Los sindicatos proponen que se penalice a las empresas que apliquen prejubilaciones forzosas

La negociación del Pacto de Toledo sobre las pensiones, que se reanuda hoy, se ha topado con las primeras dificultades. Los sindicatos UGT y CC OO presentarán un documento en el que muestran su discrepancia con las propuestas del Gobierno sobre la invalidez, la jubilación anticipada y el calendario para elevar de 8 a 15 años el periodo de cálculo dé las pensiones. Las centrales presentan asimismo una serie de contrapropuestas, entre ellas una penalización para las empresas que apliquen prejubilaciones forzosas y retoques del actual sistema por el que los autónomos cotizan a la carta. También piden una "solución política" al déficit de 1,5 billones de pesetas atribuido a la Seguridad Social.

En sus discrepancias con el Gabinete del PP los sindicatos no están solos: UGT y CC OO han iniciado contactos con los grupos parlamentarios del PSOE y de IU-IC para defender unos criterios similares en la negociación con el Gobierno. De momento las dos centrales mayoritarias han plasmado por escrito sus críticas a las propuestas gubernamentales sobre el desarrollo del Pacto de Toledo junto a sus ofertas alternativas. Previsiblemente lo entregarán hoy en la reunión de trabajo que tienen fijada con el Ejecutivo y la patronal CEOE-CEPYME. Mañana proseguirá el diálogo a través de una cita similar entre el Gobierno y los grupos parlamentarios.Esa negociación que entra ahora en su fase final no va a ser nada fácil, según ha declarado el líder de UGT, Cándido Méndez. El secretario general de CC OO , Antonio Gutiérrez, afirmaba mientras en Santander que "asegurar y consolidar" el sistema público de pensiones es el asunto más importante que se tratará en el diálogo social y advertía que los eventuales desacuerdos con el Gobierno "no se van a saldar con un solo día de protestas". Los sindicatos dejan claro en su documento que no están dispuestos a aceptar algunas de las reformas sugeridas por e! PP. Una de ellas es que un 20% de la pensión de invalidez se calcule según los años cotizados - el 80% restante estaría en función del grado de minusvalía -. UGT y CC OO argumentan que la invalidez es "una situación imprevisible" y rechazan que se intente evitar el fraude endureciendo los requisitos, sobre todo porque es la prestación que tiene "mejor localizadas las situaciones de posible fraude, tanto por regímenes como por territorios".

Tampoco están de acuerdo los sindicatos con que se desincentive la jubilación anticipada a través de aumentar el coeficiente reductor por cada año que se adelante el retiro -el PP propone pasar del 8% al l0%. UGT y CC OO afirman que con este mecanismo se ha producido una traslación de costes de las empresas a la Seguridad Social, que han rejuvenecido sus plantillas expulsando a los trabajadores de mayor edad, quienes además de encontrarse en una situación precaria al final de su vida, laboral se ven obligados a jubilarse forzosamente a los 60 años perdiendo para siempre el 40% de su pensión". Su contrapropuesta consiste en crear un mecanismo por el que, en las prejubilaciones forzosas, recaigan sobre las empresas "las pérdidas de recaudación en las que incurre la Seguridad Social", por las cotizaciones que deja de percibir.

[Por su parte, el diputado de IU Pedro Vaquero aseguró ayer que las medidas que quiere introducir el Gobierno podrían suponer un recorte de entre un 7% y un 25% en la cuantía de las pensiones futuras, informa Servimedia. El peligro, afirma, estriba en que el Gobierno utilice el Pacto de Toledo para fomentar los fondos de pensiones privados, ante el descenso del poder adquisitivo de los pensionistas.]

Pese a esas discrepancias, el ministro de Trabajo, Javier Arenas, se mostraba ayer confiado en que las reuniones de hoy y mañana con los agentes sociales y los grupos parlamentarios lograrán sacar adelante un acuerdo para el desarrollo del Pacto de Toledo, informa Javier Sampedro. El ministro resaltó en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander el que todas las partes coincidan en las dos cuestiones básicas, que son, según él, el mantenimiento del sistema público de pensiones y del poder adquisitivo de éstas.

Sobre la propuesta del secretario de Estado para la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, que defendió la ampliación a toda la vida laboral del período para calcular la la pensión, Arenas reafirmó que la postura del Gobierno es aumentar ese plazo de 8 a 15 años. En cuanto al ritmo de ese aumento, aseguró que está abierto a la negociación. Los sindicatos consideran excesivo un ritmo superior a un año por ejercicio.