Móner advierte a los jueces Gómez de Liaño y Garzón que no se metan en el terreno del Supremo

El juez Eduardo Móner notificó ayer su decisión de no acumular, "por ahora", al sumario que instruye en el Supremo los demás procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional sobre los GAL. En la misma resolución, el magistrado del Tribunal Supremo dirige una severa advertencia a los jueces Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño para que se limiten a investigar los atentados concretos imputables a los GAL y se abstengan de instruir la fundación, organización y estructura de estos grupos, materia que, les recuerda, es competencia del Supremo.

La resolución del juez Eduardo Móner desestima la petición del abogado Manuel Cobo del Rosal, defensor del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, quien el pasado 9 de mayo solicitó la acumulación de todos los procedimientos sobre la guerra sucia contra ETA seguidos en los juzgados centrales 1 y 5, cuyos titulares son Javier Gómez de Liaño y Baltasar Garzón, a la causa que se instruye en el Tribunal Supremo.El magistrado razona que en estos momentos son los citados jueces los que están investigando a los GAL, por lo que son ellos los que, si aparecen presuntas responsabilidades de quienes están sometidos al fuero especial por la naturaleza del cargo que ocupan, decidirán la remisión de las actuaciones a la Sala Segunda del Supremo.

Pero prosigue: "Dejando a salvo lo anterior, es preciso establecer también los límites que para los jueces instructores se derivan de los sumarios cuya acumulación se solicita, una vez que el Tribunal Supremo ha asumido la investigación correspondiente al posible delito del artículo 174 bis a) del Código Penal [colaboración con banda armada]". Este delito fue consignado, en el auto de procesamiento del ex ministro José Barrionuevo y de Rafael Vera.

De acuerdo con aquel auto, los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional "sólo deben investigar la autoría de hechos concretos imputable a la supuesta organización GAL y que hayan sido presumiblemente cometidos por personas no aforadas", añade el instructor del Supremo.

Consecuentemente, Móner precisa que "estos jueces [Garzón y Gómez de Liaño] deben observar los límites del objeto procesal que es de su competencia y no actuar en la investigación que es competencia del Tribunal Supremo y en particular, en lo referente a la fundación, organización y estructura de los grupos mencionados".

El juez Móner añade que procede "no acceder por ahora" a la acumulación de todos los sumarios que solicita la defensa de Rafael Vera, de acuerdo con el informe del ministerio fiscal.

Aunque el auto no lo menciona expresamente, fuentes del Supremo señalaron que la resolución del juez Móner puede afectar a algunas diligencias practicadas por los jueces Garzón y Gómez de Liaño, como son las peticiones de desclasificación de documentos del Cesid dirigidas al Gobierno.

El juez Garzón ha reclamado al Gobierno que desclasifique un total de 18 documentos, y Gómez de Liaño cuatro, tres de los cuales al menos coinciden con otros tantos solicitados por su compañero del juzgado central 5.

Algunos de esos. documentos estarían relacionados, más que con atentados concretos, con la "fundación, estructura y organización" de los GAL. Por ejemplo, la denominada "acta fundacional" de los GAL, o la nota de despacho que supuestamente anuncia el "inminente comienzo de acciones contra ETA" y a la que el teniente general Emilio Alonso Manglano adjuntó, cuando era jefe del Cesid, la nota manuscrita "Me lo quedo. Pte. para el viernes". Según Manglano, el significado de "Pte." es "pendiente" [para el viernes], mientras que el coronel Juan Alberto Perote sostiene que significa "presidente" [en referencia a Felipe González].

Tampoco aparece referido a ningún atentado concreto el "sello de los GAL", que según las investigaciones de Garzón habría sido supuestamente encargado al coronel Perote por el general de la Guardia Civil Andrés Casinello.

Otros documentos secretos cuya desclasificación ha sido reclamada por los jueces y no parecen referirse a "hechos concretos imputables a los GAL" se refieren a un informe sobre legislación francesa que pudiera ser aplicable a los agentes del Cesid en el sur de Francia, la adquisición de "armas limpias" cuyo seguimiento permitiese llegar hasta activistas de ETA o notas internas en las que se recoge que el 80% de las actividades del Cesid estaba. centrada en el sur de Francia.

Fondos reservados

Por otra parte, la juez sustituta que investiga el uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior, Ana María Pérez Marugán, ha pedido al Tribunal Supremo que le remita todo lo investigado por el magistrado Eduardo Móner sobre el patrimonio de José Luis Corcuera, Rafael Vera, Julián Sancristóbal y Francisco Álvarez, informa Efe.La providencia comunica que el fiscal ha pedido que se investiguen unos talones que el magistrado Móner remitió en su día al juzgado, relativos a dos cuentas de Interior en el Banco de España. La juez sustituta pide también al Supremo que le remita, en el caso de que conste, la documentación relativa a otros cuatro talones, por un importe total de casi 22 millones de pesetas.