Sanidad baraja subir del 40% al 45% el pago por receta y que los jubilados abonen 100 pesetas

La cuota que el Gobierno ha asignado a Sanidad en el ahorro presupuestario supera los 200.000 millones y el ministerio los aflorará casi exclusivamente de la factura de farmacia, según declaró ayer a EL PAÍS el subsecretario, Enrique Castellón. Para ello, el equipo de Romay baraja que los asegurados paguen más del 40% actual del precio de las medicinas, al menos un 45%, así como crear una tasa de 100 pesetas por cada receta de pensionista. El resto saldrá de los pactos económicos que en estos días cierra Sanidad con laboratorios y farmacéuticos.

El ministerio de Sanidad estudia con urgencia estas propuestas que fueron debatidas ayer en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (más información en páginas 51 y 52). Enrique Castellón no descarta que se puedan aprobar en el Consejo de Ministros de hoy o bien en el del próximo 2 de agosto, si bien advirtió: "tampoco me atrevería a decir con seguridad que salgan adelante". El subsecretario afirmó que en estos momentos la capacidad de ahorro en Sanidad "está sólo en el capítulo de farmacia, y de aquí sale bastante", agregó. Mientras el ministro, José Manuel Romay, insiste estos días en que los recortes no re percutirán en el ciudadano, lo cierto es que parte de las pro puestas van directamente hacia él. Enrique Castellón afirmó que se están estudiando "medidas directas e indirectas". Entre las directas que se barajan está, en primer lugar, "subir en cinco puntos la participación de los activos por receta", explicó, aunque matizó que el porcentaje concreto ayer no estaba totalmente decidido.

Actualmente, el coste para los activos es del 40% del precio del medicamento; los enfermos crónicos tienen una aportación reducida de 400 pesetas como máximo y los jubilados los perciben con total gratuidad.

El problema es que el aumento de la población pensionista, y el fraude detectado en este sector, hace que cada año haya menos españoles que paguen cantidad alguna por sus recetas. De la factura farmacéutica global del Estado, que el año pasado ascendió a 868.000 millones de pesetas, el ciudadano sólo corrió con unos 76.300 millones, es decir el 8,8% del total, frente al 15 o el 20% que aportaba en la década anterior. La intención de Sanidad es que la aportación del paciente se acerque de nuevo a es tas últimas cifras.

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Para los pensionistas se baraja crear una tasa de 100 pesetas por cada receta en la farmacia, en principio como un argumento disuasorio del consumo. Castellón insistió en que todas las medidas van encaminadas a reducir el incremento del gasto mediante el control del fraude actual, para lo cual también se está diseñando un sistema de etiquetado en las recetas que "fije los datos de cada asegura do y se puedan leer mediante un bolígrafo magnético".

De esta forma se pretende controlar que con la cartilla del abuelo se nutra toda la familia, es decir, que algunas jubiladas de 70 años acudan a las farmacias con recetas de anticonceptivos o una conocida marca de crema contra el acné juvenil. Otro fraude que el ministerio se propone frenar es el del transporte sanitario gratuito, cortando el grifo a muchos pagos de taxis que son utilizados por los usuarios para acudir al hospital sin necesidad real.

En el intento gubernamental por generar ingresos que permitan cumplir los objetivos económicos de Maastrich se ha llegado a especular con imponer al paciente una cuota por estancia hospitalaria e, incluso con suprimir algunas de las prestaciones actuales de la sanidad pública. Enrique Castellón aseguró que ninguna de estas propuestas se va a adoptar, "lo que no quiere decir que alguien no lo haya sugerido desde el área económica", indicó. "No se van a recortar prestaciones", insistió.

Frente a un incremento de gasto farmacéutico entre el 12 y el 14% en los últimos años, Sanidad se ha marcado para 1997 el tope del 2,6%. Todo lo que crezca a partir de aquí repercutirá en fabricantes y distribuidores de medicinas que tendrán que devolver a las arcas del Estado entre un 20 y un 70% de su beneficio bruto.

El punto concreto de la negociación está estos días en el regateo de cuanto supondrá este porcentaje, bajo la espada de Damocles de que si no hay acuerdo, el Gobierno tiene la potestad de rebajar márgenes de farmacias o precios de los fármacos vía decreto.

En la negociación, tanto industria como farmacéuticos piden contrapartidas. Los primeros, que se liberalicen los precios, hoy intervenidos, de una serie de medicamentos de prescripción que ya no paga la Seguridad Social, y que suponen un volumen de negocio anual en tomo a los 10.000 millones de pesetas.

Los farmacéuticos, han mostrado igualmente su disposición a aportar cantidades a cambio de obtener algún tipo de seguridad de que el servicio va a seguir como está, frente a los movimientos liberalizadores que le amenazan. El Consejo General del Farmacéuticos pide a Romay que elabore una ley nacional de ordenación del servicio. farmacéutico, para evitar, entre otras cosas, el riesgo que les ha supuesto una ley autonómica como la que acaba de aprobar Extremadura en la cual la farmacia queda como una concesión administrativa sin posibilidad, de venta, traspaso, o herencia a los descendientes. Las autonomías ya han advertido que se opondrán a cualquier intromisión en este tema.