Sa Nostra y March utilizaron a Alcázar para no reconocer créditos fallidos

Inmobiliaria Alcázar, bajo la presidencia del destituido Juan Piguillem García, actuó como fiduciaria de Caja de Baleares Sa Nostra y Banca March para no reconocer créditos fallidos -por un total de 1.700 millones de pesetas- en el proyecto de cementerio privado mallorquín Bon Sosec (Buen Sosiego). Estos créditos, avalados por la cúpula del PP balear, estaban garantizados con parcelas del cementerio que Alcázar compró gracias a nuevos créditos cedidos por estas mismas entidades. De este modo, Alcázar apareció como nuevo propietario, a pesar de que el acuerdo con los bancos incluía un pacto de recompra, y las dos entidades financieras no se vieron obligadas a reconocer como fallidos estos créditos.

De acuerdo con las exigencias del Banco de España, la mala situación financiera del hasta entonces promotor de los terrenos, Bon Sosec, hubiera obligado a importantes provisiones, lo que pudo evitarse con la puesta en escena de Alcázar. Su utilidad en la operación se reducía a la de poner el nombre para asumir la propiedad de los terrenos, aunque gracias al pacto de recompra, eran en realidad los bancos los que tarde o temprano acabarían reasumiendo la propiedad y por lo tanto los créditos aparecerían como fallidos.El 1 de julio de 1993, Pedro Batle, actual director general de Sa Nostra, y Antonio Mascaró, en ese momento director comercial de Banca March, llegaban a un compromiso con Juan Piguillem, entonces presidente de Inmobiliaria Alcázar, por el cual la inmobiliaria se convertía en fiduciaria (propietario aparente) de los créditos de las entidades bancaria y de ahorro baleares.

Inmobiliaria Alcázar -ahora en plena investigación de su anterior equipo directivo, encabezado por Piguillem- recibía dinero para adquirir los terrenos en garantía de los créditos hipotecarios de 850 millones que cada una de las entidades mantenía con Bon Sosec, el lujoso cementerio privado que acabaría en suspensión de pagos el 31 de agosto de 1995 con unas deudas estimadas en 9.000 millones de pesetas. Las dos entidades baleares, que apostaban 850 millones cada una en el proyecto de cementerio privado en Palma, aportaron otros 400 millones (200 millones cada una) para financiar el aparcamiento en Alcázar y deshacerse de los incómodos créditos políticos.

El Banco de España ha llevado a cabo un seguimiento especial de los créditos de Bon Sosec y no ha cuestionado la venta con pacto de recompra a Alcázar. Las entidades financieras implicadas explicaron a EL PAÍS que mantienen provisionados los 850 millones de créditos hipotecarios que prestaron cada una -inicialmente- para financiar el faraónico proyecto de Bon Sosec, defendido por el Gobierno del PP en Baleares y por el alcalde de Palma, Joan Fageda, también del mismo partido.

Se da la circunstancia de que el alcalde de Palma, Joan Fageda, además de promotor del cementerio privado, resultó ser uno de sus principales acreedores en el momento de la suspensión de pagos, con unos 975 millones de deudas que afectaban a la constructora de su propiedad. Gabriel Cañellas, ex presidente balear, comprometió 450 millones públicos en defensa del proyecto de su amigo Fageda.Suculentas comisiones.En el acuerdo con Alcázar, Sa Nostra y March se comprometían a recomprar a un precio garantizado y ofrecían suculentas comisiones a Puiguillem para que Alcázar asumiera los riesgos peligrosos que pronto llamaron la atención del Banco de España. En el contrato de fiducia, Banca March y Sa Nostra se "obligan solidariamente a asumir y satisfacer cualquier suma que, por cualquier concepto, pueda reclamarse a Inmobiliaria Alcázar, a tenor de la adquisición por esta última de las fincas de Bon Sosec".Significativamente, Antonio Mascaró cesó hace unos meses en sus funciones de director comercial en Banca March. Su salida del banco está relacionada con la caída del máximo responsable de la operación Bon Sosec, Simón J. Galmés, ex vicepresidente de March. También en Alcázar se produjo la destitución fulminante por irregularidades de Juan Piguillem como presidente en un tumultuoso consejo de administración que acabó en la madrugada del 29 de mayo pasado. A Piguillem se le atribuye toda suerte de manejos en la absorción de la compañía Royaltur, antigua propiedad de la familia Moll. Alcázar tiene el 54% de Royaltur y el resto es propiedad del grupo alemán Neckermann (en total tiene 3.700 millones de pesetas de capital). La difícil situación de Royaltur obligará probablemente a que el nuevo equipo directivo de Alcázar decida su venta.

Banca March ha señalado que sus créditos a Bon Sosec están completamente provisionados y reconoce que aquella operación fue un error. "Aquellas hipotecas fueron una solución de emergencia que pretendía garantizar el buen fin del polémico proyecto, aunque, efectivamente, tenían garantizada la recompra", afirma un portavoz oficial de March. Otras fuentes señalan que la entrada en Bon Sosec de Inmobiliaria Alcázar fue tutelada por Sa Nostra, que ya controlaba el paquete más significativo de acciones de la inmobiliaria.

Por lo que respecta a Sa Nostra, la inversión influida por el PP balear se consideró "problemática y de alto riesgo", por lo que la alternativa de un aparcamiento con pacto de recompra se consideró una buena solución para reducir el riesgo que Bon Sosec significaba para la caja balear, señalan fuentes oficiales de Sa Nostra consultadas por este diario. La caja balear, titular del 24,99% de Inmobiliaria Alcázar, consiguió esta posición sin desembolso de capital, por la vía de intercambios de activos.