto sin alternativa
UNA NEGOCIACIÓN para la investidura no puede plantearse sobre la base de los programas máximos de los partidos implicados. Mucho menos sobre la base de los respectivos principios ideológicos. Jordi Pujol, tal vez el político más avezado del momento, y también el más atento a los usos y costumbres de la política europea, no ignora desde luego esa verdad elemental. A casi dos meses de las elecciones, los negociadores conocen ya con precisión las posiciones respectivas y hasta dónde puede llegar cada parte en sus cesiones, y exigencias. Por ello es la hora de las decisiones. También para el PNV, que arriesga quedar aislado -algo de lo que tiene una amarga experiencia histórica- si plantea la negociación en términos de todo o nada.Los problemas de los nacionalistas para pactar con el PP son reales, no mero teatro para encarecer su apoyo. Un pacto del PNV con Alianza Popular a mediados de los ochenta -intercambio de apoyo en la formación de varios ayuntamientos y el Gobierno foral navarro fue el origen de la disidencia que acabó cristalizando en la escisión del grupo de Garaikoetxea. La descalificación por parte de la plana mayor del PP de la política de Pujol de colaboración a la gobernabilidad en la pasada legislatura está demasiado cercana como para que unas cuantas frases de diseño la hagan olvidar. El problema es que la única alternativa al pacto que se negocia es una nueva convocatoria a las urnas. Tiene razón Álvarez Cascos al recordar que el dilema se plantea en esos términos: pacto, como mínimo para la investidura, o elecciones anticipadas.
No está nada claro quién sería el beneficiario de esta última opción, si el PP o el PSOE, pero es casi seguro que el perjudicado sería CiU. Además, es falso que el único componente de la política de CiU -lo que determina la adhesión de sus votantes- sea el sentimiento nacionalista. Ése es el principal, pero el segundo motivo es la voluntad de incidir en la política española. Algo que no sólo está en la tradición del catalanismo político, sino en la de la burguesía catalana.
El modelo español de desarrollo se ha caracterizado tradicionalmente por la contraposición entre un centro político marginal en lo económico y un centro económico marginal en lo político. Intentar corregir esa asimetría ha sido una vieja aspiración de los sectores más dinámicos de la sociedad catalana. Ahora existe una posibilidad de lograrlo, y esos sectores no perdonarían a Pujol que la desperdiciara; sobre todo, que la desperdiciara por el error de cálculo de plantear como inaplazables reivindicaciones políticas respetables, pero en absoluto percibidas como acuciantes por la población. Ni siquiera por su electorado.
Un buen negociador debe tener en cuenta las dificultades de su interlocutor. Que el centro-derecha español haya recorrido el espacio que separa la desconfianza hacia el Estado autonómico del descubrimiento de las virtualidades del hecho diferencial es bastante más importante para el futuro de la autonomía vasca y catalana que tal o cual transferencia.
Pujol y Arzalluz, tienen suficiente experiencia como para saber que cualquier concesión forzada por las circunstancias y que no pueda explicarse en público debilita, más que fortalece, la causa de la autonomía. Además, existen diferencias de interpretación -sobre la gestión de la Seguridad Social y la caja única de la misma, por ejemplo- que no se resuelven simplemente con voluntad política. Y es falso que ése u otros problemas de desarrollo estatutarío sean percibidos como urgentes por la mayoría.
Lo acuciante es Europa: la convergencia, de la que depende en buena medida el futuro de todos, y que obliga a tomar decisiones delicadas. Para ello es necesario contar cuanto antes con un Gobierno capaz de elaborar un presupuesto compatible con el objetivo de reducción del déficit y que cuente con el suficiente respaldo. Precisamente porque la situación económica es mejor que lo era en 1993, lo cual se debe en parte a la influencia de CiU, es la hora de abordar desde la responsabilidad los problemas ole los que depende que España no quede una vez más descolgada de la Europa próspera y democrática. Las circunstancias han querido que ello descanse ahora en muy considerable medida sobre los partidos nacionalistas. Cualquier salida que no pase por el respaldo a la investidura de Aznar y por un compromiso lo más estable posible a su Gobierno sería ahora un retroceso.
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