La ley y el fútbol

LA LEY debe cumplirse también en el mundo del fútbol, y para que pueda cumplirse tiene que penalizar sólo a quienes la violan. De ahí que sea razonable la modificación que ha introducido el Gobierno, bien que en el último minuto, en la norma que rige las sociedades anónimas deportivas. Los equipos de fútbol ya no serán castigados con el descenso de categoría porque sus directivos no hayan cumplido sus obligaciones con Hacienda o la Seguridad Social, o no hayan presentado los avales que garanticen el presupuesto de la temporada siguiente.Este verano no podrá repetirse, pues, la guerra del fútbol que el año pasado desataron los seguidores del Sevilla y el Celta. Su masiva movilización evitó que ambos clubes fueran relegados a la Segunda B por no haber presentado los avales exigidos. Entre tanto, Valladolid y Albacete habían sido ya acreditados como equipos de Primera, con lo cual el entonces secretario de Estado de Deportes, Rafael Cortés Elvira, no encontró mejor manera de resolver el embrollo que tragarse su propia norma y dejar en herencia una Liga insostenible de 22 clubes.

Con la nueva normativa, el castigo por los incumplimientos financieros de un club no recaerá ya en la afición, sino en los directivos de las empresas-clubes, de acuerdo con la normativa general de las sociedades mercantiles, a las que se añadirán otras medidas de refuerzo en el ámbito deportivo. Es lo justo, aunque el sistema sancionador establecido actualmente para gestores y administradores de clubes necesite mayor claridad y es posible que mayor dureza. La inhabilitación -teóricamente la medida más dura- se convierte muchas veces en papel mojado, como se ha puesto de manifesto en casos recientes.

Mientras ese sistema de sanciones no se endurezca habrá motivos para hablar de un cierto vacío legal en un terreno fundamental para la buena marcha de los clubes. Éste ha sido el verano más loco en fichajes: se han gastado al menos 25.000 millones. Bien está que los platos rotos, si los hay, no los paguen los aficionados, pero debe quedar clara la responsabilidad de los directivos. Y en cualquier caso, sea cual sea la ley,

ésta debe cumplirse.