Los globos sonda del profesor Barea

¿Cuáles son los planes del Gobierno para los hospitales públicos con pérdidas? ¿Existe una agenda secreta? Las dudas las ha suscitado, una vez más, el director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, José Barea. Su propuesta de cerrar los hospitales públicos que no resulten rentables no ha sido apoyada de forma explícita por el Ejecutivo del PP, pero su presidente, José María Aznar, tampoco le ha desautorizado. Lejos de tratarse de una anécdota, los globos sonda del profesor se han convertido en el marchamo de la nueva Administración.Aunque a estas alturas podría parecer que la opinión pública ya se había acostumbrado a los exabruptos de Barea lo más suave que se le llamó la semana pasada fue "irresponsable" y "profesor chiflado". Pero si las críticas desde la oposición o los sindicatos resultan comprensibles, las reacciones del equipo gubernamental son más preocupantes. O carece de coordinación o, como parece más probable, se sirve de las audacias del viejo profesor para tantear el margen de maniobra con que cuenta en los asuntos más delicados.

Por un lado, el ministro de Sanidad, José Manuel Romay, intentó salir del apuro asegurando que entre los proyectos de su departamento no está "cerrar hospitales, independientemente de cuál sea su rendimiento". Por otro, el presidente del Gobierno evitó desautorizar a Barea y se salió por la tangente defendiendo la "necesidad de controlar los gastos" también en los hospitales. El PP, mientras tanto, se desmarcó del asunto y, por boca de su cordinador general, Ángel Acebes, aseguró días atrás que las palabras de Barea eran "opiniones de un técnico" y "no decisiones del partido o del Gobierno".

No ha sido la primera vez que Barea expresa ideas sobre los gastos sanitarios que difieren, en apariencia, de las intenciones del Gobierno para el que trabaja. En medio de la polémica sobre la gestión de la sanidad del pasado verano, el profesor sugirió "gravesves decisiones" relativas al gasto en los Presupuestos Generales del año 1997. En los días siguientes aclaró en qué debían consistir estas "graves decisiones" al defender la congelación del salario de los funcionarios y el establecimiento de tasas sobre el agua, las autovías y la sanidad, como medidas para recortar el gasto público. Tras sucesivos desmentidos y apoyos de distintos miembros del Gobierno, los funcionarios se quedarán sin aumento salarial; el canon sobre el consumo del agua ha quedado aparcado, y las autovías existentes no tendrán peaje, aunque las nuevas serán otro cantar.

En cuanto a sanidad, no se cobrará por servicio médico, como se dejó caer, sino que se ha anunciado una tasa de al menos 100 pesetas por receta a los pensionistas que cobren más de 50.000 pesetas al mes e, incluso, una subida del porcentaje que pagan los activos por las medicinas. De momento el asunto se ha dejado fuera de los Presupuestos de 1997 para que lo trate la ponencia parlamentaria y sea el Congreso el que lo decida. El Gobierno querría que esa tasa se acordará antes de final de año, de forma que pudiera entrar en vigor en la primavera del próximo ejercicio. Para ello tendrá que vencer las resistencias del PSOE, que no está por la labor de poner parches al sistema y pretende una reforma global.

Precisamente en medio de los debates parlamentarios previos a la aprobación de los Presupuestos, el pasado mes de septiembre, el profesor Barea no pudo reprimir su inclinación a hacer previsiones sobre el futuro. Su reconocimiento de que con anterioridad había pecado de "imprudente" y el que se ciñera al guión de Maastricht, dejó a los diputados un tanto defraudados.

Sin embargo, tras su intervención ante la Cámara y ya en los pasillos, se lanzó a adelantar algunas de las claves macroeconómicas del Presupuesto, aunque no siempre dio en la diana. Anunció, por ejemplo, un recorte del gasto de 800.000 millones de pesetas, que luego quedó en 600.000 millones.