Las guerras comerciales entre EE UU y la UE

Recién aprobada la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba el 16 de julio de 1996, más conocida como la ley Helms-Burton en honor a sus patrocinadores en el Congreso, el presidente de EE UU, Bill Clinton, firmó el 5 de agosto de 1996 la ley D'Amato que impondrá sanciones contra las empresas extranjeras que inviertan en Irán y Libia. Ambas leyes tienen por objeto responder a la preocupación del Congreso con el terrorismo y mantener la seguridad nacional en el programa demócrata de la actual campaña electoral.Sin embargo, debido a que varias empresas europeas, especialmente Total y Elf de Francia, Repsol de España, Petrofina de Bélgica, OMV de Austria, Agip de Italia y Veba y Wintershall de Alemania, mantienen importantes inversiones en ambos países, y a que la UE importa el 80% de su petróleo (un 20% del cual procede de Irán y Libia), la legislación amenaza con provocar un conflicto comercial internacional.

Tras la aprobación de la ley Helms-Burton, la UE dejó clara su resuelta oposición a dos de sus. elementos. Con ambas disposiciones se pretende apoyar las quejas de ciudadanos y empresas norteamericanas y cubanoamericanas cuyas propiedades en la isla fueron expropiadas después de la revolución de 1959.

El apartado IV de la ley, que entró en vigor en marzo de 1996, da al Gobierno de EE UU el derecho a negar la entrada en EE UU a aquellos que "trafiquen" con estas propiedades, entre ellos ejecutivos de empresa y sus familiares próximos. El apartado III permite a los ciudadanos y empresas norteamericanas y cubanoamericanas demandar a las empresas extranjeras que se hayan beneficiado del uso de la propiedad expropiada. Sin embargo, el derecho a presentar pleitos fue retrasado por Clinton hasta el 1 de febrero de 1997, seis meses después de lo previsto originalmente. La UE sigue oponiéndose a estas cláusulas.

La ley D'Amato tiene disposiciones que causan más preocupación si cabe entre los Estados de la UE. La ley obliga al presidente a poner en práctica por lo menos dos de una lista de seis medidas contra empresas que inviertan más de 40 millones de dólares en los sectores del petróleo o del gas libio o iraní. Entre las medidas contra las empresas infractoras se incluyen: sancionar las importaciones; denegar créditos del Banco de Exportación e Importación de EE UU; rechazar licencias de exportación de mercancías y tecnología reguladas; limitar préstamos bancarios de EE UU a empresas infractoras a un máximo de 10 millones de dólares anuales; prohibir la adquisición federal de mercancías y servicios de las entidades infractoras; y prohibir que los bancos que financian esa clase de proyectos negocien títulos del Gobierno de EE UU.

De las dos leyes, la ley D'Amato será la que tenga mayor impacto sobre las empresas europeas, aunque la legislación no es retrospectiva. Sin embargo, el mayor inversor extranjero en Cuba no es europeo, sino una empresa minera canadiense, Sheritt International, aunque varios de sus directores son británicos.El 30 de julio, la Comisión Europea aprobó unánimamente represalias contra la Helms-Burton. La Comisión redactó una normativa antiboicoteo que declarará ilegal que las empresas de la UE cumplan esta ley y les garantizará el derecho a querellarse a su vez en los tribunales europeos. Esta normativa tiene que ser aceptada. unánimemente por el Consejo de Ministros cuya próxima reunión está previsto que se celebre en Dublín a mediados de septiembre. Sin embargo, es improbable que algún Estado miembro disienta, a pesar de las preocupaciones del Reino Unido de que la medida usurpe la soberanía nacional.Además, la Comisión establecerá una "lista de vigilancia" de empresas y ciudadanos de EE UU que demanden a las empresas europeas y prepararán un caso contra EE UU en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Aunque estos planes se dieron a conocer antes de que se firmase la ley D'Amato, es muy probable que la UE tome las represalias de tal forma que se puedan aplicar a ambas leyes.No es probable que la disputa comercial entre EE UU y la UE se solucione rápidamente, por tres razones. La primera es que las leyes ya forman parte del libro de estatutos de EE UU y no se pueden tachar sin más. La segunda es la política del año electoral. En la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre, la decisión de Clinton de firmar la ley Helms-Burton aplacará a los electores cubanoamericanos de los estados clave de Florida y Nueva Jersey. Además, el bombardeo de una base militar norteamericana en Dhahran, Arabia Saudí, el 25 de junio y la posibilidad de implicación terrorista en la explosión del vuelo 800 de la TWA el 17 de julio, han dado a la ley D'Amato una urgencia política adicional. La tercera razón es la ausencia de mecanismos para resolver rápidamente la disputa. Habitualmente, la OMC trata las disputas comerciales entre sus miembros, pero los trámites siguen siendo bastante lentos. Aunque todavía no se han confirmado los detalles, la Comisión subraya tres elementos potenciales de cualquier caso de la UE contra Helms-Burton: al entrometerse en el comercio entre la UE y otros países, EE UU viola el artículo 11 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT); al prohibir la entrada de algunos ciudadanos europeos en EE UU, el Gobierno de EE UU violará los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo General sobre Intercambio de Servicios; y aunque EE UU no hubiera vulnerado ninguna norma de la OMC, sus acciones habrán anulado y mermado las ventajas que la UE podría esperar razonablemente de los compromisos comerciales de EE UU.Los dos últimos puntos probablemente se aplicarían contra la ley D'Amato. Además, si EE UU impusiese sanciones a la importación a las empresas extranjeras infractoras, se podría considerar una clara violación de las normas de la OMC. Sin embargo, EE UU respondería a la demanda de la UE recurriendo al artículo 21 del GATT que permite a un miembro de la OMC abstenerse de comerciar con otros miembros si considera que su seguridad nacional corre algún riesgo. En virtud del antiguo acuerdo del GATT, EE UU invocó el artículo 21 para anular la impugnación de Nicaragua contra el intento de aislar económicamente al régimen sandinista.

La OMC tendría que tomar cartas en el asunto si la disputa amenazase con convertirse en una guerra comercial trasatlántica a gran escala. Sanciones más duras por parte de EE UU serían mucho más difíciles de defender alegando motivos de seguridad nacional y represalias adicionales europeas también violarían las regulaciones de la OMC. La presencia del organismo de comercio internacional también debería serenar la discusión. Tanto la UE como EE UU tienen mucho que ganar con la institución a través de sus compromisos comerciales y los de otros países; ambos también son querellantes frecuentes en el sistema de resolución de disputas de la OMC. Ninguno de los dos querría socavarlo con una guerra comercial más seria.

Es probable que las tensiones comerciales transatlánticas se vean agudizadas en vísperas de las presidenciales de noviembre. Parece que las medidas de Clinton obedecen a consideraciones electorales. Al posponer el verdadero impacto del apartado III de la ley Helms-Burton, Clinton ya ha creado la oportunidad de contenerlo en febrero de 1997. Además, si se viese obligado a poner en práctica la ley D'Amato, podría elegir las sanciones más débiles posibles en un intento de aplacar las críticas. extranjeras y a la vez demostrar a los norteamericanos que se están tomando medidas. Sin embargo, los próximos meses prometen ser turbulentos. La mayor preocupación son las repercusiones que la disputa podría tener en los preparativos de la primera conferencia ministerial de la OMC que se celebrará en Singapur en diciembre. En ella, está previsto que los Gobiernos establezcan un programa de trabajo para los próximos años.

A EE UU le gustaría que la UE firmase un "acuerdo de tecnología de la información" en virtud del cual se arrumbarían los aranceles sobre mercancías de alta tecnología como ordenadores y semiconductores. Tanto a EE UU como a la UE les gustaría que las adquisiciones del Gobierno fuesen más transparentes para garantizar la igualdad de oportunidades comerciales. A EE UU también le gustaría que la UE adoptase las normativas de EE UU que prohíben el pago de comisiones para asegurarse contratos. Europa ha demostrado tener poca prisa en lo tocante a todos estos asuntos y el actual problema puede hacerla más reacia. Ambos tienen, sin embargo, un interés común en la liberalización progresiva de diversas áreas, entre ellas servicios financieros y las telecomunicaciones. Fuera de la OMC, ambos intentan fomentar un comercio transtlántico más libre a través del Diálogo Empresarial Transatlántico de 1995. No es probable que EE UU o la UE quieran que la disputa relativa a Cuba, Irán y Libia dé al traste con estas iniciativas.

Todavía es menos probable que estalle una guerra comercial de mayor envergadura. Ambas partes se juegan demasiado.