Desconcierto y reticencia entre los expertos que deben decidir sobre los papeles de Salamanca

Buena parte de los miembros de la comisión que habrán de decidir sobre el futuro de los papeles de Salamanca -historiadores todos ellos- se muestran desconcertados y reticentescon la resolución aprobada por el Congreso que traslada a la Junta Superior de Archivos la responsabilidad sobre el asunto. Esa junta ha celebrado hasta ahora una sola reunión: la de su fundación. Sin embargo, la ex ministra Carmen Alborch ya advirtió a algunos de sus miembros que entre sus funciones estaría la de asesorar al ministerio en algunas decisiones espinosas. Y puso un ejemplo preciso: Salamanca.

Josep Fontana no sabía otra cosa ayer que lo que traían los periódicos. Y aun muy vagamente: "No sé siquiera si esta comisión de expertos de la que me hablan es la propia junta. Por tanto, no sé quién ha de hacer esto ni con qué criterios. El proceso no está definido y en estas condiciones es muy difícil hablar". Sin embargo, la resolución parlamentaria le parece positiva: "Lo mejor es que parecen haber decidido que el asunto no se pudra".Santos Juliá afirmó no tener todavía una decisión tomada y se mostró poco dispuesto a hablar como miembro de la junta. Sí mencionó en cambio sus antiguas opiniones sobre el asunto, explicitadas en más de un artículo periodístico. Así, él creyó siempre que el Archivo de Salamanca debería adquirir la categoría de un gran archivo sobre la guerra civil española y que para eso es imprescindible que el archivo no se desmembre. Temía Juliá que la petición de traslado de los papeles catalanes desatara una oleada de peticiones similares: de instituciones, de partidos, de sindicatos. "Eso sería el fin de esa posibilidad tan atractiva para la investigación histórica española".

El único que rechazó claramente el encargo fue Miguel Artola. "Que lo resuelvan los políticos. Eso es lo primero que voy a decir sí se me convoca. El dónde esté un archivo y qué documentos contenga ha sido siempre una decisión política y no científica". Artola, un especialista en el conflicto como tema histórico, señaló: "Los problemas relacionados con el salario o con el poder siempre admiten pactos o soluciones transitorios. Pero con los problemas simbólicos, con este problema, no hay solución posible; uno u otro se sentirá perjudicado".

Antonio Elorza opinó también. Desconocía el encargo. Pero no tiene inconveniente en proponer una solución. Ésta: "Los papeles que correspondan a la Generalitat deben volver a Cataluña. Los que no, aunque sean catalanes, deben seguir aquí". Elorza mencionó como ejemplo de esto último los papeles de instituciones, partidos, sindicatos o particulares. Y remató: "Creo que los catalanes no tienen ni idea de la importancia que el Archivo de Salamanca tiene para el estudio de la represión franquista".

La subdirectora general de Archivos, Margarita Vázquez de Parga, que ha sido confirmada -por el momento- en su cargo por el nuevo director general fue quien sugirió a la ministra Alborch la creación de una comisión que decidiera sobre el traslado. Es natural así que opine como opina: "Yo creo que la comisión puede servir de ayuda". Ella no quiere pronunciarse explícitamente sobre el caso. "No creo que sea el momento. Pero como todos los archiveros que conozco, soy totalmente contraria a la desmembración del Archivo".

La subdirectora teme sobre todo que los servicios documentales de la antigua presidencia del Gobierno queden desmantelados por el traslado. Vázquez de Parga encaró una de las soluciones técnicas ampliamente pregonadas para la solución del caso: la digitalización de los fondos. "En su día elaboramos un proyecto. No recuerdo bien la cifra, pero rondaría los 400 millones de pes:etas". Puede parecer una cantidad discreta. Pero supera el presupuesto de la subdirección para el mantenimiento de todos los archivos generales del Estado: "Para mantenerlos, dispongo de 300 inillones".

En la calle

Los socialistas de Salamanca, informa Ignacio Francia, seguirán oponiéndose al traslado de los fondos de la guerra civil del Archivo Histórico Nacional que reclama la Generalitat catalana, "en coherencia con la posición mantenida durante la anterior legislatura, cuando el Gobierno era nuestro", aseguró el ex alcalde Jesús Málaga. Málaga, que ya convocó en marzo del año pasado una manifestación que movilizó a más de 50.000 personas en defensa del archivo, anunció ayer que volverá a animar a los castellano-leoneses a salir a la calle. El director de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, el popular Carlos de la Casa, anunció que dicho organismo utilizará "todas las armas legales", entre ellas los tribunales de justicia, si se decide la salida de los documentos".