La ley de Darwin

LA ADOPCIÓN en el territorio australiano de Darwin de una ley que regula la eutanasia activa voluntaria para enfermos en fase termina¡ ha provocado una viva polémica en ese país. Dada la creciente sensibilidad sobre este asunto en las sociedades más avanzadas, el debate se ha extendido a otros países. Hasta ahora, en Darwin tan sólo se admitía la renuncia a mantener con vida mediante procedimientos excepcionales a enfermos sin ninguna esperanza, la llamada eutanasia pasiva. Las autoridades federales australianas han advertido a los médicos de Darwin que pueden ser perseguidos por homicidio si ayudan a morir a sus pacientes antes de que el Parlamento y el Tribunal Supremo del país se pronuncien al respecto.La ley aprobada por el territorio de Darwin contiene numerosas cautelas: el enfermo debe ser mayor de 18 años; tres médicos, entre ellos un psiquiatra, deben certificar que no existe ninguna solución para su mal y que se encuentra capacitado para tomar esa decisión; un periodo de reflexión de siete días separará la decisión del acto... Y sin embargo, muchas voces se alzan estos días para denunciar que esa ley puede convertir a Darwin (200.000 habitantes) en la capital mundial de los suicidas. A los clásicos argumentos religiosos, reiterados con firmeza por el Vaticano, se unen los de aquellos que, desde posiciones laicas, denuncian que la legalización de la eutanasia activa puede llevar a una situación en la que, dados los elevados costes materiales y humanos del tratamiento de los casos terminales, se generalice una actitud social favorable a la eliminación rápida de los pacientes en estado muy grave, empujándoles a aceptar su muerte. Es, en efecto, un peligro real.En el otro lado, doctores como el australiano Philip Nitschke citan casos concretos y estremecedores de pacientes que reclaman el derecho a terminar de modo voluntario e indoloro con unos sufrimientos terribles, inútiles y sin esperanza. Esos médicos ponen el dedo en la llaga de un problema real, que en España ha sido personalizado por el tetrapléjico Ramón Sampedro al exigir su derecho a morir dignamente en virtud de los elementos fundamentales -libertad, dignidad, desarrollo de la personalidad...- que configuran la vida humana. Casos como el de Sampedro plantean serias dudas sobre el empeño en prolongar artificialmente la vida de un enfermo irrecuperable, lo que ha sido calificado de encarnizamiento terapéutico por alcanzar, en ocasiones, niveles intolerables de crueldad e inhumanidad

En el mundo van abriéndose camino las actitudes abiertas a la posibilidad de ofrecer salidas humanitarias a casos extremos de enfermedad. En la legislación holandesa, sin suprimir el delito de eutanasia, se han introducido eximentes -voluntad del enfermo, sufrimientos insoportables, agotamiento de todas las vías de curación... -para los médicos que la practiquen de forma pasiva en determinadas condiciones. Como en otros asuntos controvertidos, Holanda ha optado por la vía de la tolerancia.

Pero el Estado norteamericano de Oregón ha ido más lejos al legalizar explícitamente la eutanasia si se cumplen una serie de requisitos estrictos, y lo más probable es que otras sociedades desarrolladas se vayan sumando a la idea de que, con todas las precauciones y garantías exigibles, las personas que se encuentran en una situación tan dolorosa como irremisiblemente fatal deben poder ejercer el derecho a decidir por sí mismas el momento y la forma de su tránsito desde la vida a la muerte.